El Departamento de Medio Ambiente pretende que el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley de Aguas en la primera quincena de septiembre, es decir en la segunda o tercera reunión del Ejecutivo después de las vacaciones de verano. Se trata de uno de los proyectos estrella del Gobierno y una ley largamente anunciada por los anteriores gabinetes. La ausencia de una regulación en este sector ha causado múltiples colisiones entre el Gobierno, las tres diputaciones y los consorcios, enfrentados en la batalla de las competencias.
Desde que el 31 de mayo de 1994 se materializó la transferencia de obras hidráulicas desde el Estado a la comunidad autónoma, apenas se ha legislado para regularizar la situación. Las instituciones se han regido por una norma no escrita: quien invierte, tiene derecho a la planificación. 'La falta de instrumentos', se indica en la exposición de motivos del proyecto, 'ha impedido una intervención de los poderes públicos vascos que recoja las necesidades de los usuarios y de los gestores de los servicios públicos'.
Hace nueve años que se anunció por primera vez la inminente aprobación de una ley de Aguas, que serviría para aclarar el panorama, pero todavía no se ha realizado. Sin embargo, el actual equipo de Medio Ambiente ha conseguido recabar un amplio apoyo en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y entre los consorcios de agua para su actual proyecto de ley, por lo que confía en aprobarlo después de las vacaciones para que inicie su andadura en el Parlamento. De llegar hasta la Cámara, al menos sería el primer proyecto sobre Aguas que alcanza el trámite parlamentario. Los anteriores ni siquiera lograron superar el Consejo de Gobierno.
Donde el consenso no es tan grande es con la Diputación de Álava, que podría ser la institución que más pegas ponga. 'En líneas generales, puede haber alguna materia del proyecto que no reciba el apoyo, pero las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y los consorcios de agua apoyan la última redacción del texto', aseguró un portavoz de la consejería a este periódico.
Dicho portavoz explicó que una de las claves para lograr el consenso ha radicado en que el sector relacionado con el agua vive un momento de paz desde que hace dos años se dio luz verde al Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública. Este plan resuelve la financiación de las infraestructuras relacionadas con el agua, sobre todo de saneamiento y abastecimiento. 'Esa situación, con las necesidades cubiertas, ayuda a pacificar otros ámbitos, lo que ha posibilitado un consenso en torno al proyecto', resaltan desde el departamento.
Así, Medio Ambiente espera que el trámite parlamentario no resulte 'muy dificultoso' porque los partidos se harán eco del 'logro' que supone lograr el apoyo de los consorcios (presididos por representantes de diferentes partidos).
El proyecto elaborado por el departamento recoge que las obras hidráulicas de interés general de la comunidad autónoma serán proyectadas y ejecutadas por el Gobierno, aunque después podrá cederlas a otras administraciones o a comunidades de usuarios. La explotación de estas obras podrá realizarse mediante un convenio o una encomienda de gestión.
Plan hidrológico
La planificación hidrológica de Euskadi se desarrollará mediante el plan hidrológico y los programas de detalle. El plan hidrológico permitirá evaluar los recursos hídricos subterráneos y superficiales; identificará las necesidades actuales y futuras y elaborará las directrices para proteger, recuperar los ríos y los pantanos.
También determinará las infraestructuras básicas que son necesarias construir e incluirá los costes ambientales de las obras que se realicen.
Junto al plan hidrológico, que marca unas líneas generales para el conjunto de la comunidad, el proyecto de ley de Aguas también incluye la redacción de programas de mayor detalle, es decir planes para un ámbito o un sector concreto. La aprobación de este tipo de programas corresponderá al Gobierno vasco.
Otra de las novedades del proyecto de ley consiste en la creación de un registro general de aguas y de otro registro de zonas protegidas. En el primero de ellos, que tendrá carácter público y será único para el conjunto de las administraciones de la comunidad autónoma, se inscribirán las concesiones de aguas, así como las sanciones y cualquier aprovechamiento.