«Si la sequía va en serio en Cataluña las cosas pueden cambiar. Pero si llueve de un modo razonable de aquí al 31 de mayo le aseguro que dentro de cuatro años, cuando empiece una nueva legislatura, tendremos esta misma conversación». Enrique Cabrera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Valencia, está cansado de predicar en el desierto. En el fondo, recoge el testigo de otros científicos que le precedieron: en España ya hubo planes hidrológicos en 1902 y en 1933. Un siglo de pertinaz sequía y poco trabajo hecho. En la penúltima gran crisis, entre 1990 y 1995, hubo cortes de agua de hasta doce horas en Andalucía, lo que animó al socialista José Borrell a auspiciar un nuevo plan donde los trasvases tenían preferencia sobre las desaladoras (hace quince años la solución favorita de la actual dirección del PSOE estaba fuera del mercado por su alto coste: para obtener un metro cúbico de agua desalada había que gastar 8 kilovatios por hora, frente a los 3,5 de hoy). Lo que pasó con aquel PHN y con el que diseñó el Gobierno de Aznar forma parte de la historia contemporánea del enredo político. Reparto desigual El caso es que en España llueve, aunque suene a farol. Unos 650 litros por metro cuadrado al año. «No tanto como en otros países europeos, pero al menos lo suficiente como para tener cubiertas anualmente las demandas de agua», señala Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante. «El problema es su reparto regional. Tenemos montañas bien expuestas a las borrascas del Atlántico, que permiten atrapar grandes cantidades de lluvia, pero también zonas más llanas y menos orientadas a las precipitaciones atlánticas que reciben aportaciones escasas. A este desigual reparto se suma otro hecho fundamental: al estar la península Ibérica situada cerca de la zona subtropical es normal que algunos años se refuerce el anticiclón de Azores, entren menos borrascas de lo normal y se desarrollen secuencias de sequía intensas. Somos, por tanto, un territorio expuesto de forma natural a las sequías». A la particularidad geográfica se une la implantación de actividades económicas y el crecimiento de las ciudades que reclaman agua para su desarrollo. «Curiosamente, allí donde hay menos recursos hídricos, como en el litoral mediterráneo, otro elemento climático —la abundancia de horas de sol— favorece la concentración de agriculturas competitivas y de actividades turísticas que reúnen mucha población y elevan las demandas», continúa Olcina. «La solidaridad regional y los sistemas de compensación son la clave para favorecer una distribución equilibrada del agua. Pero es lógico entender también que las áreas donde el cielo es más generoso con el suelo conviertan su recurso en bandera de reivindicaciones». Un arma de confrontación bien aprovechada por los políticos para cosechar votos. Auditar las fugas Los políticos, ahí está el quid de la cuestión. «Si trabajaran a medio o largo plazo otro gallo cantaría, pero están presionados por el corto plazo. Ahora el Gobierno tiene cuatro años por delante para tomar medidas impopulares pero, al mismo tiempo, eficaces», sostiene el catedrático Enrique Cabrera. «La gestión del agua es muy mala. Siempre se piensa en buscar más recursos en lugar de manejar mejor los que tenemos. Entre un 25 y un 35 por 100 del agua que circula por las tuberías (hay unos 100.000 kilómetros de conducciones, muchas de ellas muy viejas) se pierde por las fugas. Hay abastecimientos en que esa cifra llega al 80 por 100. Es un escándalo. Igual que existe una agencia tributaria que vigila las “fugas” de dinero, debería existir un organismo similar que realizara auditorías y pudiera denunciar las deficiencias de la red hídrica». Tocar los bolsillos La clave para que los usuarios no se inmuten ante tal despilfarro está, naturalmente, en el dinero. En opinión de Cabrera, «en España se paga un precio político, ridículo, porque se tiene la idea de que el agua cae del cielo y es gratis. Pero las infraestructuras no lo son, y esas inversiones las debe pagar el usuario. La tarifa del agua potable debería multiplicarse por cuatro, y la del saneamiento, por cinco. De una forma escalonada —a partir de 10 metros cúbicos pagas más y así progresivamente— para que cunda la idea de que si te pasas te va a costar caro. Mientras eso no ocurra, ¿por qué va a arreglar alguien las tuberías?». Otro melón que tendrá que abrirse tarde o temprano es el de la agricultura, un sector que se «bebe» en torno al 80 por 100 del agua que consumimos en España, lo que suma cerca de 20.000 hectómetros cúbicos anuales. Entre el 50 y el 70 por 100 del líquido extraído se pierde debido a la evaporación o las fugas. El transporte por gravedad, a través de surcos hechos en la tierra que permiten que se encharquen los campos, es el sistema más utilizado y también el más derrochador. «Seamos serios: regar los Monegros no tiene ningún sentido», dice Enrique Cabrera. «Ni tampoco gastar 12.000 metros cúbicos por hectárea para una producción que no es rentable, pero que tiene subvención europea. Hay que plantear un gran debate nacional para acabar con estas situaciones irracionales». Los expertos creen necesario reorientar la planificación de los recursos y volver a sentar a técnicos, usuarios y políticos para superar las dificultades del actual PHN —que sigue vigente, aunque sin trasvase del Ebro (lo que aprobó el último Consejo de Ministro para Barcelona fue, como todo el mundo sabe, una «conducción urgente de agua»). Fomentar el ahorro y actualizar el precio. Los trasvases —si se llevan a cabo— deben tener el visto bueno de todas las partes implicadas. Y el litoral mediterráneo debe evitar un crecimiento insostenible y no descartar la desalación como alternativa.