A/ALMERÍA
El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Almería a pagar 48 millones de euros al Iryda por el agua que tomó de este organismo para el abastecimiento de la ciudad hasta la década de los años noventa del pasado siglo. La sentencia fue comunicada ayer de una manera totalmente ligera, aunque resaltó su alta gravedad, por el portavoz del equipo de gobierno municipal, José Luis Aguilar, durante el debate sobre una moción del PP de apoyo al Plan Hidrológico Nacional, que salió adelante con los votos de los concejales del propio equipo de gobierno y con la oposición del PSOE y de IU-LV-CA. Aunque no se quiso puntualizar más, incluso tras la sesión, el fallo del Supremo parece que responde a un recurso presentado por ese organismo, que con tal denominación puede hacer ya más de veinte años que ha desaparecido, tras los acuerdos sobre el abono de la posible deuda adoptados por el Ayuntamiento de Almería durante la Corporación que presidió Juan Megino.

El abandono de los pozos del Iryda, que al parecer solamente tuvieron un uso provisional y debido a la sequía especial de aquellas fechas, se produjo con la puesta en marcha del pantano de Beninar y posteriormente con la utilización de los pozos de Rambla Bernal tras los problemas del mismo así como, desde otra perspectiva, con el inicio de los trabajos para la construcción de la desaladora.