La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha ordenado el cierre de 32 pozos y sondeos ilegales de la cuenca, la mayor parte en la comarca del Noroeste murciano y en la zona albaceteña del Segura, según indicaron ayer a LA OPINIÓN desde el propio organismo.
El número de pozos cerrados, con derecho a sacar una cantidad de agua, y de sondeos, a los que no se les permite detraer recursos, está previsto que se eleve en los próximos días, pues hasta el momento sólo se han comprobado 40 de las 113 clausuras de sondeos decretadas por el ex presidente de la Confederación, Juan Cánovas.
El anterior titular de la CHS dio instrucciones en 2003 "para que los recursos de vigilancia se dedicasen principalmente a la detección de pozos sobre los que se hubiese ordenado su clausura, con motivo de anteriores denuncias", argumentan en la Confederación. En esas fechas ya se había iniciado la investigación del fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, por el presunto robo de agua en la cuenca del Segura.
Según argumentan de forma oficial en la CHS, ahora presidida por el socialista José Salvador Fuentes Zorita, "a mediados del 2003 la Guardería Fluvial, dependiente de la Comisaría de Aguas, entregó a la sección de sanciones una lista de 113 expedientes sobre los que, desde el año 1995 al año 2000 se había dictado la clausura de los mismos, además de ponerle la oportuna sanción".
Por las denuncias y críticas de los regantes, que aseguraban que en muchos de los pozos proseguía la extracción de agua ilegal, Cánovas obligó a que comenzaran a revisarse los expedientes que habían finalizado en sanción, haciendo especial seguimiento de aquellos que afectan a sondeos de la zona alta de la cuenca (sur de Albacete y Noroeste de la Región) entendiendo que eran los más problemáticos.
Hasta la fecha, según los datos de la CHS, han sido estudiados 40 expedientes sancionadores de pozos, con el resultado de 28 casos en los que se ha dictado la resolución imponiendo una multa y ordenando la clausura del sondeo.
La Confederación asegura que al no haber cerrado el sondeo el denunciado, esos expedientes se hallan en fase de ejecución subsidiaria a fin de que el ministerio de Hacienda le embargue el importe del costo que suponga el cegamiento del pozo, y finalmente la Confederación será la encargada de clausurarlo, lo que podría alargarse en el tiempo. En otros cuatro casos se procederá a ordenar el precinto de los sondeos afectados, de los que se sigue sacando agua, a pesar de haberse ordenado su cierre, mientras que otros cinco pozos se encuentran ya clausurados.
Tan sólo tres expedientes, que implicaban sanciones, han quedado sin efecto al haber recurrido los propietarios de los sondeos y haber fallado el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en contra de la resolución de cierre de la Confederación y otros dos fueron revisados, por lo que la Confederación ha autorizado la explotación de los pozos.
Fuentes Zorita ha reactivado la investigación, y ha ordenado que se elabore un listado de pozos sobre los que se haya abierto un expediente y resuelto su clausura, con el fin de "instrumentar un programa de actuación prioritaria que se llevará a cabo una que vez se obtenga el censo definitivo de los casos"