El trasvase a Barcelona reabre la guerra entre autonomías por el agua del Ebro
Thu, 17/04/2008
El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña por el que se cederán unos 40 hectómetros cúbicos de agua de Tarragona a Barcelona para hacer frente al suministro del área metropolitana ante la sequía actual ha vuelto a poner en el primer plano las disputas por los recursos hídricos.
Tanto los gobiernos regionales de la Comunidad Valenciana y Murcia ambos del Partido Popular como las principales asociaciones empresariales de estas zonas consideran que la decisión de la Administración socialista, que derogó el Plan Hidrológico Nacional, reabre la posibilidad de un trasvase del Ebro hasta sus territorios.
La decisión de optar por esta fórmula para hacer frente a los problemas de abastecimiento de Barcelona también puede tener efectos secundarios sobre el tripartito catalán. El secretario general de ICV, Jordi Guillot, valoró positivamente el acuerdo pero advirtió ayer de que su formación 'se marchará' del gobierno catalán si 'el día después de que se resuelva la emergencia' por la sequía en Cataluña, la tubería del 'ministrasvase' continúa bombeando agua.
Para los ejecutivos valenciano y murciano, la hasta ahora tajante oposición socialista a los trasvases ha quedado en entredicho con esta decisión, que aviva sus reclamaciones históricas para lograr parte de los excedentes del Ebro. Hoy mismo está previsto que se reúnan Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel en Alicante con el agua como la primera de sus reclamaciones.
Una postura que ayer volvió a ser manifestada por la patronal valenciana Cierval y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). 'Entendemos que si hay agua del Ebro para Cataluña también debe haberla para la Comunidad Valenciana', aseguró, Francisco Pons, presidente de AVE, que ayer precisamente presentó un informe sobre la situación hídrica de la región en el que se considera que los aportes externos previstos en el trasvase son necesarios para garantizar los usos actuales.
Uno de los autores del estudio, el director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, comparó la situación de Barcelona con la de Alicante: 'El problema de Alicante es más perverso, es estructural porque es una de las zonas de España donde más se concentra la sobrexplotación, mientras que en Barcelona es una situación coyuntural'.
La postura del Gobierno
Elena Espinosa, que acaba de hacerse con las competencias hídricas como ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, salió ayer en defensa del acuerdo. La ministra aseguró que el método que se ha utilizado en Cataluña para acordar el envío de agua del Ebro a Barcelona es el mismo que se aplicó en la legislatura anterior para realizar la misma operación con destino a la Comunidad Valenciana y Murcia y que, en el caso de estas últimas comunidades, se llevaron más hectómetros cúbicos. 'Aquí estamos hablando de que, en caso de necesidad, fueran 50 hectómetros cúbicos y en la legislatura anterior este mismo método se ha aplicado tanto a la Comunidad Valenciana como a Murcia y fueron casi 135 hectómetros cúbicos', aseveró.
El denominado minitrasvase de Tarragona supone transferir a Barcelona los excedentes de agua de los regantes del Delta del Ebro (Tarragona).
Los partidarios de este proyecto defienden que esta medida no supondrá captar del río 'ni un solo litro más'. El Consorcio de Aguas de Tarragona tiene una concesión para extraer 121 hectómetros cúbicos anuales, de los cuales sólo utiliza entre 75 y 80 hectómetros cúbicos. El acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Generalitat de Cataluña servirá para aprovechar los 40 hectómetros restantes que no se utilizan. Precisamente el l Gobierno se basa en que se trata de un cambio de la concesión ya existente para justificar que no se trata jurídicamente de un trasvase y omitir este término.
Los otros afectados
'Márketing verbal'
El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá,calificó ayer de 'márketing verbal' las explicaciones del Gobierno de Zapatero 'llamando conducción de agua a un trasvase'. Cerdá aseguró que 'pasar agua de una cuenca a otra, en este caso del ebro a otra, las cuencas internas de Cataluña, es un trasvase'.
El consejero murciano consideró 'necesario y justo' el traspaso de agua a Barcelona para hacer frente a sus problemas de suministro de agua por la sequía y reclamó 'la misma solidaridad para unas comunidades de España que sufren un déficit permanente de agua, en constante agravamiento'.
El Gobierno murciano considera que la medida aprobada por el Gobierno supone darle la razón con hechos.
