Water will have a policy tax when necessary
Mon, 28/06/2004
El Gobierno regional advierte de que el agua desalada costará más de un euro y hará peligrar la agricultura El Ministerio sostiene que las subvenciones de la Unión Europea permitirán abaratar algunas tarifas
BUITRAGO/MURCIA.
El Ministerio de Medio Ambiente sostiene que sus medidas urgentes, en especial la desalación, «pueden recibir fácilmente fondos comunitarios, a diferencia del trasvase del Ebro, lo que puede permitir la aplicación de dichos fondos a reducir el precio del agua en los casos en que así se justifique con arreglo a los objetivos de protección ambiental conseguidos». En esta particularidad se incluye a los regadíos, para los cuales el Ministerio propone unas tarifas de entre 12 y 30 céntimos. Subraya que su plan consiste en la permuta entre aguas desaladas de la zona costera y recursos hídricos de las partes altas de la cuenca del Segura, lo que obligará a una revisión de las concesiones que se vean afectadas.
El Gobierno regional, por su parte, argumenta que las medidas alternativas no resuelven la recuperación de los acuíferos, el caudal ecológico del río Segura ni el déficit que soportan en la comarca del Altiplano. Cree que el agua desalada tendrá un precio medio superior a un euro por cada metro cúbico, y teme que se supriman regadíos en determinadas zonas. «¿Deben resignarse a su desaparición?», se pregunta. También exige conocer cómo se va a aplicar la recuperación de costes de las aguas desaladas, y si la Directiva Marco se va a desarrollar por trozos, según los intereses políticos.
Con esta entrega concluye este singular diálogo entre el Gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente. 5. QUINTA PREGUNTA
Suponiendo que se plantee la desalación como la alternativa al trasvase, los costes de transporte del agua hasta las zonas de interior (Altiplano, acuíferos de Cieza, valle del Guadalentín, etc) con graves problemas en la actualidad, podrían oscilar entre 0,25 y 0,50 euros/m3, que habría que sumar al coste de producción del agua en la desaladora. Ello elevará el coste total del agua desalada por encima de 1 euro/m3. ¿Cómo se van a asumir estos costes? ¿Piensa que podrán pagarlos los usuarios de estas zonas? ¿Cómo resolverá sus déficit? ¿Prevé que se supriman regadíos en estas áreas? ¿Deben resignarse a su desaparición?
La utilización del agua desalada tiene un ámbito territorial limitado por la altura a que estén situados los usuarios respecto al nivel del mar o, en su caso, respecto a los drenajes de aguas salobres procedentes de zonas regables, como en la Vega Baja y el Valle del Guadalentín.
En otras áreas deficitarias en las que la desalación no resulta económicamente viable, los recursos hídricos van a aumentar, entre otras cosas, gracias precisamente a la menor demanda a atender por los mismos en el litoral así como del ahorro por modernización y de la mejora de la gestión mediante los bancos públicos del agua. Mientras estos se crean por ley, se utilizarán los centros de intercambio de derechos de uso del agua previstos en la legislación vigente, que serán urgentemente puestos en funcionamiento, para facilitar la permuta entre aguas desaladas y recursos hídricos de las partes altas, que serían reasignados a los usuarios de estas zonas una vez que los usos de las partes bajas estuvieran atendidos con aguas desaladas.
En cualquier caso, ya se ha explicado que el agua del trasvase siempre sería más cara (en Alicante, Murcia y Almería) que cualquiera de estas posibilidades, por lo que, en la práctica, nunca puede contemplarse como una solución viable para resolver los problemas actuales.
6. SEXTA PREGUNTA
Una de las críticas que se han hecho al plan anterior es que no se había concretado la tarifa del trasvase para los usuarios. En coherencia con esta crítica, ¿puede concretar ya la tarifa del agua desalada de su plan alternativo? ¿Y la tarifa del agua ahorrada o reutilizada? ¿Tendrían todas precio único o seguirá los criterios de la nueva cultura del agua de poner precios distintos según sea la desaladora o depuradora de origen, o según su distancia de transporte desde el mar?
El coste medio de referencia del agua desalada puede estimarse en unos 0,5 euros/m3, incluida amortización íntegra y explotación de la planta, mucho menor por tanto -en Alicante, Murcia y Almería- que el agua del trasvase.
El coste del agua reutilizada u obtenida por modernización o mejora de la gestión puede variar significativamente en función de las características específicas de cada proyecto, pero el coste repercutible al usuario del agua liberada, es decir, el segundo usuario, siempre será menor que el del agua desalada, teniendo en cuenta que parte de los costes de la depuración tiene que repercutirse al primer usuario.
