La Comisión Europea (CE) recordó hoy que son las autoridades españoles las que tienen la competencia de paralizar las obras del trasvase del Júcar-Vinalopó, aunque señaló que una decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contraria al proyecto basada en "informaciones válidas" permitiría al Ejecutivo comunitario pronunciarse a favor de una suspensión de la financiación de este trasvase, actualmente en ejecución. Asimismo, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo invitó a las autoridades españolas a acudir al hemiciclo por si cree necesario "reconsiderar" su posición, dado el cambio de color del actual Gobierno. El representante del Ejecutivo comunitario, Eusebio Murillo, aseguró que la CE pidió un informe detallado al BEI y que su decisión se basó en ese análisis, que señala que es posible ahorrar agua y, consecuentemente, el proyecto se justifica en la "reasignación" del agua de esta cuenca de forma más eficaz.
Por su parte, tras escuchar a los detractores del trasvase el representante del Banco Europeo de Inversiones, José Frade, aseguró que la entidad ha realizado análisis, en base a datos de los últimos 50 años, que señalan que el consumo futuro del agua no corresponde principalmente a la industria, parques o zonas urbanas sino que el 80 por ciento iría destinado al regadío. Según destacó lo importante sería sin embargo controlar la gestión del agua para evitar problemas futuros de consumo.
El trasvase del agua del Júcar al Vinalopó --primer proyecto del Plan Hidrológico Nacional para el que se ha pedido financiación comunitaria-- continúa recibiendo críticas por parte de diferentes grupos parlamentarios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales, que inciden especialmente en sus consecuencias medioambientales y ecológicas.
Actualmente, el Júcar entrega al mar 80 hectómetros cúbicos de agua, un 4 por ciento de lo que vertía hace nueve años, y lo que se pretende es trasvasar esa cantidad al Vinalopó, con lo que se acabaría con el río, que está "en una situación extrema", según palabras del portavoz de la fundación `Nueva Cultura para el Agua`, Antonio Esteban, quien indicó que las "más de 100.000 hectáreas destinadas al cultivo del maíz son las que están secando el río".
Esteban criticó con dureza la actuación del anterior Ejecutivo de José María Aznar y señaló que "engañó a la CE" porque aseguró que el Júcar tenía asignado un caudal ecológico, cuando eso "no era cierto". Además, indicó que lo que el Gobierno anterior planteaba era, a través del trasvase del Ebro, "rellenar" el Júcar, y con el agua de este río hacer lo mismo con el Vinalopó. Por tanto, dijo, "era una derivación del trasvase del Ebro", pero lo expuso como "dos trasvases independientes".
No obstante, existía una solución alternativa, la utilización del canal del Tajo-Segura, pero las autoridades nacionales consideraron que el canal "estaba saturado", cuando en realidad "puede llevar diez veces más" de agua de lo que el Gobierno planteó.
Otra parte de la alternativa era la desalación del agua del mar. Sin embargo, según las palabras de Esteban, el Gobierno aportó "un presupuesto de desalación con costes mucho más caros que los reales", por lo que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) desestimó esta posibilidad.
Por todos estos motivos, el portavoz de `Nueva Cultura para el Agua` consideró que este trasvase "es una obra insostenible, el Gobierno lo sabía y por eso envió datos falsos a la Comisión Europea". Por ello, planteó al BEI que "rehaga su trabajo" accediendo a datos reales para sacar las conclusiones adecuadas, ya que no se puede "consentir" que la construcción del proyecto continúe.

12.000 FIRMAS CONTRA EL TRASVASE.

Por su parte, el representante de la asociación `Júcar Vivo`, Carlos Arnal, indicó que se han recogido 12.000 firmas que apoyan un manifiesto contra el trasvase y que ha sido suscrito por 17 ayuntamientos, lo que supone alrededor de 200.000 habitantes, donde plantean la revisión urgente de la cuenca del Júcar basada en "datos actuales", la paralización cautelar de las obras, el establecimiento de un caudal mínimo que ahora no existe y la elaboración de un plan de salvación para el río.
Arnal aseveró que el aumento del déficit hídrico se deriva "del crecimiento urbanístico desmesurado, la industria y cierto tipo de turismo", y que no serán los agricultores "ni sus principales beneficiarios ni los destinatarios directos", sino que el agua del trasvase irá dirigida a "campos de golf, piscinas y jardines". Además, indicó que el Parque Natural de la Albufera, el segundo humedal de la costa mediterránea, se verá seriamente afectado porque depende directamente del agua del Júcar.
Por otra parte, el representante de Izquierda Unida Verde en la Comunidad Valenciana, Joan Ribó, exigió al BEI la revisión de sus datos, ya que se basó en informes "ahora irreales" porque no tuvo en cuenta los regadíos que existen actualmente en la zona manchega.
Por eso consideró necesario la paralización del proyecto y la garantía de asignación de un caudal ecológico para el Júcar que asegure la supervivencia del Parque Natural de la Albufera "gravemente amenazada con este plan", indicó Ribó.
Asimismo, pidió la "garantía imprescindible" de abastecimiento de agua para los regadíos históricos, que hoy en día reciben una cantidad mucho menor de agua de la habitual, y de la zona metropolitana, a la vez que aseguró que el Júcar "va camino de convertirse en una cloaca", donde van las "aguas residuales mal depuradas" de los pueblos colindantes.
El representante de Adena, Enrique Segovia, continuó en la línea del resto de ponentes, y matizó que si la cantidad de agua que pretende ahorrarse en el Júcar se trasvasa al Vinalopó, "la Albufera se seca". Asimismo, se mostró "indignado y discriminado" por el Banco Europeo de Inversiones porque no habían sido consultados, sino que este órgano sólo pidió informes "a los sectores favorables al trasvase". Además, la europarlamentaria de Izquierda Unida, María Luisa Bergaz Conesa reiteró que las informaciones barajadas por el BEI eran "sesgadas e imparciales", por lo que creyó que si existe una financiación del trasvase, el Parlamento Europeo estará "incumpliendo la directiva marco del agua".