El Ejecutivo socialista considera que se trata de un cambio de concesión para no hablar de trasvase
Efe
Copiar la fórmula legal
La Generalitat Valenciana estudia acciones legales que permitan 'hacer extensible' el acuerdo adoptado entre el Gobierno central y el catalán en beneficio de la Comunidad Valenciana. El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, advirtió ayer que se pondrán en marcha 'cuantas iniciativas, legales, políticas, sociales y de movilización sean necesarias para recuperar el Plan Hidrológico Nacional'.
En esta línea, esperará a conocer el contenido exacto del decreto-ley que regulará la aportación de agua del Ebro a Barcelona, para ver 'en qué términos se produce, a qué leyes afecta y si cumple la legalidad'. El presidente valenciano, Francisco Camps, inclusohabló de la posibilidad de convocar movilizaciones si se aprobaba esta cesión.
Iniciativa asegura estar dispuesta a dejar el tripartito si no se inutiliza la tubería tras la sequía
Precedente peligroso
El actual ejecutivo aragonés hizo de su política contraria al trasvase del ebro uno de sus grandes pilares. Su presidente, Marcelino Iglesias, convocó ayer con carácter urgente una reunión de su gabinete para estudiar los efectos del acuerdo entre el Estado y Cataluña. El Gobierno aragonés acordó pedir más información a la Administración central y ratificó su oposición a los trasvases.
Aunque Iglesias prefirio esperar hasta disponer de un informe sobre el acuerdo, consideró 'bastante logica' la reacción de Comunidad Valenciana y Murcia, con los que ha mantenido varios litigos por la inclusión del rechazo a los trasvases del Ebro en el Estatuto araonés, de reclamar excedentes del Ebro.
Una larga batalla
5 de julio de 2001. Se aprueba la ley del Plan Hidrológico Nacional, que incluye, entre otras medidas, el trasvase del Ebro a Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
10 de octubre de 2003. El tripartito catalán PSC, ERC e ICV-EUiA- firma el 'Compromís del Ebre', un documento en el que se comprometía a parar el PHN y todos los trasvases que implicaba.
18 de junio de 2004. Un Real Decreto Ley deroga el trasvase del Ebro y establece el Programa Agua, que lo sustituye por otras infraestructuras, principalmente desaladoras.
Tanto los gobiernos regionales de la Comunidad Valenciana y Murcia ambos del Partido Popular como las principales asociaciones empresariales de estas zonas consideran que la decisión de la Administración socialista, que derogó el Plan Hidrológico Nacional, reabre la posibilidad de un trasvase del Ebro hasta sus territorios.
La decisión de optar por esta fórmula para hacer frente a los problemas de abastecimiento de Barcelona también puede tener efectos secundarios sobre el tripartito catalán. El secretario general de ICV, Jordi Guillot, valoró positivamente el acuerdo pero advirtió ayer de que su formación 'se marchará' del gobierno catalán si 'el día después de que se resuelva la emergencia' por la sequía en Cataluña, la tubería del 'ministrasvase' continúa bombeando agua.
Para los ejecutivos valenciano y murciano, la hasta ahora tajante oposición socialista a los trasvases ha quedado en entredicho con esta decisión, que aviva sus reclamaciones históricas para lograr parte de los excedentes del Ebro. Hoy mismo está previsto que se reúnan Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel en Alicante con el agua como la primera de sus reclamaciones.
Una postura que ayer volvió a ser manifestada por la patronal valenciana Cierval y la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). 'Entendemos que si hay agua del Ebro para Cataluña también debe haberla para la Comunidad Valenciana', aseguró, Francisco Pons, presidente de AVE, que ayer precisamente presentó un informe sobre la situación hídrica de la región en el que se considera que los aportes externos previstos en el trasvase son necesarios para garantizar los usos actuales.
Uno de los autores del estudio, el director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas, comparó la situación de Barcelona con la de Alicante: 'El problema de Alicante es más perverso, es estructural porque es una de las zonas de España donde más se concentra la sobrexplotación, mientras que en Barcelona es una situación coyuntural'.
