De ser un arma arrojadiza, un motivo de enfrentamiento y de incomprensión absoluta, el uso del agua previsto por el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro empiezan a constituirse en tema de negociación. La ministra Cristina Narbona formuló sus alternativas al trasvase y, pese a críticas y disconformidades, empiezan a surgir actitudes más reflexivas por parte de los trasvasistas, que empiezan a aceptarlas, al menos a título de intento. COAG, la coordinadora de Agricultores y Ganaderos de las regiones de Murcia y Valencia, acepta que se pongan en marcha: serán los resultados los que decidan si, además, un trasvase es necesario. En cualquier caso, apuestan por la mejora de la gestión del agua como principio de uso. En igual línea se manifiesta la Unión de Pequeños Agricultores. CC OO y UGT, favorables antes a las posturas de Zaplana y Valcárcel, ayer, en el Consejo murciano del Agua, rechazaron una matizada declaración de éste -que acepta comprobar la capacidad de las alternativas-, pues desean la presencia en el organismo del PSOE e IU y una oposición más decidida. Ello augura un refuerzo para las nuevas posturas y prueba que la aparente mayoría aplastante a favor del trasvase tenía mucho de ocasional y estaba fomentada por la oferta inmediata de un Gobierno.
El presidente de Murcia, Ramón Valcárcel, muestra el cambio más patente: admite que estaría más conforme con el trasvase, pero que está dispuesto a negociar contrapartidas. Su consejera de Agricultura ha añadido que no plantearán problemas si Europa destina fondos a las alternativas propuestas por los socialistas. Quien no acepta el nuevo escenario es el presidente valenciano, Camps, que defiende a ultranza el trasvase como única solución real a la escasez de agua y que está dispuesto a emplear contra la nueva política hidráulica toda su panoplia: desde medidas jurídico-administrativas frente a la decisión del Gobierno hasta el apoyo a los particulares que denuncien la derogación del PHN. En este camino, Francisco Camps tiene los apoyos de Seopan, patronal de los constructores, y de ASAJA, patronal agraria, y el de Javier Arenas, cabeza del PP andaluz. El propio PP parece poco dispuesto a seguir la inflexible actitud de Camps. Sea como fuere, en asunto tan grave y radicalizado hasta haber sido innegociable por un tiempo, es obligado recomponer la necesidad de negociar. Las alternativas propuestas son, para muchos, satisfactorias y en ningún caso serán dañinas. España debe concederse esa oportunidad y hacer finalmente lo que pida la razón.