La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, retomó hoy la relación con las organizaciones ecologistas en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, tras 18 meses sin reuniones de este organismo. "Ahora es necesario reformarlo de forma consensuada con todos los sectores implicados", dijo la ministra antes del encuentro en respuesta a la propuesta de los ecologistas de ampliar su presencia en el mismo. La remodelación de esta entidad, a su juicio "desvirtuada" con el anterior Gobierno, debe llevarse a cabo mediante un debate "sereno".
A la reunión "informal" de hoy acudieron asociaciones "eliminadas" o "autoeliminadas" durante el mandato del PP. En concreto, participaron representantes de los sindicatos UGT y CC.OO., cinco asociaciones ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, SEO BirdLife Internacional y Amigos de la Tierra), que presentaron una propuesta de reforma del Consejo Asesor del Medio Ambiente; tres asociaciones agrarias (COAG, UPA y ASAJA), dos de la CEOE, uno de la FEMP, uno de las agrupaciones de consumidores y uno del sector universitario e investigador.
Aunque se analizará la proposición de los ecologistas para modificar el Consejo, no se cerrará una decisión definitiva. "Hoy se abre una nueva etapa de este órgano. Lamento mucho su trayectoria de los últimos años", manifestó Narbona a los medios de comunicación. Recordó la relevancia de este organismo al citar sus informes favorables sobre, entre otros, los planes de depuración de aguas residuales y de descontaminación de suelos, así como la reforma del Código Penal de 1995 sobre delito ecológico.
"Puede, y es lógico, que haya discrepancias pero hay que recuperar el debate libre y transparente de forma constructiva. Espero una etapa bien diferente", agregó la ministra, quien se mostró partidaria de escuchar las voces de las personas invitadas sobre la sustitución del trasvase del Ebro por un proyecto alternativo y el Protocolo de Kioto.
En cuanto al primer asunto, restó relevancia a un informe de la Diputación de Castellón que alerta de mayor efecto contaminante de la alternativa del Ejecutivo al trasvase del Ebro: "es un argumento reiterado sin ningún fundamento y no se basa en hechos reales". Explicó que trasvasar 1.050 hm3 del Ebro a Levante y el sureste provoca la misma contaminación que desalar 1.050 hm3, pero que, además, el Ministerio propone la desalación del 60 por ciento de esa cantidad.
"Nuestra alternativa tiene un 40 por ciento de efecto inferior de emisión de gases de efecto invernadero, ya que el trasvase supondría once bombeos de hasta mil metros de altura", sentenció Narbona. También anunció su intención de convocar a los empresarios para avanzar en la técnica de la desalación con energías renovables y no sólo combustibles fósiles.
En relación a la estrategia del cambio climático, la ministra subrayó la creación de un grupo interministerial hace una semana en el seno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, cuyo secretariado ostenta el Ministerio de Medio Ambiente, que se reunirá durante los próximos días para analizar diversos informes y debatir posteriormente con las organizaciones implicadas "para trabajar con la máxima celeridad".
ECOLOGISTAS PIDEN CUMPLIMIENTO DE LA CULTURA DEL AGUA
Por su parte, el representante de Seo/BirdLife, Alejandro Sánchez, que habló en nombre de las cinco organizaciones ecologistas allí presentes, celebró esta reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente tras una época "muy larga" sin contactos y pidió a la ministra que desarrolle la prometida cultura del agua, no sólo sustituyendo el trasvase del Ebro por desaladoras, idea que calificó de "acertadísima", sino con medidas de reducción del consumo. También reclamó una evaluación ambiental de la alternativa del Gobierno.
En cuanto al impulso de un Consejo renovado, Sánchez considera "muy importante y vital" la representación de todas las organizaciones para crear un foro "plural", siempre y cuando se mantenga el mecanismo operativo. Finalmente, solicitó "urgencia máxima" para el "gravísimo" tema del cambio climático.
El secretario general de ASAJA, Juan Sánchez, tiene una sensación de "incertidumbre" por la rapidez de la alternativa del Gobierno al trasvase del Ebro. Además, apostó por, una vez cubiertas las necesidades de una cuenca, fijar el cauce ecológico por técnicos ajenos y atender con agua sobrante el principio de cohesión territorial. "No entendemos que el agua se vaya al mar, donde no tiene efectos ecológicos positivos", concluyó.