Narbona says Tajo-Segura transfer will continue “delicately caring” for environment
Tue, 24/08/2004
La ministra anuncia tarifas de agua en función del rendimiento económico generado
E. Press, Santander
El trasvase Tajo-Segura seguirá en funcionamiento con «exquisito respeto de las reglas del juego» ya que, según dijo ayer en Santander la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, esta transferencia se realizará garantizando la «conservación de los embalses de cabecera» y «la mejora de la calidad del agua».
Narbona respondió de esta forma a las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien recientemente solicitó la paralización del traslado de agua del Tajo a Murcia. En este sentido, la ministra insistió en que dado que «hay localidades que no tienen garantizado el agua potable», los esfuerzos de su departamento se centrarán en «trabajar para superar esa situación».
La titular de Medio Ambiente comentó que las obras previstas en la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) se analizarán para «ajustarlas a los nuevos objetivos» del ministerio. Apuntó así que algunas de las actuaciones concebidas dentro de este programa «tienen más de cincuenta años» de manera que «hoy día ya no tienen sentido», resaltó. «Otras deberán ser reajustadas y otras se mantendrán», añadió.
Reasignar los derechos
En cuanto a los recursos hídricos, la ministra hizo hincapié en que «hay que combatir mucha demagogia existente» y, a este respecto, censuró el «discurso fácil de agua para todos». Como contrapartida, insistió en la habilitación de tarifas en función del rendimiento económico generado. Destacó que tras la derogación del trasvase del Ebro, aprobado por el Gobierno anterior del PP, los objetivos de su departamento se centran en «poner en marcha instrumentos necesarios para hacer aflorar y reasignar los derechos del agua». Indicó, no obstante, que se trata de una «tarea ardua» frente a los «intereses preexistentes» en esta materia, por lo que, según aseguró, se creará un «banco público del agua» para «definir y volver a asignar» los derechos.
Por otro lado, destacó que la realización del trasvase del Ebro tal y como estaba prevista por el anterior Ejecutivo «hubiera supuesto un coste un 35 por ciento superior al de la instalación de todas las plantas desalinizadoras previstas en el Mediterráneo».
E. Press, Santander
El trasvase Tajo-Segura seguirá en funcionamiento con «exquisito respeto de las reglas del juego» ya que, según dijo ayer en Santander la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, esta transferencia se realizará garantizando la «conservación de los embalses de cabecera» y «la mejora de la calidad del agua».
Narbona respondió de esta forma a las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien recientemente solicitó la paralización del traslado de agua del Tajo a Murcia. En este sentido, la ministra insistió en que dado que «hay localidades que no tienen garantizado el agua potable», los esfuerzos de su departamento se centrarán en «trabajar para superar esa situación».
La titular de Medio Ambiente comentó que las obras previstas en la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) se analizarán para «ajustarlas a los nuevos objetivos» del ministerio. Apuntó así que algunas de las actuaciones concebidas dentro de este programa «tienen más de cincuenta años» de manera que «hoy día ya no tienen sentido», resaltó. «Otras deberán ser reajustadas y otras se mantendrán», añadió.
Reasignar los derechos
En cuanto a los recursos hídricos, la ministra hizo hincapié en que «hay que combatir mucha demagogia existente» y, a este respecto, censuró el «discurso fácil de agua para todos». Como contrapartida, insistió en la habilitación de tarifas en función del rendimiento económico generado. Destacó que tras la derogación del trasvase del Ebro, aprobado por el Gobierno anterior del PP, los objetivos de su departamento se centran en «poner en marcha instrumentos necesarios para hacer aflorar y reasignar los derechos del agua». Indicó, no obstante, que se trata de una «tarea ardua» frente a los «intereses preexistentes» en esta materia, por lo que, según aseguró, se creará un «banco público del agua» para «definir y volver a asignar» los derechos.
Por otro lado, destacó que la realización del trasvase del Ebro tal y como estaba prevista por el anterior Ejecutivo «hubiera supuesto un coste un 35 por ciento superior al de la instalación de todas las plantas desalinizadoras previstas en el Mediterráneo».