El informe de un grupo de diputados del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitaron el pasado mayo la costa valenciana y L'Albufera a instancias de colectivos ecologistas y ciudadanos afectados por la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU),
es duro en sus conclusiones. El documento condena la aplicación de la ley por los 'graves abusos contra miles de ciudadanos europeos' y pide a la Comisión Europea que reconsidere su decisión de financiar el trasvase Júcar-Vinalopó. El informe se votará el 27 de julio y luego se enviará a la CE.
El grupo de eurodiputados del Comité de Peticiones que recorrieron el pasado mes de mayo la costa valenciana y el parque natural se despedían con la sospecha, así lo manifestaron entonces, de que el trasvase del Júcar-Vinalopó, financiado con fondos de la UE, venía dado por la intensa explotación y presión urbanística que soporta el litoral valenciano. Lo que entonces sonó a sospecha está recogido ahora por escrito en un informe que ayer se hizo público en Bruselas. El eurodiputado verde, David Hammerstein, aseguró que el documento se votará el próximo 27 de julio en el Comité de Peticiones y después se enviará a la Comisión Europea, que deberá dar una respuesta.
El informe se refiere exclusivamente a los efectos que ha provocado la aplicación de la LRAU y al proyecto del trasvase del Júcar-Vinalopó. En el capítulo de conclusiones, el informe reconoce las buenas intenciones iniciales de la ley, pero de las denuncias recibidas y de la información recopilada concluye, sin embargo, que su aplicación 'ha conllevado graves abusos de los más elementales derechos de miles de valencianos europeos, a quienes se les han expropiado sus casas y sus terrenos'.
En el escrito, los eurodiputados subrayan que durante su visita a la zona recibieron 'cientos de quejas individuales y ejemplos de expropiaciones hechas a ciudadanos en beneficio de los urbanizadores', a los que califican, en algunos casos, de falta de escrúpulos. Los diputados muestran su sorpresa por que ninguno de los afectados haya logrado una reparación legal en los tribunales y atribuyen este hecho a los vacíos de la LRAU, que son los que 'han permitido a políticos sin escrúpulos y a especuladores obtener beneficios millonarios a costa de personas vulnerables e ignorantes de lo que sucedía'.
Del trasvase del Júcar-Vinalopó, el informe solicita expresamente a la Comisión Europea 'que reconsidere su decisión de financiar el proyecto dadas las actuales circunstancias'. El informe critica al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por consultar exclusivamente a expertos favorables al trasvase, además de 'ignorar por completo el posible impacto del trasvase sobre la Albufera', que depende en un 85% del caudal del río Júcar. Los eurodiputados se muestran satisfechos en el documento porque en su visita se pudo debatir por primera vez el efecto del trasvase sobre la cuenca con todos los implicados con la colaboración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues.
El informe acaba pidiendo más opiniones de especialistas. El eurodiputado verde David Hammerstein manifestó que 'la imagen de la Comunidad Valenciana en Europa se deteriora por culpa de un modelo de depredación urbanística en el litoral y una anacrónica e insensible gestión del agua'. Y añadió: 'Que tomen nota el señor Zaplana y el señor Camps porque han sido llamados al orden'.
La dirigente de EU, Glòria Marcos, calificó ayer de 'desesperante e insulso' el debate sobre el déficit hídrico existente y afirmó: 'Nadie en este tema, ni el Consell, ni los empresarios, ni la propia ministra Cristina Narbona, quieren ponerle el cascabel al gato: en esta Comunidad [Valenciana] hay un problema muy grave de desarrollo insostenible y de modelo de crecimiento enloquecido que habrá que replantearse algún día'. 'Si no se hace así, no habrá suficiente agua ni con la combinación de los dos modelos en cuestión, las desaladoras y los trasvases, a los que nos oponemos incluyendo el del Xúquer-Vinalopó, del que hemos pedido en reiteradas ocasiones su paralización'.
Marcos reclamó la puesta en marcha de una moratoria urbanística para replantear el modelo de crecimiento y establecer las necesidades reales. Según Marcos, a partir de esa base se podrían 'mejorar las deficiencias en la gestión del agua, como las pérdidas producidas por las fugas en las canalizaciones'. Según la dirigente de EU, 'De media en el País Valenciano se pierde la cuarta parte del agua, pero hay zonas con pérdidas que van del 35% al 50% y mientras no se solucione esto y se mejore la reutilización, pedir más agua, en abstracto, es un dislate. Y más aún abrir guerras entre gobiernos y entre comunidades'