Las estadísticas señalan que el proceso de mercantilización del agua, tanto en el abastecimiento como en el saneamiento, está en alza. Según los datos que maneja Agbar (Aguas de Barcelona), una de las grandes empresas que trabaja en la organización de los recursos hídricos, en España, en 1996, el 63% de la población estaba servida en cuanto a bastecimiento por la Administración pública, mientras que el 37% se abastecía a través de un sistema de gestión privada.
En el 2003, los porcentajes estaban más equilibrados: 50,2% para la gestión pública frente al 49,8% de la privada.
El agua es un bien público, pero resulta escaso y depurarla y llevarla hasta los grifos, así como recuperarla y regenerala después, supone unos coste económicos y medioambientales que requieren un gestión eficaz. Este es el argumento de las grandes empresas de aguas para defender la privatización, también llamada en el mercado gestión indirecta.
Consideran contraproducente, además, el sistema de subvención del servicio que propician los gestores públicos y el hecho de que las inversiones destinadas a aumentar y mejorar el abastecimiento de los ciudadanos no se repercutan directamente en el precio del metro cúbico de agua potable consumido que pagan los usuarios.