No son dueños del agua, sino titulares de una concesión. Pero eso no impide que cualquier gobierno que haya siquiera intentado extraer agua del Ebro termine por pactar con ellos. Son los regantes del delta del Ebro: 9.500 personas repartidas en dos comunidades (una para cada margen del río) que en el pasado apoyaron el Plan Hidrológico Nacional (PHN) y ahora rechazan la interconexión de las redes del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) con las tuberías de Aguas del Ter-Llobregat.
Toneladas de arroz. En casi toda la superficie del delta -más de 22.000 hectáreas, como otros tantos campos de fútbol- crece el 98,5% del arroz que se produce en Cataluña, el 20% del total estatal, según la cooperativa Arrossaires del Delta de l'Ebre. El agua de los regantes sirve para eso y, en menor medida, para regar cítricos y huerta.
El origen de los regantes se remonta al siglo XVIII cuando, bajo el reinado de Carlos III, se construyó el canal de la derecha, ideado para favorecer la navegación y el transporte de mercancías. En 1867 obtuvieron su primera concesión. Era a un plazo de 99 años. Cuando éste terminó, en 1966, el régimen franquista renovó la licencia.
La comunidad de la derecha dispone hoy de una concesión de 26 metros cúbicos por segundo. La de la izquierda -uno de los tres canales de riego de España que no son de propiedad estatal- dispone de 19.
El CAT -cuya ley en 1981 fue votada por UCD y CiU con la oposición del PSOE y contó con el apoyo de los regantes, que lograron cobrar los cuatro millones de euros anuales que hoy reciben- extrae de ambos canales 3,85 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 121 hectómetros cúbicos anuales. De éstos, en 2007 empleó sólo 80. Una cantidad suficiente para abastecer regularmente a medio millón de personas en 71 municipios del Camp de Tarragona, además del turismo de temporada de la Costa Dorada, y el mayor complejo petroquímico del sur de Europa.
'Los regantes no siempre han defendido los mismos intereses que el territorio, aunque tampoco es su función', señalan fuentes del PSC. De hecho, los regantes y la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) mantuvieron un agrio conflicto público que incluso llegó a los tribunales durante el último mandato de José María Aznar, en plena efervescencia de aquel movimiento social sin precedentes en Cataluña, que terminó con la derogación del PHN nada más acceder el PSOE al poder. Fuentes de CiU consideran a los regantes 'una oportunidad, aunque desaprovechada' para una buena gestión del agua. Y recuerdan que allá donde hay riego sin comunidad que lo controle, la gestión del agua es nefasta. 'Podrían regar menos hectáreas, gastar menos agua, y ayudar a proteger un delta sobreexplotado', señalan esas fuentes.
La plataforma acusa a las directivas de los regantes de ejercer, históricamente, de 'mercaderes'. Ambas comunidades estuvieron de acuerdo con el trasvase del Ebro que propuso el entonces ministro socialista José Borrell a principios de los noventa. También ambas formaron parte del Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro, órgano que debía organizar las compensaciones que recibiría del Estado por un PHN que preveía la extracción de 1.050 nuevos hectómetros cúbicos. La mayoría, hacia Valencia, aunque también a Barcelona.
Hoy, Barcelona precisa menos de 50 hectómetros, que además no supondrán extraer más agua del río: la cantidad saldrá de lo que no consume el CAT. Sin embargo, la ley de 1981 fija que el agua no puede salir de la provincia de Tarragona, por lo que los regantes estudian el decreto que el viernes autorizó la conexión para determinar si puede ser un fraude de ley. En el conflicto actual, la plataforma ha felicitado a ambas comunidades por oponerse a la interconexión de redes. Los regantes arguyen que no se les ha tenido en cuenta y, aun oponiéndose, son favorables al diálogo. 'Hablando se entiende la gente', dice el presidente de la comunidad de la izquierda, Lluís Pegueroles.
La composición sociológica de las comunidades es fácil de explicar. Cada voto en cada comunidad no corresponde a una persona, sino a la cantidad de tierra de que disponga. Por eso, los grandes empresarios de la zona han mantenido siempre el control en las juntas. Sin embargo, durante la pasada guerra del agua el movimiento social facilitó una renovación en la comunidad de la izquierda, que hoy es cercana a los postulados de las PDE, aunque mantiene un pacto con los regantes de la derecha para ofrecer una misma posición negociadora. 'Sin el apoyo de los terratenientes, difícilmente puede alguien presidir las comunidades', dice un representante político de Tortosa. 'Son siempre los interlocutores', sentencia un dirigente de CiU, quien añade: 'No deberían ser los únicos. Hace falta un gran acuerdo territorial: hay más usuarios del agua'.
Los regantes ya reciben una compensación por los 121 hectómetros cúbicos anuales que ceden al CAT: cuatro millones de euros. El consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, asegura que estudiará 'compensaciones' para los regantes y que la Generalitat comprará derechos de agua, aunque éstos no cederán más líquido del que ya prestan en la actualidad.
'Cada vez que se ha intentado legislar en serio sobre el agua, surgen guerras territoriales, que se complican al convertirse en guerras políticas', señala un dirigente de CiU, que sostiene que esta situación convierte de hecho a los regantes en los gestores omnipotentes del agua. Ni los municipios que se abastecen del Ebro para uso doméstico, ni la Cámara de Comercio de Tortosa, han tenido en ningún proceso de trasvase tanto peso político como los regantes.