Durante los próximos seis años las redes de abastecimiento y tratamiento de aguas absorberán inversiones por 1.761 millones de euros.
Aunque la llegada del nuevo Gobierno estatal ha supuesto el bloqueo del proyecto estrella en materia de agua para la Comunidad Valenciana el trasvase del Ebro , el Ejecutivo autonómico pretende dar un impulso definitivo al resto de infraestructuras relacionadas con el abastecimiento y saneamiento hídricos.

El Gobierno valenciano prevé una inversión de 1.761 millones de euros durante los próximos seis años en infraestructuras hídricas en las tres provincias. El 74% de este dinero estará destinado a las redes de abastecimiento y saneamiento, mientras que el resto estará dirigido a medidas correctoras en los cursos fluviales y al ahorro de agua. Con estas actuaciones se pretende dar una respuesta definitiva al tradicional déficit de agua potable de calidad y a la sobredemanda en la época estival por la masiva afluencia turística en la zona costera.
Menos nitratos
La mayoría de estas actuaciones se articularán bajo el II Plan Director de Saneamiento de la Generalitat Valenciana, con el que se pretende culminar el proceso que ha supuesto la instalación de 380 estaciones depuradas en la región. Su objetivo incluye aumentar en un cincuenta por ciento la garantía actual del suministro y mejorar la calidad del agua al lograr el final de la contaminación de nitratos. Las obras se centrarán en la ampliación y modernización de las estaciones ya en funcionamiento, medidas que absorberán 401 millones de euros. Además, se introducirán nuevas tecnologías en las depuradoras, que permitirán optimizar su actividad y reducir su impacto ambiental, como la creación de diez plantas de reciclaje de fangos y lodos procedentes del proceso de tratamiento, así como de instalaciones para la reutilización del agua depurada.

La financiación de estas obras correrá esencialmente a cargo de la Generalitat, aunque también está prevista la participación de ayuntamientos, de la Administración estatal y la inyección de fondos europeos. También la iniciativa privada jugará un papel destacado en este proyecto, dado que una de las principales fórmulas de financiación elegida es la concesión. De esta forma, las propias adjudicatarias se harán cargo del coste de las plantas a cambio de la gestión y el mantenimiento por un periodo que por lo general se situará entre quince y treinta años, durante el que percibirán un canon en función del volumen del caudal tratado en las instalaciones.

Al igual que hace cien años, la red de abastecimiento de Valencia continúa siendo la joya de la corona del grupo Aguas de Valencia, al suponer cerca del 50% de sus ingresos.
A partir de esta actividad que mantendrá hasta más allá de 2050 la compañía ha ido extendiendo lentamente sus ramas a otros municipios de la autonomía y a servicios anexos, desde las obras hídricas a la limpieza urbana, la gestión de residuos o la inspección técnica de vehículos.
La gestión de plantas de tratamiento de aguas ha sido uno de los negocios donde más rápidamente ha calado su actividad, especialmente en el ámbito de la Comunidad Valenciana. El momento culminante para ello fue la integración en el holding de Vainmosa, la sociedad propietaria junto a la Diputación de Valencia de la firma Egevasa.
A través de la sociedad mixta, la compañía que preside Vicente Boluda pasó a controlar las redes y plantas promovidas por ayuntamientos de toda la provincia.
La mayoría de las 122 estaciones depuradoras que el grupo explota en la autonomía han sido heredadas de esa operación. Pero además, esa experiencia la ha permitido fortalecerse en mercados vecinos como Aragón donde mantiene dos estaciones y Cataluña. En esta última región Aguas de Valencia mantiene una alianza con Comsa a través de Companya General d'Aigües de Catalunya y se encarga del tratamiento de 17 millones de metros cúbicos anuales.
Nuevo rumbo
El grupo, que parece haber dejado atrás las disputas accionariales que han marcado sus últimos años de vida, confió su gestión a finales de 2002 a un director general ajeno al sector, Alberto Alonso Poza. Desde su llegada, Aguas de Valencia ha apostado por centrarse en su actividad principal, la gestión de redes de abastecimiento y tratamiento de aguas. Además ha dejado de lado la aventura en los países del Centro y Sur de América, para centrarse en nuevas oportunidades de negocio en aquellas zonas del territorio español y en Portugal donde hasta ahora no tenía presencia. Este año el grupo espera incrementar un doce por ciento su cifra de negocio en el ramo del ciclo de agua y un nueve por ciento en total, tras obtener una facturación de 97,06 millones de euros en 2003.
El grupo, en el que participan la francesa Bouygues, Banco de Valencia, Boluda y los grupos castellonenses Lubasa y Facsa, es la cuarta firma del sector tras Agbar, Aqualia de FCC y Canal de Isabel II.
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana es la empresa a través de la que se ha instrumentalizado tanto la construcción como la puesta en marcha de la mayoría de las instalaciones de depuración de ámbito autonómico. Además, es la encargada de recaudar y gestionar el canon de saneamiento, la principal fuente de ingreso con la que cuenta la Administración regional para hacer frente a estas actividades. Este año la entidad espera ingresar 118,29 millones de euros mediante este canon, cifra insuficiente para cubrir el total de su presupuesto, que asciende a 283 millones de euros. Las inversiones, que suponen 154 millones de euros en 2004, se comen la mayoría del dinero con el que cuenta la firma pública. Para financiar estas obras en redes de saneamiento, la Entidad ha recurrido tradicionalmente al Banco Europeo de Inversiones (BEI), con el que ha obtenido condiciones más ventajosas. A lo largo de este año la Generalitat prevé que la firma recurra a nuevos créditos bancarios por valor de 64,73 millones de euros, con lo que su deuda a largo plazo se elevará hasta los 267,3 millones.
La mayoría de los fondos estarán destinados a la ampliación y mejora de depuradoras. Se contempla que las empresas asuman el coste de las obras a cambio de mantener la gestión