Las Cortes Valencianas aprobaron hoy por unanimidad en la Comisión de Obras Públicas y Transportes una proposición no de ley de L´Entesa en la que se reclamaba instar al Consell a que realice cuantas gestiones sean necesarias ante la Confederación Hidrográfica del Júcar y la administración central para que establezca un calendario de actuaciones dirigidas a ejecutar el Plan de avenidas del Júcar que fue elaborado como consecuencia de la pantanada. .
El grupo parlamentario popular presentó una enmienda al texto, que no fue aceptada, en la que reclamaba "la más rápida ejecución de las actuaciones previstas para la Comunidad Valenciana en el anexo II de la Ley del Plan Hidrológico Nacional", especialmente, las relacionadas con la defensa contra inundaciones, la depuración y la reutilización de aguas residuales, la modernización de regadíos, la desalación y la redistribución de recursos, con el objetivo de que estén concluídas dentro de la actual legislatura. .
Los populares también solicitaban que se mantenga el "esfuerzo inversor y la colaboración con la Generalitat Valenciana en materia de infraestructuras hidráulicas que ha permitido poner en marcha en la Comunidad Valenciana durante las dos últimas legislaturas, una nueva política del agua, basada en el ahorro y la gestión racional de los recursos". .
El portavoz del grupo parlamentario popular Rafael Maluenda, aseguró que sería un "error histórico del PSOE" paralizar el PHN, "un proyecto tan importante para la Comunidad Valenciana" y aseguró que el 50 por ciento de las inversiones globales previstas está en ejecución. .
Por su parte, el portavoz socialista de Infraestructuras, José Antonio Godoy, indicó que las inversiones del Anexo II del PHN "irán adelante" sin la "menor duda" , con "más decisión" y hablando con los sectores implicados. Godoy afirmó que el gran error del PP en esta materia ha sido "creer que las cosas se pueden hacer sólo de una forma y sin consenso". .
Asimismo, dijo que hasta el momento,respecto al Plan de Avenidas del Júcar "se han dormido en los laureles" las administraciones implicadas. "Ha habido trabajo, pero no inversiones", aseguró, porque estando avanzado el año 2004 "no hemos visto empezar ninguna obra civil ni poner primeras piedras". .
La diputada de L´Entesa, Dolors Pérez, aseguró que "gobierne quien gobierne, no nos pueden dejar pendientes de algo que necesitamos imperiosamente" y lamentó que el Plan de Avenidas no se haya realizado a pesar de las reuniones registradas entre los ayuntamientos implicados, el Gobierno Valenciano y el de la nación. .
Además, se aprobó también por unanimidad una enmienda transaccional de todos los grupos a una iniciativa de L´Entesa en la que se reclama instar al Consell a que solicite al gobierno central que la Confederación Hidrográfica del Júcar impulse las tareas de limpieza y mantenimiento, garantizando el estado óptimo de las aguas y los cauces comprendidos en el ámbito de la cuenca para contribuir a reducir los riesgos de inundación en la Comunidad Valenciana. .
TERRENOS DE DEFENSA .
También por unanimidad se aprobó una iniciativa socialista en la que se reclama al gobierno del Estado que realice todas las gestiones necesarias a fin de que los terrenos de los cuarteles desocupados y/o los terrenos sin uso que sean propiedad del Ministerio de Defensa ubicados en los términos municipales de los ayuntamientos valencianos sean cedidos a las correspondientes corporaciones locales para que, una vez recalificados, los destinen a la construcción de viviendas de protección pública. A la iniciativa se incorporó una enmienda del grupo de L´Entesa en la que se especificaba también el carácter social. .
Los populares, según argumentó la diputada Mónica Lorente, apoyaron la iniciativa para no ser "incongruentes" con la politica de la Generalitat Valenciana, y porque en la etapa popular en el gobierno de la nación, aseguró, se firmaron 169 convenios de este tipo en todo el estado. Asimismo, manifestó que espera que el actual ministro de Defensa, José Bono, mantenga estos criterios y recordó que al menos, siete de los convenios aludidos se firmaron en su día con el gobierno de Castilla la Mancha, del que Bono era presidente. .
Por otro lado, los populares rechazaron una propuesta de los socialistas que reclamaba la redacción de un Plan de Infraestructuras Estratégicas, alegando que ya está presentado. La oposición recriminó al PP que el plan aludido no está aprobado.