Además estos proyectos pueden recibir fácilmente fondos comunitarios, a diferencia del trasvase del Ebro, lo que, de acuerdo con el artículo 9 de la directiva marco, puede permitir la aplicación de dichos fondos a reducir el precio del agua en los casos en que así se justifique con arreglo a los objetivos de protección ambiental conseguidos.
En relación con este punto, cabe decir que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto establecer una exacción económica a través de la cual se pueda hacer efectivo el principio de recuperación de los costes en los términos que exige el artículo 111 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, artículo incorporado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (transposición de la Directiva marco sobre política del agua).
La tarifa proyectada estará destinada a atender los costes de diversa naturaleza derivados de la puesta a disposición del recurso para los diferentes usos. Comprenderá, además, los costes de mantenimiento y explotación que para cada uso se produzcan.
La tarifa de puesta a disposición se fijará en función de los usos a los que se vaya a destinar el agua obtenida con las actuaciones previstas en el decreto ley. Se están estudiando los siguientes tramos y cuantías:
a) 0,12 E a 0,30 euros/m3, para las aguas de uso agrícola.
b) 0,50 E a 0,70 euros/m3, para las aguas de uso industrial.
c) 0,70 E a 0,90 euros/m3, para las aguas destinadas al abastecimiento urbano.
d) 1,10 E a 1,30 euros/m3, para las aguas destinadas a nuevas concesiones concedidas a nuevas urbanizaciones (segunda residencia), turismo, campos de golf, etc.
Estas cuantías se actualizarán anualmente en función del incremento que experimente el Índice de Precios al Consumo (IPC).
7. SÉPTIMA PREGUNTA
Se insiste mucho en la Directiva Marco del Agua como un elemento básico de la nueva política. Siguiendo esta directiva, ¿cómo interpreta el principio de recuperación de costes? ¿Cómo se va a aplicar la recuperación de costes de las aguas desaladas? ¿Repercutirá todos los costes a los usuarios, incluyendo la amortización íntegra de la planta? ¿Dispone de estudios coste-beneficio de la alternativa de desalación frente al trasvase? Es sabido que la energía muestra una tendencia mundial al incremento en costes que ya está afectando a los combustibles de forma directa ¿ha evaluado el efecto sobre la tarifa del agua desalada de los crecientes costes energéticos?
La directiva marco comunitaria establece expresamente, en el mencionado artículo 9, que la aplicación del principio de recuperación de costes ha de hacerse teniendo en cuenta los efectos sociales, medio ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas, y asimismo prevé excepciones a la aplicación rigurosa del principio de recuperación para una determinada actividad del uso del agua, siempre y cuando no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la directiva.
Existe pues un amplio campo de flexibilidad para la recuperación de costes, con el fin de no causar impactos sociales y económicos indeseados y siempre que se den las circunstancias que lo justifiquen; de todo ello debe darse cuenta en la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, cuyos estudios ya se están iniciando, y que constituyen -con la participación de los usuarios y agentes sociales en general- el ámbito indicado para adoptar medidas prudentes en esta materia, pero sin perder de vista el lograr un aprovechamiento sostenible del agua.
Hay que insistir, de todas formas, en que los problemas de aplicar el principio de recuperación de costes serían mucho más graves con el trasvase del Ebro que con el plan alternativo del Ministerio, y no sólo por el coste muy superior del trasvase, sino porque el plan alternativo responde a los objetivos de la Directiva Marco, a diferencia del trasvase, lo que haría prácticamente imposible en este último caso una recuperación parcial de costes atendiendo a la asignación de fondos comunitarios o a la aplicación de las excepciones admitidas por la directiva.
En cuanto a las repercusiones desfavorables del consumo energético, ya se ha visto que el del trasvase del Ebro es 2,9 por 106 megavatios hora anuales, mientras que el de todas las desaladoras del Plan alternativo es 2,0 por 106, es decir, un 3% menor, por lo que también en este aspecto el plan alternativo es más favorable que el trasvase.
8. OCTAVA PREGUNTA
(Esta pregunta se hizo antes del debate en el Senado del pasado día 17) Otro elemento en el que se insiste mucho es el de la participación pública. Si no piensa llevar el plan alternativo para su discusión en el Senado, ni abrir un amplio debate público y en el seno del Consejo Nacional del Agua, antes de la derogación del plan vigente ¿no cree que esta participación es también puramente retórica? ¿Cómo podemos creer que es una intención sincera si el más importante proyecto de aguas que va a abordar en su mandato queda excluido de esta participación y se modifica por la fórmula antiparticipativa por excelencia, que es la del Decreto Ley? ¿Cómo se compatibiliza el Decreto Ley con las exigencias de participación de la Directiva Marco? ¿La Directiva se aplicará a trozos y según intereses a los compromisos políticos?
