VALENCIA. La visita de ayer a Valencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sirvió para confirmar lo distantes que se encuentran en estos momentos las posturas defendidas por el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero y por el Consell de Francisco Camps.

Narbona, quien se entrevistó ayer con Camps, regantes, agricultores, sindicatos y empresarios, reiteró la conveniencia de la derogación del trasvase del Ebro por ser de dudosa viabilidad, «ya que ni siquiera el 60% por ciento del agua prometida hubiera llegado a esta tierra».

Frente al travase, Narbona se volvió a referir a la desalación, con la creación de cuatro plantas desaladoras (Pilar de la Horadada, L´Alacantí y la Vega Baja, la Marina Alta y la Marina Baja), la ampliación de otras dos (Taibilla y Jávea) y la construcción de una desalobradora (Vega Baja).

Alabanza a la desalación

Esta opción, seriamente contestada por expertos de todo el mundo, fue defendida ayer a capa y espada por Cristina Narbona, quien aseguró que «hoy en día las salmueras que producen estas plantas ya no son un problema», pese al reciente informe contrario al funcionamiento de la desaladora de Carboneras (exceso de boro en el mar).

Cristina Narbona citó a Canarias como un ejemplo a seguir, ya que «se ha producido con este agua un importante desarrollo turístico y agrícola». Las bondades de la «alternativa» gubernamental fueron glosadas por Narbona, quien explicó que la Comunidad Valenciana será la autonomía que más inversiones tendrá de las cuatro cuencas afectadas por el trasvase, un total de 1.200 millones de euros.

Narbona instó a Francisco Camps a que «colabore con el Gobierno» y abandone la política de «pancarta», que antes consideraba el PP como de gente «antipatriota, radical y desleal». La ministra aseguró para la Comunidad Valenciana 400 hectómetros cúbicos y pidió al jefe del Consell no crear «barreras inútiles».

Sobre la Iniciativa Legislativa Popular que ha impulsado el Gobierno valenciano, Narbona la valoró como «legítima», aunque aseguró que «si llega a la Cámara avalada por un mínimo de 500.000 firmas, nada cambiará, porque la decisión del Parlamento ya ha sido expresada recientemente por todos los grupos políticos, excepto el PP».

Sin presiones de Carod-Rovira

La representante gubernamental en materia medioambiental negó que las presiones políticas fueran la clave para la derogación del trasvase del Ebro, tal y como afirmó el pasado fin de semana el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. «El señor Carod no estaba con nosotros trabajando cuando defendimos esta opción y fue antes de su llegada a la Generalitat. En cualquier caso, apoya nuestra política sobre el agua».

En esta comparecencia, la ministra de Medio Ambiente también habló sobre la previsible duplicación del número de campos de golf en Aragón, a lo que se refirió con un escueto «el Gobierno sólo lleva el agua hasta unos lugares donde la urbanización tiene otras competencias».

El Júcar Vinalopó, a revisión

Eso sí, dejó claro que «las tarifas del agua que pretendemos aplicar de aquí al 2010 se basan en dar agua a mejor coste, de forma que no se aplicarán de manera lineal y serán más bajas para la agricultura que para los campos de golf». No obstante, Narbona eludió «demonizar» los campos de golf, tal y como hizo con los de la Comunidad.

En cuanto al trasvase Júcar-Vinalopó, aseguró que «se revisará, como todo, ya que debe responder a las necesidades de los usuarios con el menor coste económico y con el menor impacto ambiental posible».

El Consell sigue su «lucha»

Este discurso fue diametralmente opuesto a la visión que ofreció Francisco Camps. El jefe del Consell destacó tras reunirse con Narbona que «no hay nada nuevo bajo el sol. Después de este encuentro estoy más convencido de que el trasvase se hará».

El presidente autonómico valenciano destacó que «la alternativa de la ministra contempla un aporte extra de 120 hectómetros cúbicos al año, lo que supone menos de la mitad de lo que estaba previsto en el travase del Ebro».

Camps, quien reconoció que colaborarán con el Gobierno en las obras que están contempladas en el Anexo II de la Ley del PHN, destacó que «cuando el Gobierno habla de transferencias o Bancos de Agua, se refiere en realidad al trasvase de agua del Ebro. Hoy mismo nos ha reconocido que en el futuro podría haber alguna transferencia a la Comunidad Valenciana».

Crispación social

«La alternativa socialista supone agua más cara, menos de la mitad de lo previsto y la rapidez está por ver. Ni Narbona ni Zapatero van a hacer lo que quieran con los valencianos y nuestra voz se hará escuchar», indicó Camps, quien lamentó la «falta de consenso y la crispación generada con el decretazo de aquellos que han querido venir a decidir por nosotros».