La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció hoy que el Gobierno español modificará progresivamente las tarifas del agua, para adaptar su precio a las costes reales hasta 2010.
Así lo aseguró en rueda de prensa con motivo de la su participación en la inauguración de un curso de la UIMP, donde afirmó que "el principio de recuperación de costes tendrá que ser aplicado en nuestro país" con motivo de la aplicación de la Directiva Europea de 2000, que así lo establece.
Como matizó Narbona, este cambio de tarifas se irá modificando hasta el año 2010 con el objetivo de "cobrarle más cara el agua al que recibe un mayor beneficio económico" de la misma, pero con "excepciones", como seguir manteniendo los costes del líquido elemento para la agricultura por debajo de sus costes reales.
Esta modificación en la tarifa del agua vendrá también acompañada de la reforma en la estructura de las Conferederaciones Hidrográficas para que "cumplan con la función de organismo público del uso de la calidad del agua", con lo que se incluirán en sus equipos a más biólogos y economistas.
Para la máxima responsable de Medio Ambiente, hasta ahora las Confederaciones se han volcado excesivamente en la buena gestión de la obra hidráulica, y no tanto en la calidad del agua, permitiendo que muchos cauces fluviales estén "ocupados ilegalmente por viviendas".
En este sentido, la ministra hizo también referencia a la necesidad de introducir una mayor "racionalidad económica" para "evitar un gasto público excesivo", poniendo como ejemplo la decisión de derogar el trasvase del Ebro, para en su lugar gestionar "más de cien actuaciones" en las cuencas mediterráneas con un coste inferior "a los 400 millones de euros con respecto al coste del trasvase".
Así, la utilización de las nuevas tecnologías han posibilitado que técnicas como la desalación cuesten actualmente "la mitad de dinero y de energía" que hace diez años.
Por su parte, el presidente de la Fundación 'Nueva Cultura del Agua', Pedro Arrojo, aseguró que la Directiva Europea de 2000 es "una exigencia más ambiciosa" para Europa que la última declaración de Kyoto en materia de gestión de las aguas