El Ejecutivo aragonés, en una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno, ha aprobado hoy un acuerdo, por el que se adoptan tres medidas sobre el abastecimiento de agua a Barcelona. Las medidas aprobadas son instar al Gobierno central a que aporte toda la información con carácter de urgencia sobre este proyecto; encargar un informe para determinar la naturaleza jurídica del mismo, y pedir a las Cortes de Aragón que inicien la elaboración de otro informe.


La reunión, convocada hoy por el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, tenía como objetivo analizar y adoptar una postura ante la prolongación del minitrasvase del Ebro a Tarragona, pactado ayer entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña con el fin de aportar a Barcelona y su entorno 50 hectómetros cúbicos de agua procedente de excedentes de los regantes del Delta.


El consejero de Presidencia del Ejecutivo aragonés, Javier Velasco, y el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, han comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno. Boné ha precisado que el objetivo del informe jurídico encargado para conocer la naturaleza jurídica del proyecto tiene como finalidad determinar si la actuación que se va a desarrollar para el abastecimiento de agua a Barcelona es "jurídicamente trasvase o no lo es" ya que a su entender ésta es "una cuestión jurídica no política".


El informe será elaborado por la Comisión Jurídico Asesora. Boné ha abogado por "ser prudentes para no aventurar ningún tipo de especulación más". Respecto a la petición de información urgente al Gobierno central sobre el proyecto, el consejero dijo que hasta ahora "tenemos solamente conocimiento a través de los medios de comunicación" y "queremos saber la naturaleza del proyecto, sus peculiaridades, para poder analizarlo".


Además, el Gobierno ha decidido dirigirse a las Cortes de Aragón para que "empiece a elaborar el informe preceptivo que recoge nuestro Estatuto de Autonomía y que va a suponer la posición de Aragón frente a este proyecto".


Concretamente, el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón precisa que para la defensa de los derechos relacionados con el agua la comunidad autónoma aragonesa emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El artículo agrega que el Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las comunidades autónomas que puedan resultar afectadas.


El Consejo de Gobierno ha acordado al respecto poner a disposición de las Cortes los medios técnicos del Ejecutivo. Boné ha señalado que se trata de "una medida preventiva antes de conocer incluso jurídicamente si este proyecto ese puede calificar de trasvase o no para adelantar las gestiones lo más rápidamente posible".


ACTUACIÓN RÁPIDA.


El consejero de Medio Ambiente ha estimado que "el Ejecutivo aragonés ha actuado "rápidamente, se ha hecho un Consejo de Gobierno extraordinario y hemos implementado unos acuerdos" por los que "nos vamos a dirigir al Gobierno de la nación" puesto que "hay que poner en marcha toda una serie de mecanismos de participación que se derivan del Estatuto de Autonomía de Aragón".


Boné ha asegurado no haber tenido ningún contacto con su consejero homólogo en Cataluña y ha subrayado que "lo más importante es que conozcamos el proyecto, se elabore ese informe y sepamos jurídicamente la naturaleza del proyecto".


Tanto Boné como el comunicado enviado por el Gobierno de Aragón tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno reiteran su oposición a cualquier trasvase del Ebro, en correspondencia con el artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que obliga a los poderes públicos aragoneses a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma".


El Gobierno de Aragón recuerda que entre las medidas del acuerdo de Gobierno de coalición suscrito entre el PSOE y el PAR, que figura expresamente la "oposición a cualquier trasvase del Ebro". Además, el Ejecutivo autónomo subraya que, "en aras del respeto a la unidad de cuenca, la Administración General del Estado no puede adoptar acuerdos con una Comunidad Autónoma, de forma bilateral, que puedan afectar a otros territorios".


Asimismo, recuerda a la Administración General del Estado que debe adoptar los mecanismos de participación previstos en la legislación vigente, sin que los motivos esgrimidos de urgencia ni los plazos anunciados puedan justificar la suplantación de lo previsto en la normativa.


Finalmente, indica que el Estatuto de Autonomía de Aragón "obliga al Gobierno de España a propiciar el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas".