La Comisión Europea explicó hoy el gasto de los 19,6 millones de euros que Francia recibió a cargo del Fondo de Solidaridad de la UE por las inundaciones de diciembre de 2003 que asolaron el sur del país, con motivo de la firma de esta ayuda de urgencia por parte del comisario de Política Regional, Jacques Barrot, y el ministro francés de Transportes, Gilles de Robien. Así, Bruselas indicó que estos fondos han permitido la puesta en marcha de infraestructuras que gestionan el agua para el sector agrícola, la inspección de los equipamientos y grandes infraestructuras de la región, junto con la creación de albergues provisionales y las labores de limpieza de las zonas afectadas y el litoral. El 1 de diciembre de 2003, fuertes inundaciones devastaron el valle meridional del río Ródano causando gravísimos daños en los tres departamentos de Le Gard, Vaucluse y Bouches-du-Rhône, que cuentan con una población de 295.000 habitantes.
Bruselas estimó que se vieron afectados por las riadas en torno a 8.400 casas o apartamentos y negocios privados, y toda la zona industrial de Arlés en la que quedaron anegadas alrededor de 700 empresas. Las infraestructuras públicas sufrieron grandes daños en los sectores del transporte, el suministro de electricidad y de agua potable, las redes telefónicas y las escuelas.
El total de los daños directos se calculó en 785 millones de euros, a los que aportó su contribución el Fondo de Solidaridad para compensar los costes ocasionados por intervenciones de emergencia (las operaciones de este tipo que pueden optar a las subvenciones ascienden a 131,6 millones de euros).
La CE consideró que las inundaciones cumplían los requisitos para acogerse a la ayuda enmarcada en el criterio de "catástrofe regional excepcional" del reglamento del Fondo de Solidaridad, por lo que recomendó conceder la cantidad de 19.625 millones de euros.
Tras las inundaciones que asolaron Europa central en agosto de 2002, se decidió crear un nuevo instrumento de la UE para conceder ayuda de emergencia a los Estados miembros y a los países adherentes en caso de catástrofe grave.
Así, se convinieron los instrumentos jurídicos y presupuestarios para tener un máximo de 1.000 millones de euros al año disponibles. Para poder acogerse a la ayuda en virtud del Fondo de Solidaridad, los países que han sufrido una catástrofe grave tienen que facilitar un cálculo exacto de los daños producidos y cumplir unos criterios específicos.
Asimismo, tienen que garantizar que los fondos de la UE se utilizarán para cubrir las necesidades más urgentes. Una 'catástrofe grave' es un suceso que causa daños calculados en torno a 3.000 millones de euros o a una cantidad superior al 0,6 por ciento de la renta nacional bruta del Estado de que se trate. En circunstancias y condiciones excepcionales, una región puede también beneficiarse de la ayuda del Fondo