Hasta el cambio en la Ley de Aguas se pondrán en marcha centros de intercambio de derechos del agua, para aquellas concesiones caducadas o en desuso
MADRID. La reasignación de concesiones de agua es otra de las medidas que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, plantea para que se haga una gestión más eficaz del recurso. De lo que se trata es de que aquellas concesiones de derechos de uso de agua que hayan caducado o que ya no se utilicen sean rescatadas por las Confederaciones Hidrográficas para volver a ofertarlas. No obstante, la Ley de Aguas sólo establece esta posibilidad para casos de sequía y otras circunstancias excepcionales, y sólo permite la adquisición temporal, nunca definitiva. Por tanto, será necesario modificar la Ley de Aguas para que puedan crearse estos Bancos Públicos del Agua, que el Gobierno quiere crear en cada cuenca. Mientras llega esa modificación legislativa, lo que se pondrá en marcha serán centros de intercambio de derechos del agua.Pero la gran apuesta de esta alternativa al trasvase del Ebro es la desalación, de la que procederá la mitad de los recursos que la ministra ha ofrecido hoy a los presidentes de los Ejecutivos de Valencia y Murcia. Así, la creación o ampliación de ocho desaladoras (cinco en Murcia y tres en Alicante), con un coste estimado de 408 millones de euros, aportarán la mayor parte de los recursos hídricos a la cuenca del Segura (211 hectómetros cúbicos) en el plan presentado por el Gobierno.En Murcia se lograrían en total 140 hectómetros cúbicos al año con una inversión de 276 millones en cinco plantas: la del Campo de Cartagena (93 millones y 52 hectómetros por año), una planta para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura (47 millones y 30 hectómetros/año), una en el Guadalentín (34 millones y 17 hectómetros), otra para riego en Murcia (42 millones y 20 hectómetros) y la ampliación de la que tiene la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (47 millones y 21 hectómetros).En Alicante se prevén desaladoras que suman 71 hectómetros cúbicos al año y un coste de 132 millones: la de La Pedrera (15 hectómetros y 30 millones), otra para L´Alacantí y la Vega Baja (50 hectómetros y 90 millones) y una más para la mejora de la calidad en Pilar de la Horadada (6 hectómetros y 12 millones).El resto del agua vendrá de la mano de actuaciones sobre la gestión, en concreto para la modernización de los riegos tradicionales, reutilización de aguas depuradas y el desarrollo de programas para captación de aguas subterráneas para abastecimiento y regadíos.Estas medidas suman un total de 634 hectómetros cúbicos para las cuencas del Segura y del Júcar, con inversiones superiores a los 2.200 millones de euros. Ahora falta conocer cuál es la alternativa concreta para Cataluña y Andalucía, que también eran Comunidades receptoras del trasvase del Ebro. Las reuniones de la ministra con los presidentes de estas Autonomías serán la próxima semana