UPA-Castilla-La Mancha consideró hoy que el Plan Especial del Alto Guadiana debe aportar soluciones a los 30.000 pozos alegales, como condición imprescindible para que exista consenso en su aprobación, ya que de no ser así, UPA estima que este Plan difícilmente podrá cumplir con los objetivos que se propone.
Entre el repertorio de alegaciones presentadas por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos al Plan del Alto Guadiana, ésta es de especial importancia, señalan en nota de prensa, por la repercusión social que implica en miles de agricultores de la zona.
Por este motivo, UPA reclama que se dote de concesión "a todas las extracciones dedicadas al cultivo de leñosos y a otros cultivos hortícolas de carácter social". Estas concesiones deberán tener unas condiciones de igualdad con otras que se inscribieron en el Catálogo de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Según el secretario general de UPA-Castilla-La Mancha, Cristóbal Torres, el Plan debe servir "para enmendar las injusticias históricas que se han producido sobre las pequeñas explotaciones del Alto Guadiana, sometidas a una denegación constante del acceso al agua, y por tanto a la incertidumbre en la planificación de la actividad". Además el sistema de policía de la Confederación, ha impuesto miles de sanciones "que no habrían sido necesarias de aplicarse unos criterios de justicia social".
Para Torres, "no puede haber consenso sin reparar esta injusticia, a sabiendas de que el aumento de concesiones y concesionarios no tiene porqué implicar un mayor consumo de agua, si se aplica un sistema de redistribución desde criterios sociales, económicos y medioambientales".
En la zona del Alto Guadiana, donde se cultiva la mitad de la viña de todo el país, ha estado prohibido regar la viña porque el Estatuto de la Viña, el vino y los alcoholes lo prohibía desde 1971, y porque la declaración de sobreexplotación del acuífero 23, del año 1987, prohibía la realización de pozos en este acuífero, que se extendió de hecho al resto del Alto Guadiana.
La prohibición, explican, se levantó en 1995, tras varios años de sequía que hicieron perder nada menos que 100.000 hectáreas de viñedo en el Alto Guadiana. Esta situación hizo que la Unión Europea impulsara un programa de recuperación del viñedo, y que en 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadiana permitiera la realización de pozos, conforme al artículo 54.2 de la Ley de Aguas, en los acuíferos no declarados sobreexplotados; resolviendo, "aunque tarde", una injusticia histórica.