La postura del Gobierno
Elena Espinosa, que acaba de hacerse con las competencias hídricas como ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, salió ayer en defensa del acuerdo. La ministra aseguró que el método que se ha utilizado en Cataluña para acordar el envío de agua del Ebro a Barcelona es el mismo que se aplicó en la legislatura anterior para realizar la misma operación con destino a la Comunidad Valenciana y Murcia y que, en el caso de estas últimas comunidades, se llevaron más hectómetros cúbicos. 'Aquí estamos hablando de que, en caso de necesidad, fueran 50 hectómetros cúbicos y en la legislatura anterior este mismo método se ha aplicado tanto a la Comunidad Valenciana como a Murcia y fueron casi 135 hectómetros cúbicos', aseveró.
El denominado minitrasvase de Tarragona supone transferir a Barcelona los excedentes de agua de los regantes del Delta del Ebro (Tarragona).
Los partidarios de este proyecto defienden que esta medida no supondrá captar del río 'ni un solo litro más'. El Consorcio de Aguas de Tarragona tiene una concesión para extraer 121 hectómetros cúbicos anuales, de los cuales sólo utiliza entre 75 y 80 hectómetros cúbicos. El acuerdo al que llegaron el Gobierno y la Generalitat de Cataluña servirá para aprovechar los 40 hectómetros restantes que no se utilizan. Precisamente el l Gobierno se basa en que se trata de un cambio de la concesión ya existente para justificar que no se trata jurídicamente de un trasvase y omitir este término.
Los otros afectados
'Márketing verbal'
El consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá,calificó ayer de 'márketing verbal' las explicaciones del Gobierno de Zapatero 'llamando conducción de agua a un trasvase'. Cerdá aseguró que 'pasar agua de una cuenca a otra, en este caso del ebro a otra, las cuencas internas de Cataluña, es un trasvase'.
El consejero murciano consideró 'necesario y justo' el traspaso de agua a Barcelona para hacer frente a sus problemas de suministro de agua por la sequía y reclamó 'la misma solidaridad para unas comunidades de España que sufren un déficit permanente de agua, en constante agravamiento'.
El Gobierno murciano considera que la medida aprobada por el Gobierno supone darle la razón con hechos.
El Ejecutivo socialista considera que se trata de un cambio de concesión para no hablar de trasvase
Efe
Copiar la fórmula legal
La Generalitat Valenciana estudia acciones legales que permitan 'hacer extensible' el acuerdo adoptado entre el Gobierno central y el catalán en beneficio de la Comunidad Valenciana. El vicepresidente valenciano, Vicente Rambla, advirtió ayer que se pondrán en marcha 'cuantas iniciativas, legales, políticas, sociales y de movilización sean necesarias para recuperar el Plan Hidrológico Nacional'.
En esta línea, esperará a conocer el contenido exacto del decreto-ley que regulará la aportación de agua del Ebro a Barcelona, para ver 'en qué términos se produce, a qué leyes afecta y si cumple la legalidad'. El presidente valenciano, Francisco Camps, inclusohabló de la posibilidad de convocar movilizaciones si se aprobaba esta cesión.
Iniciativa asegura estar dispuesta a dejar el tripartito si no se inutiliza la tubería tras la sequía
Precedente peligroso
El actual ejecutivo aragonés hizo de su política contraria al trasvase del ebro uno de sus grandes pilares. Su presidente, Marcelino Iglesias, convocó ayer con carácter urgente una reunión de su gabinete para estudiar los efectos del acuerdo entre el Estado y Cataluña. El Gobierno aragonés acordó pedir más información a la Administración central y ratificó su oposición a los trasvases.
Aunque Iglesias prefirio esperar hasta disponer de un informe sobre el acuerdo, consideró 'bastante logica' la reacción de Comunidad Valenciana y Murcia, con los que ha mantenido varios litigos por la inclusión del rechazo a los trasvases del Ebro en el Estatuto araonés, de reclamar excedentes del Ebro.
Una larga batalla
5 de julio de 2001. Se aprueba la ley del Plan Hidrológico Nacional, que incluye, entre otras medidas, el trasvase del Ebro a Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
10 de octubre de 2003. El tripartito catalán PSC, ERC e ICV-EUiA- firma el 'Compromís del Ebre', un documento en el que se comprometía a parar el PHN y todos los trasvases que implicaba.
18 de junio de 2004. Un Real Decreto Ley deroga el trasvase del Ebro y establece el Programa Agua, que lo sustituye por otras infraestructuras, principalmente desaladoras.