Las Cortes de Aragón exigen la derogación formal del decreto del trasvase
Fri, 23/05/2008
En el pleno de las Cortes celebrado hoy los cinco grupos votaron, durante más de una hora y media y tras dos recesos, dos iniciativas presentadas por CHA e IU, acerca del decreto ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de Barcelona y su entorno.
Todos los grupos acabaron votando a favor de esta exigencia de derogación: Chunta Aragonesista en ambas iniciativas; PSOE y PAR en la de CHA, y PP e IU en la de Izquierda Unida, en un cambio de apoyos, después de que se produjera un malentendido en torno a la posibilidad de votar por separado los dos puntos de la iniciativa de CHA.
PAR y PSOE aseguraban que en la negociación de la iniciativa, durante el receso, se pactó la votación por separado de los puntos de la enmienda, mientras que PP e IU defendían lo contrario.
Al final, las Cortes han exigido la derogación del decreto ley por cuanto "se han superado las circunstancias de extraordinaria necesidad que han motivado su aprobación y, en consecuencia, el mismo ha perdido su vigencia".
También, en el segundo punto de la propuesta de CHA, ejercitar todas las acciones políticas y recursos que corresponda ante todos los actos del Estado o la Generalitat de Cataluña en virtud de lo previsto en el decreto ley, solicitando las medidas cautelares pertinentes que tengan como finalidad la ejecución de las obras de la tubería.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, mostró su disconformidad de base con el propio decreto en tanto en cuanto, dijo, avala un trasvase más allá de que se hayan superado las circunstancias de excepcionalidad con las últimas lluvias, por lo que estimó que lo pertinente es pedir la derogación "sin más" para no dar "argumentos a futuro" a quienes pidan otras transferencias de caudales del Ebro.
Por CHA, Bizén Fuster, hizo hincapié en que ha quedado demostrado, tras las declaraciones de representantes del Gobierno central y del catalán, que éste no era un trasvase transitorio, sino permanente, y la lluvia ha dejado "al descubierto" las verdaderas intenciones de ambos Ejecutivos.
El portavoz del PP, Antonio Suárez, también hizo otra constatación: que se desmorona, a su juicio, el argumento del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, de que éste no era un trasvase del Ebro sino una transferencia entre sistemas de las Cuencas Internas de Cataluña.
Se preguntó, entonces, por los motivos por los que ahora el Gobierno de Aragón plantea un recurso contra el decreto ley "si según Iglesias no afectaba a la cuenca del Ebro".
Por eso anunció la presentación en el Parlamento aragonés de dos iniciativas para que también las Cortes planteen un recurso ante el Tribunal Constitucional y para obligar al Gobierno de la Nación a que se siente en la Comisión Bilateral con el Ejecutivo aragonés que prevé el Estatuto de Autonomía de Aragón.
El socialista Javier Sada recordó que el PSOE aragonés siempre ha dicho "no" a los trasvases, que fue un presidente socialista (José Luis Rodríguez Zapatero) quien derogó el del popular José María Aznar, de 1.050 hectómetros cúbicos, y que los argumentos que usó el PSOE para avalar el decreto ley cuando había urgencia en Barcelona son lo que legitima ahora la posición del Gobierno aragonés en contra del decreto.
Todos los grupos acabaron votando a favor de esta exigencia de derogación: Chunta Aragonesista en ambas iniciativas; PSOE y PAR en la de CHA, y PP e IU en la de Izquierda Unida, en un cambio de apoyos, después de que se produjera un malentendido en torno a la posibilidad de votar por separado los dos puntos de la iniciativa de CHA.
PAR y PSOE aseguraban que en la negociación de la iniciativa, durante el receso, se pactó la votación por separado de los puntos de la enmienda, mientras que PP e IU defendían lo contrario.
Al final, las Cortes han exigido la derogación del decreto ley por cuanto "se han superado las circunstancias de extraordinaria necesidad que han motivado su aprobación y, en consecuencia, el mismo ha perdido su vigencia".
También, en el segundo punto de la propuesta de CHA, ejercitar todas las acciones políticas y recursos que corresponda ante todos los actos del Estado o la Generalitat de Cataluña en virtud de lo previsto en el decreto ley, solicitando las medidas cautelares pertinentes que tengan como finalidad la ejecución de las obras de la tubería.
El diputado de IU, Adolfo Barrena, mostró su disconformidad de base con el propio decreto en tanto en cuanto, dijo, avala un trasvase más allá de que se hayan superado las circunstancias de excepcionalidad con las últimas lluvias, por lo que estimó que lo pertinente es pedir la derogación "sin más" para no dar "argumentos a futuro" a quienes pidan otras transferencias de caudales del Ebro.
Por CHA, Bizén Fuster, hizo hincapié en que ha quedado demostrado, tras las declaraciones de representantes del Gobierno central y del catalán, que éste no era un trasvase transitorio, sino permanente, y la lluvia ha dejado "al descubierto" las verdaderas intenciones de ambos Ejecutivos.
El portavoz del PP, Antonio Suárez, también hizo otra constatación: que se desmorona, a su juicio, el argumento del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, de que éste no era un trasvase del Ebro sino una transferencia entre sistemas de las Cuencas Internas de Cataluña.
Se preguntó, entonces, por los motivos por los que ahora el Gobierno de Aragón plantea un recurso contra el decreto ley "si según Iglesias no afectaba a la cuenca del Ebro".
Por eso anunció la presentación en el Parlamento aragonés de dos iniciativas para que también las Cortes planteen un recurso ante el Tribunal Constitucional y para obligar al Gobierno de la Nación a que se siente en la Comisión Bilateral con el Ejecutivo aragonés que prevé el Estatuto de Autonomía de Aragón.
El socialista Javier Sada recordó que el PSOE aragonés siempre ha dicho "no" a los trasvases, que fue un presidente socialista (José Luis Rodríguez Zapatero) quien derogó el del popular José María Aznar, de 1.050 hectómetros cúbicos, y que los argumentos que usó el PSOE para avalar el decreto ley cuando había urgencia en Barcelona son lo que legitima ahora la posición del Gobierno aragonés en contra del decreto.