Tomando como referencia la experiencia positiva de casi treinta años del Trasvase Tajo-Segura, y tras un período muy dilatado de elaboración de estudios científicos que dotaron de plena solvencia al proyecto, la ley del PHN regulaba el trasvase del Ebro como una transferencia de recursos excedentarios sometida a rigurosas restricciones medioambientales: - Solamente se transferirían recursos excedentarios, asegurando el caudal ecológico del río. - Solamente se podrían transferir recursos en una época del año, prohibiéndose efectuar transferencias desde bastante antes del inicio del verano hasta fechas muy posteriores a su término. - Se exigía un Plan de Recuperación del Delta del Ebro, hoy profundamente deteriorado como consecuencia de presas construidas en la década de los 60, como la de Ribarroja, que retiene enormes cantidades de sedimentos. - Una parte importante del agua trasvasada tendría como fin recuperar los humedales degradados del Mediterráneo, contribuyendo a frenar el avance de la desertificación del sureste español. -Un uso prioritario del agua transferida tenía asimismo un objetivo puramente medioambiental: recargar los acuíferos sobreexplotados y recuperarlos medioambientalmente. - Se prohibía expresamente regar con el agua transferida nuevos campos de golf. - Se prohibía expresamente que las cuencas receptoras pudieran ampliar sus regadíos. Además, el trasvase quedaba sometido al estricto cumplimiento de la normativa europea y nacional en materia de estudios de impacto ambiental. La normativa fue respetada estrictamente con estudios de prestigiosos científicos y técnicos independientes. Solamente entonces se pusieron en marcha las obras del Trasvase. El proceso exigió años de trabajos serios y rigurosos. El PHN contemplaba también el recurso a la desalación como fuente complementaria y no masiva, con plantas desaladoras de tamaño medio o reducido cuya puesta en funcionamiento exigiría la verificación de la normativa medioambiental con el mismo rigor exigible al Trasvase del Ebro. Sin proceder a someter al Parlamento ninguna ley que reforme la ley vigente, el Gobierno ha eliminado el Trasvase del Ebro. El proyecto alternativo de construcción de un elevado número de macrodesaladoras en el litoral mediterráneo es, a juicio de la gran mayoría de los expertos, una iniciativa improvisada, sin el exigible fundamento científico, y con graves deficiencias. Éstas se resumen en el elevado coste diferencial del agua desalada, el elevado consumo diferencial de energía de las desaladoras proyectadas y los potencialmente elevadísimos costes medioambientales de la desalación masiva. ¿Cómo es posible que con antelación a la ejecución de un Plan de desalación masiva no se efectúe una evaluación medioambiental estratégica? Es imprescindible verificar el impacto conjunto de los vertidos masivos de salmuera sobre los ecosistemas marinos, en particular sobre las praderas de posidonia oceánica. Los científicos alertan del poco conocimiento que se tiene de los efectos de la desalación masiva sobre los ecosistemas marinos, pero ya han hecho saltar la voz de alarma por los indicios de su efecto devastador. Es asimismo insoslayable el estudio del impacto de los vertidos masivos de salmuera sobre las pesquerías, también sensibles a incrementos de la salinidad. ¿Se va a acometer la desalación masiva sin estudiar estos efectos? ¿Cuáles van a ser las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno) que se van a derivar del funcionamiento de las macrodesaladoras propuestas? Resulta obligado, en el marco de las directivas comunitarias de emisiones (en el marco de los acuerdos del Protocolo de Kioto), efectuar un estudio comparativo del volumen de emisiones nocivas que producen las plantas desaladoras y contrastar las cifras con el volumen derivado de la impulsión y transporte del agua procedente del Trasvase. La opinión pública debe saber cuál es la alternativa medioambientalmente preferible en este terreno. La desalación produce residuos, entre ellos metales pesados. Se sabe muy poco de la biocenosis, pero los efectos pueden ser eventualmente muy importantes, como apuntan los científicos de mayor prestigio en esta materia. ¿Cómo es posible que se obvie el estudio del efecto de la generación de metales pesados sobre la salud humana? ¿Acaso no es exigible la realización de estudios biosanitarios? El macrotransporte del agua desalada desde cada una de las desaladoras a las zonas receptoras exigirá la construcción de centenares de kilómetros de infraestructuras de transporte (tuberías, válvulas, codos). Es exigible conocer a priori el impacto ambiental de esos proyectos. No olvidemos, tampoco, el impacto visual y el efecto degradante sobre el litoral de construir macrodesaladoras visibles a kilómetros de distancia. Es inexcusable la evaluación de este impacto. Todas estas cuestiones preocupan y mucho a los expertos medioambientales. Nuestros ecosistemas marinos y terrestres y la preservación del medioambiente atmosférico no son negociables. El Gobierno tiene la obligación de analizar el impacto medioambiental de las macrodesaladoras.