El Ministerio de Medio Ambiente estudia modificar las sociedades estatales de agua

Valencia

El Gobierno central tiene previsto realizar una profunda reforma de las confederaciones hidrográficas, acorde con la directiva marco de agua de 2000, para incrementar la participación social de estos organismos, en la actualidad dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, entre otras cuestiones. El ejecutivo socialista prevé que en las juntas de gobierno participen miembros del ministerio y las comunidades autónomas Ñde acuerdo con una ponderación más paritaria que la que se encuentra en vigorÑ, expertos como también representantes de usuarios y del resto de organizaciones sociales: sindicatos, empresarios, organizaciones ecologistas, asociaciones vinculadas con la pesca y los deportes fluviales, etc.

Se ampliará la composición de las juntas de explotación Ñque absorberán las comisiones de desembalseÑ para dar entrada a las comunidades autónomas, al igual que en las juntas de obras, donde los gobiernos regionales sólo accederán cuando aporten financiación.

Las sociedades estatales de aguas, creadas por el Gobierno del Partido Popular, también serán renovadas por su «incompatibilidad», según los socialistas, con el nuevo modelo propuesto. Estas organizaciones, como Trasagua (para impulsar el trasvase del Ebro previsto en la ley del Plan Hidrológico Nacional) o Aguas del Júcar SA (trasvase Júcar-Vinalopó, entre otras actuaciones), que fueron concebidas como instrumentos para promover infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, serán dotadas de una organización que garantice la participación social.

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Política Territorial del PSPV-PSOE, Francesc Signes, explicó a Levante-EMV que la reforma de los organismos de cuenca es «imprescindible» para «introducir racionalidad en el uso del agua (más eficiencia económica, más cohesión social y territorial y más protección ambiental) garantizando adecuadamente su condición de bien público, en el contexto de la profundización del Estado de las Autonomías». Esta reforma «hará efectivo el control social, la transparencia y la participación ciudadana, mientras cumplirá adecuadamente la normativa europea, requisito indispensable, entre otras cosas, para obtener financiación comunitaria para proyectos concretos», argumentó.

Signes lamentó que el Ejecutivo popular «mantuviera una administración pública del agua absolutamente deficiente, al servicio de opciones conflictivas y obsoletas, desde un enfoque centralista inaceptable e incompatible con el modelo territorial defendido por los socialistas».

Conferencia Sectorial

La gestión de caudales en cada cuenca «debe responder a criterios explícitos de cohesión social, eficiencia en el uso del agua y de protección y restauración de los ecosistemas», subrayan los planes del PSOE. En cada cuenca hidrográfica se propiciará, además, «la necesaria coordinación y cooperación entre las diferentes administraciones, incluidos los ayuntamientos, en el marco más amplio de las grandes directrices políticas establecidas en la Conferencia Sectorial del Agua que quedaría vinculada a los debates del Senado».