Balearic Government request four desalination plants and Ministry offer only two
Wed, 08/09/2004
Palma, 7 sep (EFECOM).- El Govern ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente que contrate la construcción de las cuatro nuevas desalinizadoras ya adjudicadas en Baleares, mientras que el departamento que dirige Cristina Narbona ha ofrecido al Ejecutivo balear un convenio de encomienda de gestión para hacer sólo dos.
El conseller de Medio Ambiente del archipiélago, Jaume Font, dio a conocer hoy esta situación en una rueda de prensa en la que subrayó que las plantas de desalinización son imprescindibles para abastecer a los residentes y turistas de las islas sin explotar excesivamente los acuíferos subterráneos, lo cual constituye una política estratégica para el Govern.
El anterior Gobierno había adjudicado la construcción de desalinizadoras en los municipios mallorquines de Alcudia (presupuestada en 62 millones de euros), Andratx (52,6 millones), Santa Eulalia de Ibiza (43 millones) y Ciudadela de Menorca (41 millones), pero la actual Administración central ofrece sólo las de Alcudia y Santa Eulalia y pide que el Govern participe en su financiación.
Font dijo estar convencido de que los responsables del Ministerio de Medio Ambiente coinciden con el Ejecutivo isleño en la necesidad y la urgencia de las nuevas estaciones de reciclaje de agua marina en Baleares, pero "tienen problemas económicos para poder cubrir todo el gran cambio del Plan Hidrológico Nacional" y las nuevas inversiones que se realizarán en la costa mediterránea.
El conseller relató que desde julio ha mantenido varias reuniones con altos cargos del departamento que dirige Narbona para pedirles que contratarán las obras adjudicadas por sus predecesores, pero finalmente se le ofreció el convenio citado, propuesta a su juicio inaceptable a la que el Govern respondió reclamando el cumplimiento de los compromisos.
Para Font, el Ministerio de Medio Ambiente atraviesa una situación de "parálisis total", por lo que puso en duda incluso que haya solicitado los fondos europeos que debían servir para financiar 170 de los 200 millones de euros que costarían las cuatro desalinizadoras, que sumarían una capacidad de producción de unos 17 hectómetros cúbicos al año.
En opinión del conseller, su exigencia está avalada por una política cuyo principio básico es la preservación de los acuíferos mediante el incremento de la desalinización y la mejora de la eficiencia en la distribución y el consumo.
El conseller de Medio Ambiente del archipiélago, Jaume Font, dio a conocer hoy esta situación en una rueda de prensa en la que subrayó que las plantas de desalinización son imprescindibles para abastecer a los residentes y turistas de las islas sin explotar excesivamente los acuíferos subterráneos, lo cual constituye una política estratégica para el Govern.
El anterior Gobierno había adjudicado la construcción de desalinizadoras en los municipios mallorquines de Alcudia (presupuestada en 62 millones de euros), Andratx (52,6 millones), Santa Eulalia de Ibiza (43 millones) y Ciudadela de Menorca (41 millones), pero la actual Administración central ofrece sólo las de Alcudia y Santa Eulalia y pide que el Govern participe en su financiación.
Font dijo estar convencido de que los responsables del Ministerio de Medio Ambiente coinciden con el Ejecutivo isleño en la necesidad y la urgencia de las nuevas estaciones de reciclaje de agua marina en Baleares, pero "tienen problemas económicos para poder cubrir todo el gran cambio del Plan Hidrológico Nacional" y las nuevas inversiones que se realizarán en la costa mediterránea.
El conseller relató que desde julio ha mantenido varias reuniones con altos cargos del departamento que dirige Narbona para pedirles que contratarán las obras adjudicadas por sus predecesores, pero finalmente se le ofreció el convenio citado, propuesta a su juicio inaceptable a la que el Govern respondió reclamando el cumplimiento de los compromisos.
Para Font, el Ministerio de Medio Ambiente atraviesa una situación de "parálisis total", por lo que puso en duda incluso que haya solicitado los fondos europeos que debían servir para financiar 170 de los 200 millones de euros que costarían las cuatro desalinizadoras, que sumarían una capacidad de producción de unos 17 hectómetros cúbicos al año.
En opinión del conseller, su exigencia está avalada por una política cuyo principio básico es la preservación de los acuíferos mediante el incremento de la desalinización y la mejora de la eficiencia en la distribución y el consumo.