Murcia recurrirá mañana las tarifas sobre el agua, dadas a conocer a ayer por el Ministerio de Medio Ambiente, ante el Tribunal Constitucional, mientras que la Comunidad Valenciana quiere hacer ella misma el trasvase del Ebro, según expusieron hoy en el Senado los presidentes de ambas comunidades. La Comunidad Valenciana, Murcia y el PP pidieron la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para tratar sobre el Plan Hidrológico Nacional, y pidieron, junto con el PP, que el Consejo de Ministros no derogue el trasvase del Ebro.
En este sentido, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, pidió a la ministra que no derogue mañana, en Consejo de Ministros, el trasvase del Ebro, y si lo hace: "deje que lo hagamos nosotros". El presidente valenciano aseguró que ya se han ido al mar 12 trasvases "mientras hay territorios que pasan sed".
Camps rechazó las desaladoras, porque a su juicio "no son la alternativa" al trasvase dado que "su impacto ambiental es brutal", por la producción de salmuera y emisiones de dióxido de carbono (CO2). El presidente valenciano acusó al Gobierno de derogar un trasvase "sin diálogo y sin inmutarse", lo que, en su opinión, "demuestra el talante del Gobierno, que no busca ni el consenso ni el diálogo".
Camps dijo además que mañana el ministro de Defensa, José Bono, votará en el Consejo de Ministros la derogación de un trasvase, que apoyó en el Consejo Nacional del Agua, cuando votó a favor del Plan Hidrológico Nacional.
El presidente valenciano dijo que el plan de actuaciones alternativo supondrá un consumo energético de tres millones de gigawatios hora, mientras que el trasvase la mitad. Camps indicó que el plan de medidas urgentes tendrá un impacto ambiental "doble que el trasvase".
Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, mostró sus dudas de que el decreto-ley que el Gobierno prevé aprobar pueda ser "inconstitucional" y anunció que "Murcia recurrirá mañana mismo las tarifas" de agua, que oscilan entre 0,12 euros para usos agrícolas y 1,30 para nuevas concesiones.
El presidente murciano señaló en su intervención que su "objetivo es que Murcia tenga el agua que necesita y el trasvase con 450 hm3 lo garantiza, pero la alternativa de desaladoras no". Valcárcel criticó la desalación al igual que Camps: "No nos oponemos a la desalación, pero como solución parcial, no como solución definitiva".
Por su parte, el portavoz del PP Pedro José Pérez pidió que no derogue el trasvase del Ebro: "déjelo quieto". "Con la razón, el pueblo de Valencia y de Murcia conseguirán agua", advirtió. "Son ustedes unos ladrones, nos quieren robar la ilusión, la esperanza y el futuro y no lo vamos a permitir", aseguró.
El senador popular por Murcia insinuó que "a los socialistas les interesa que el subdesarrollo siga en la Región de Murcia" y recordó las migraciones "a Cataluña, al norte del España y a Europa, porque no teníamos agua".
NARBONA
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, respondió a los presidentes de Valencia y Murcia, y al portavoz del PP que el Gobierno publicará una evaluación comparada entre la alternativa y el trasvase y "se demostrará que la alternativa consumirá menos energía que la que iba a consumir el trasvase".
El consumo de energía durante 900 kilómetros y 12 bombeos que necesitaría el trasvase del Ebro significaría una potencia instalada de 1.000 megawatios, ¿es qué esos mil megawatios no suponen emisiones?, cuestionó la ministra de Medio Ambiente.
La ministra argumentó que "las desaladoras con 3,5 kilowatios desalan un metro cúbico", mientras que se necesitan 6,5 kilowatios por metro cúbico para transportarlos al Altiplano de Murcia. Además, se primarán las desaladoras que utilicen energías renovables, apuntó Narbona. En cuanto a la salmuera, Narbona indicó que ya hay tecnologías para diluir las concentraciones de sal.
En su segunda intervención, Narbona dijo que la ejecución del anexo de inversiones del PHN es "ridícula", porque "lo único prioritario es el mayor ejemplo de solidaridad para ustedes: el trasvase. España está más lejos de la UE en gasto social por Producto Interior Bruto, y a la cola de la UE en prestaciones sociales. Eso es como ustedes entienden la solidaridad".
"Tanto que hablan de solidaridad: en ocho años aprobaron 127 decreto-ley ¿alguno pasó por el Senado?", preguntó la ministra.
Respecto a las tarifas, Narbona apuntó que el agua no puede ser gratuita en un país en el que es un recurso escaso, y criticó que el Gobierno anterior ni siquiera dijo cuánto iba a costar el agua trasvasada.
ARAGON Y CATALUÑA
El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, indicó que la gestión del agua debe ser sostenible a largo plazo y hay que utilizar nuevas tecnologías, como por ejemplo, la desalación que se emplea en California o Israel. El jefe del Ejecutivo aragonés señaló que se nota el nuevo talante porque es la primera vez que habla en las Cortes nacionales.
Iglesias se mostró de acuerdo con la ministra en derogar el trasvase del Ebro, porque le ha sido muy difícil, y al final no lo ha conseguido, explicar a los que viven al lado del Ebro, como se puede llevar el agua a 900 kilómetros y no les llega a ellos.
"Queremos que se resuelvan los problemas del agua en todas partes, pero no con una sola manera que son los trasvases. La nueva política desarrollará Aragón y el Levante, sin que pague el pato nadie", añadió Iglesias.
CATALUÑA
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Milà, pidió "un ejercicio de modernidad y sostenibilidad sin acudir a los trasvases", ante los problemas de sobreexplotación de acuíferos, pérdidas de calidad de aguas superficiales y escasez de recursos.
Milà pidió un nuevo consorcio para el Plan Integral del Delta del Ebro, rechazó también la interconexión de cuencas y ofreció un consenso a las regiones del Ebro para hacer sostenible la cuenca