Se va a discutir el próximo día 17 en el Senado en la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente.
BUITRAGO/MURCIA.
El Ministerio de Medio Ambiente sostiene que sus medidas urgentes, en especial la desalación, «pueden recibir fácilmente fondos comunitarios, a diferencia del trasvase del Ebro, lo que puede permitir la aplicación de dichos fondos a reducir el precio del agua en los casos en que así se justifique con arreglo a los objetivos de protección ambiental conseguidos». En esta particularidad se incluye a los regadíos, para los cuales el Ministerio propone unas tarifas de entre 12 y 30 céntimos. Subraya que su plan consiste en la permuta entre aguas desaladas de la zona costera y recursos hídricos de las partes altas de la cuenca del Segura, lo que obligará a una revisión de las concesiones que se vean afectadas.
El Gobierno regional, por su parte, argumenta que las medidas alternativas no resuelven la recuperación de los acuíferos, el caudal ecológico del río Segura ni el déficit que soportan en la comarca del Altiplano. Cree que el agua desalada tendrá un precio medio superior a un euro por cada metro cúbico, y teme que se supriman regadíos en determinadas zonas. «¿Deben resignarse a su desaparición?», se pregunta. También exige conocer cómo se va a aplicar la recuperación de costes de las aguas desaladas, y si la Directiva Marco se va a desarrollar por trozos, según los intereses políticos.
Con esta entrega concluye este singular diálogo entre el Gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente. 5. QUINTA PREGUNTA
Suponiendo que se plantee la desalación como la alternativa al trasvase, los costes de transporte del agua hasta las zonas de interior (Altiplano, acuíferos de Cieza, valle del Guadalentín, etc) con graves problemas en la actualidad, podrían oscilar entre 0,25 y 0,50 euros/m3, que habría que sumar al coste de producción del agua en la desaladora. Ello elevará el coste total del agua desalada por encima de 1 euro/m3. ¿Cómo se van a asumir estos costes? ¿Piensa que podrán pagarlos los usuarios de estas zonas? ¿Cómo resolverá sus déficit? ¿Prevé que se supriman regadíos en estas áreas? ¿Deben resignarse a su desaparición?
La utilización del agua desalada tiene un ámbito territorial limitado por la altura a que estén situados los usuarios respecto al nivel del mar o, en su caso, respecto a los drenajes de aguas salobres procedentes de zonas regables, como en la Vega Baja y el Valle del Guadalentín.
En otras áreas deficitarias en las que la desalación no resulta económicamente viable, los recursos hídricos van a aumentar, entre otras cosas, gracias precisamente a la menor demanda a atender por los mismos en el litoral así como del ahorro por modernización y de la mejora de la gestión mediante los bancos públicos del agua. Mientras estos se crean por ley, se utilizarán los centros de intercambio de derechos de uso del agua previstos en la legislación vigente, que serán urgentemente puestos en funcionamiento, para facilitar la permuta entre aguas desaladas y recursos hídricos de las partes altas, que serían reasignados a los usuarios de estas zonas una vez que los usos de las partes bajas estuvieran atendidos con aguas desaladas.
En cualquier caso, ya se ha explicado que el agua del trasvase siempre sería más cara (en Alicante, Murcia y Almería) que cualquiera de estas posibilidades, por lo que, en la práctica, nunca puede contemplarse como una solución viable para resolver los problemas actuales.
6. SEXTA PREGUNTA
Una de las críticas que se han hecho al plan anterior es que no se había concretado la tarifa del trasvase para los usuarios. En coherencia con esta crítica, ¿puede concretar ya la tarifa del agua desalada de su plan alternativo? ¿Y la tarifa del agua ahorrada o reutilizada? ¿Tendrían todas precio único o seguirá los criterios de la nueva cultura del agua de poner precios distintos según sea la desaladora o depuradora de origen, o según su distancia de transporte desde el mar?
El coste medio de referencia del agua desalada puede estimarse en unos 0,5 euros/m3, incluida amortización íntegra y explotación de la planta, mucho menor por tanto -en Alicante, Murcia y Almería- que el agua del trasvase.
El coste del agua reutilizada u obtenida por modernización o mejora de la gestión puede variar significativamente en función de las características específicas de cada proyecto, pero el coste repercutible al usuario del agua liberada, es decir, el segundo usuario, siempre será menor que el del agua desalada, teniendo en cuenta que parte de los costes de la depuración tiene que repercutirse al primer usuario.
Además estos proyectos pueden recibir fácilmente fondos comunitarios, a diferencia del trasvase del Ebro, lo que, de acuerdo con el artículo 9 de la directiva marco, puede permitir la aplicación de dichos fondos a reducir el precio del agua en los casos en que así se justifique con arreglo a los objetivos de protección ambiental conseguidos.
