Los precios podrían crecer dependiendo del tipo de cultivos hasta un 300 por ciento, que llevarán, según los regantes, «a un modelo agrícola insostenible»

MADRID. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo ayer que el decreto-ley que derogará el trasvase del Ebro, que ayer obtuvo el visto bueno de la Comisión de Subsecretarios y fue analizado también por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua, previsiblemente se aprobará en la reunión del Consejo de Ministros de mañana. Un documento que, además de incluir las razones por las que se deroga el trasvase, recoge las actuaciones alternativas para conseguir 1.058 hectómetros cúbicos anuales y las tarifas que deberán aplicarse a esta agua. Frente a las razones de urgencia esgrimidas para derogar el trasvase, que la ministra justificó en «un aumento del gasto público injustificado, inseguridad jurídica y atender lo antes posible los problemas de agua» en el arco mediterráneo, Narbona dijo ayer que el grupo parlamentario socialista aceptará tramitar este decreto como ley y que a partir de septiembre convocará al Consejo Nacional del Agua para que «trabaje sobre el proyecto de ley con más sosiego y menos urgencia».

En este sentido, y a pesar de que tanto las obras alternativas al trasvase -la gran mayoría de ellas aprobadas por la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2003- como las tarifas del agua que estas actuaciones aporten entran en vigor desde que el decreto-ley se publique en el BOE, la ministra no descartó que en el trámite legislativo algunas de estas obras puedan ser modificadas o cambiadas por otras, si bien otras podrán hacerse dentro de este año.

Las tarifas establecidas para estos 1.058 hectómetros cúbicos de agua oscilan entre los 0,12 y 0,30 euros el metro cúbico para uso agrícola; 0,50 y 0,70 para uso industrial; 0,70 y 0,90 para abastecimiento urbano, y 1,10 y 1,30 euros para nuevas concesiones a nuevas urbanizaciones (segunda residencia), turismo, campos de golf, etc. La asignación de las concesiones se producirá por parte de la Confederación Hidrográfica correspondiente a través de la puesta en funcionamiento de los Centros de Intercambio de Derechos del Agua, hasta que se desarrollen los Bancos Públicos, para lo que será necesario una reforma de la Ley de Aguas.

Pérdida de competitividad

En las horquillas de precios que se han fijado por usos se aplicará la tarifa inferior o la superior dependiendo de la capacidad de pago y de la rentabilidad. Sin embargo, en el caso de los regadíos de las zonas antes receptoras del trasvase estos precios «son inasequibles», según aseguró a ABC el presidente de la Federación Nacional de Regantes de España, Andrés del Campo. En su opinión, las tarifas fijadas por el Ministerio de Medio Ambiente «llevarán a un modelo agrícola insostenible por la falta de competitividad y muchos regadíos podrían desaparecer». Desde esta organización, con dos millones de hectáreas federadas, se critica que no se haya contado con las comunidades de regantes para fijar estos precios.

El precio, según el regadío

Según Del Campo, el precio que se paga por el agua en los regadíos del arco mediterráneo es variable porque depende del tipo de cultivo, de la climatología y también de derechos adquiridos. Como regla general dice que una gran parte está pagando 0,03 euros el metro cúbico, otra hasta 0,12 y los menos hasta 0,24 euros. Por tanto, la tarifa inferior que fijará el Gobierno supone un incremento del precio para muchos agricultores de un 300 por ciento