VALENCIA. La ministra del Ejecutivo de Zapatero que mantiene las relaciones más tensas con la Comunidad Valenciana, Cristina Narbona, presentó ayer en Madrid el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua. Este programa se ha incluido en la página web del Ministerio para admitir las críticas, sugerencias y aportación de ideas de los ciudadanos.

Sin duda, sorprende este anuncio (que por cuarta vez realiza la ministra), en el que repite punto por punto las 105 actuaciones que se van a llevar a cabo en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña para aumentar y mejorar los recursos hídricos existentes.

En concreto, Cristina Narbona, quien volvió a obviar el trasvase del Ebro por ser «irrealizable», garantiza a a través de la página web que la Comunidad Valenciana recibirá la aportación de 400 hectómetros cúbicos al año con una inversión de 1.219 millones de euros en las tres provincias.

Desalación, única vía

La ministra de Medio Ambiente aseguró que en el primer semestre de 2005 ya se verán los primeros resultados satisfactorios en este sentido, aunque reconoció que la gran parte de las mejoras corresponderá a la actualización de las actuales desaladoras y la implantación de plantas nuevas.

Las actuaciones van encaminadas a la mejora de la calidad del agua y a realizar las «obras que el PP no ha sido capaz de hacer en los últimos ocho años», indicó Cristina Narbona.

Sin embargo, la realidad es muy distinta y, según confirmaron a ABC fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, «no hay entre las actuaciones citadas por la ministra ninguna que no se contemplara en el Plan Hidrológico Nacional y en el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana».

En otras palabras, Narbona asegura que llegarán 400 hectómetros cúbicos a la Comunidad (que ya estaban previstos) y, además, elimina los que iban a llegar procedentes del Ebro.

Ante esta situación, el conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, explicó que «la ministra sólo quiere enmascarar una realidad, y es que se ha eliminado un Plan basado en la solidaridad entre todas las cuencas españolas por un conjunto de actuaciones que ni llegarán antes ni traerán más agua».

«Es vergonzoso que se desmonte una política hídrica planificada para dar cuenta de actuaciones que ya estaban previstas y que no vienen a solucionar definitivamente los problemas de agua que padece nuestro territorio», indicó García Antón.

Narbona ha cambiado, según el conseller, «el consenso por una página web» y lamentó que ahora se pida la participación ciudadana y el diálogo cuando se ha derogado el trasvase mediante un «decretazo y ahora quiere justificarlo llevando al Congreso su tramitación como proyecto ley. Es algo imperdonable».

La titular de Medio Ambiente, sin embargo, también encuentra discrepancias dentro de su propia formación política, y así ayer insistió en que «el trasvase Tajo-Segura no tiene fecha de caducidad y no va a sufrir cambios». Esta frase contrasta con la del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien, como ayer adelantaba ABC, fijaba su prioridad política en la derogación del trasvase. Más allá de esta toma de posturas, ayer, el consejero de Relaciones Institucionales del Gobierno castellano-manchego, Emiliano García-Page consideró que «estamos en el principio del fin del trasvase Tajo-Segura, ya que hay muchos más motivos para que esta derivación de agua deje de existir de los que se han puesto de manifiesto para evitar el del Ebro».

Ahora, el Tajo-Segura

Y es que García-Page entiende que ahora «hay un punto de inflexión radical en la política hidráulica en España, porque el Gobierno hoy es profundamente antitrasvasista». Esta nueva agresión a los intereses hídricos de la Comunidad Valenciana son consecuencia, según explicó José Ramón García Antón, de «la precipitación de Cristina Narbona, que se ha cargado un plan sin tener otro consensuado, dando pie a cuestiones consolidadas como la del Tajo-Segura. Esta irresponsabilidad del Gobierno central provoca una rivalidad absurda entre territorios y que el agua sea motivo de hostilidades entre Comunidades Autónomas diferentes».