En relación con este punto, cabe decir que el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto establecer una exacción económica a través de la cual se pueda hacer efectivo el principio de recuperación de los costes en los términos que exige el artículo 111 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, artículo incorporado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (transposición de la Directiva marco sobre política del agua).
La tarifa proyectada estará destinada a atender los costes de diversa naturaleza derivados de la puesta a disposición del recurso para los diferentes usos. Comprenderá, además, los costes de mantenimiento y explotación que para cada uso se produzcan.
La tarifa de puesta a disposición se fijará en función de los usos a los que se vaya a destinar el agua obtenida con las actuaciones previstas en el decreto ley. Se están estudiando los siguientes tramos y cuantías:
a) 0,12 E a 0,30 euros/m3, para las aguas de uso agrícola.
b) 0,50 E a 0,70 euros/m3, para las aguas de uso industrial.
c) 0,70 E a 0,90 euros/m3, para las aguas destinadas al abastecimiento urbano.
d) 1,10 E a 1,30 euros/m3, para las aguas destinadas a nuevas concesiones concedidas a nuevas urbanizaciones (segunda residencia), turismo, campos de golf, etc.
Estas cuantías se actualizarán anualmente en función del incremento que experimente el Índice de Precios al Consumo (IPC).
7. SÉPTIMA PREGUNTA
Se insiste mucho en la Directiva Marco del Agua como un elemento básico de la nueva política. Siguiendo esta directiva, ¿cómo interpreta el principio de recuperación de costes? ¿Cómo se va a aplicar la recuperación de costes de las aguas desaladas? ¿Repercutirá todos los costes a los usuarios, incluyendo la amortización íntegra de la planta? ¿Dispone de estudios coste-beneficio de la alternativa de desalación frente al trasvase? Es sabido que la energía muestra una tendencia mundial al incremento en costes que ya está afectando a los combustibles de forma directa ¿ha evaluado el efecto sobre la tarifa del agua desalada de los crecientes costes energéticos?
La directiva marco comunitaria establece expresamente, en el mencionado artículo 9, que la aplicación del principio de recuperación de costes ha de hacerse teniendo en cuenta los efectos sociales, medio ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas de la región o regiones afectadas, y asimismo prevé excepciones a la aplicación rigurosa del principio de recuperación para una determinada actividad del uso del agua, siempre y cuando no comprometa ni los fines ni el logro de los objetivos de la directiva.
Existe pues un amplio campo de flexibilidad para la recuperación de costes, con el fin de no causar impactos sociales y económicos indeseados y siempre que se den las circunstancias que lo justifiquen; de todo ello debe darse cuenta en la revisión de los planes hidrológicos de cuenca, cuyos estudios ya se están iniciando, y que constituyen -con la participación de los usuarios y agentes sociales en general- el ámbito indicado para adoptar medidas prudentes en esta materia, pero sin perder de vista el lograr un aprovechamiento sostenible del agua.
Hay que insistir, de todas formas, en que los problemas de aplicar el principio de recuperación de costes serían mucho más graves con el trasvase del Ebro que con el plan alternativo del Ministerio, y no sólo por el coste muy superior del trasvase, sino porque el plan alternativo responde a los objetivos de la Directiva Marco, a diferencia del trasvase, lo que haría prácticamente imposible en este último caso una recuperación parcial de costes atendiendo a la asignación de fondos comunitarios o a la aplicación de las excepciones admitidas por la directiva.
En cuanto a las repercusiones desfavorables del consumo energético, ya se ha visto que el del trasvase del Ebro es 2,9 por 106 megavatios hora anuales, mientras que el de todas las desaladoras del Plan alternativo es 2,0 por 106, es decir, un 3% menor, por lo que también en este aspecto el plan alternativo es más favorable que el trasvase.
8. OCTAVA PREGUNTA
(Esta pregunta se hizo antes del debate en el Senado del pasado día 17) Otro elemento en el que se insiste mucho es el de la participación pública. Si no piensa llevar el plan alternativo para su discusión en el Senado, ni abrir un amplio debate público y en el seno del Consejo Nacional del Agua, antes de la derogación del plan vigente ¿no cree que esta participación es también puramente retórica? ¿Cómo podemos creer que es una intención sincera si el más importante proyecto de aguas que va a abordar en su mandato queda excluido de esta participación y se modifica por la fórmula antiparticipativa por excelencia, que es la del Decreto Ley? ¿Cómo se compatibiliza el Decreto Ley con las exigencias de participación de la Directiva Marco? ¿La Directiva se aplicará a trozos y según intereses a los compromisos políticos?
Se va a discutir el próximo día 17 en el Senado en la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente.