Los empresarios trasladan al Ministerio de Medio Ambiente que la derogación del trasvase del Ebro supondrá un desprecio para la provincia

F. J. BENITO

El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, trasladó ayer a empresarios y agricultores de la provincia que el Gobierno fijará tarifas variables para el cobro del agua desalada que obtendrá con el plan alternativo al trasvase del Ebro. Serrano manifestó que la horquilla oscilará entre los 0,1 y 1,1 euros el metro cúbico de agua y que los precios variarán en función del uso del agua -no pagará lo mismo el constructor que el agricultor- e incluso del territorio al que llegue. Serrano se dio un mes para concretar la oferta y señaló que el agua desalada saldrá con un precio medio de entre 0,4 y 0,6 euros el metro cúbico.

El anuncio se realizó durante una tensa reunión en la sede de la Universidad de Alicante en la ciudad y, paradójicamente, a cien metros de la delegación del Consell, donde al mismo tiempo los presidentes de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y Murcia, Ramón Luis Valcárcel, celebraban su enésima «cumbre» para decidir estrategias que impidan la derogación del trasvase del Ebro. Los empresarios, por su parte, recriminaron al «número dos» de la ministra Cristina Narbona la posición del Gobierno en torno al PHN, rechazaron la desalación como único recurso y le subrayaron que, según ellos, la derogación del trasvase «será un desprecio para la provincia de Alicante».
Antonio Serrano estuvo acompañado en su encuentro con empresarios -además de los presidentes de Coepa y Cámara acudieron representantes de todas las asociaciones patronales- por los nuevos presidentes de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, y del Segura, José Salvador Fuentes, quienes junto a la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu, tuvieron que aguantar el chaparrón de críticas hacia la postura, inflexible según los empresarios, que ha tomado el Gobierno sobre el trasvase del Ebro. Serrano aguantó las críticas y como resupuesta intentó trasladar la filosofía que marca la política del Ministerio de Medio Ambiente en torno al agua: la apuesta por la desalación, la mejora de la gestión de los recursos impidiendo que el agua se pierda y el aumento de la reutilización de las aguas residuales depuradas.
En este sentido, el secretario general del Ministerio aseguró que el agua del trasvase del Ebro hubiera tardado como mínimo seis años en llegar a la Comunidad Valenciana, mientras «que con la desalación los caudales estarán en dos o tres años , con precios más asequibles y calidad». Sobre el hecho de que la mayor parte de las desaladoras que ahora plantea el Ministerio ya figuraban en el anexo II del PHN, Serrano lo admitió pero aseveró que «muchas no hubieran podido comenzar a realizarse hasta 2008 y ya veríamos entonces si había dinero». El responsable estatal de Territorio y Biodiversidad reiteró que «por los informes técnicos que había en Bruselas hubiera resultado muy difícil que concedieran los 1.262 millones que están solicitados. Con nuestro plan no se perderán».
Serrano defendió «el derecho del Partido Popular a intentar parar judicialmente la derogación del trasvase pero no tienen razón». El secretario general dijo que espera que las obras de las primeras desaladoras puedan comenzar este mismo año. Su plan contempla la construcción de siete plantas -tres en la cuenca del Segura, entre ellas en la Pedrera y Pilar de la Horadada- y cuatro en el Júcar, junto con la ampliació nde la de Agua Amarga. Con ellas se conseguirá un caudal de 141 hectómetros cúbicos al año.

Júcar-Vinalopó

Serrano volvió a dejar en el aire el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó -el Ministerio insiste en revisar los caudales- aunque las obras no se pararán «porque tienen financiación europea» y descartó que el Gobierno esté estudiando un trasvase de Villena a Jumilla y Yecla. Una alternativa que choca de frente con la intención de derogar el del Ebro, pero que fue filtrada la semana pasada en Murcia por fuentes cercanas al Ministerio