The Autonomous Government receives competence in water policy without a census of agricultural irrigation users

Mon, 17/05/2004

Europa Sur

Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta tienen dificultades para llegar a un acuerdo con el Ministerio sobre el traspaso de la cuenca del Sur porque existe un oscurantismo total en la gestión del PP al frente de la Confederación Hidrográfica. Esto es lo que aseguró la consejera Fuensanta Coves en una entrevista concedida a este periódico, en la que denuncia que se han descuidado las funciones de las confederaciones hasta el punto de que en estos momentos todavía no se conocen a muchos titulares de los derechos del agua .
Por este motivo, Coves, que asume en esta legislatura las competencias en materia de agua, se propone como reto modificar las políticas y establecer un mayor control a través de los organismos de cuencas .
La falta de vigilancia y la indefinición de los titulares del derecho del agua han sido denunciados reiteradas veces por asociaciones conservacionistas. En el caso de la cuenca del Guadalquivir, la superficie regable se eleva a 231.256 hectáreas sólo en los grandes sistemas, según los datos oficiales. Sin embargo, Ecologistas en Acción sostiene que existen más de 600.000 hectáreas de regadíos, evidentemente gran parte sin concesión administrativa, esto es, ilegales.
Según Coves, una prueba evidente de la opacidad de la gestión de los populares es que el Gobierno de José María Aznar creó sociedades estatales y no apostó por las confederaciones . Fueron estas sociedades –apunta la consejera– las que desarrollaron algunos proyectos, en detrimento de las confederaciones.
La titular de Medio Ambiente de la Junta sostiene que las administraciones central y andaluza tienen problemas para pactar los recursos humanos y financieros ligados al traspaso de la cuenca del Sur porque no casan las cifras de Madrid y Sevilla. No obstante, a su juicio, la designación del nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica, Antonio Rodríguez Leal, ex consejero delegado de la empresa de Aguas de la Costa del Sol, agilizará mucho el traspaso y la clarificación de las cuentas, según Coves, quien garantizó la cesión para el 30 de junio, la fecha anunciada por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.
El objetivo de la Consejería de Medio Ambiente es, en primer lugar, el traspaso del Sur. El siguiente paso será negociar la cuenca de Barbate y Guadalete, Tinto, Odiel y Piedras y dejaremos para después la definición del modelo de gestión para la del Guadalquivir , explicó la consejera.
Ésta defendió que negociará para que sea una transferencia equilibrada y justa, no vamos a forzar la máquina . Nos daremos prisa –continuó– porque hay que aprovechar la buena coyuntura política que tenemos, pero no vamos a renunciar a lo que consideramos que corresponda a Andalucía .
En su opinión, el problema del agua es complejo y se remonta a los años 80. Para Coves, la Ley estatal de aguas de 1985, entonces muy moderna , estableció como criterio prioritario la inversión y la construcción de nuevas infraestructuras, necesarias porque había que garantizar la llegada de agua a muchos territorios. Con esta ley, sin embargo, se dejó a un lado la gestión y la vigilancia .
"El abandono permanente que han sufrido las confederaciones hace que exista una total opacidad , denunció la consejera, quien apostó por modificar la visión de la política de agua y primar que esas nuevas infraestructuras vayan acompañadas de criterios que obedezcan a la cohesión territorial, a la eficiencia en el uso del agua y a la sostenibilidad ambiental. Su objetivo, por tanto, será procurar que haya cantidad y también calidad de agua para la agricultura y el abastecimiento .
"En los últimos años se ha deteriorado mucho esa calidad y tenemos una situación seria de sobreexplotación de los acuíferos y creo que ha sido una visión equivocada de la política de agua la que se ha mantenido , sentenció.
Coves reprocha al PP
la opacidad en la gestión de la CHS y denuncia que todavía no se conocen a muchos titulares de los derechos del agua
sin consenso
Medio Ambiente admite dificultades para acordar con el Gobierno los recursos económicos de la transferencia