El impulso privatizador en el sector del agua en EE UU.
Mon, 07/04/2008
En el año 2007, el sector del agua en EE UU alcanzó un volumen de inversión de 114.000 millones de dólares (tanto en distribución y tratamiento de agua potable como red y tratamiento de aguas residuales), lo que permite apreciar su relevancia. El impulso privatizador que se percibe en la actualidad en este mercado se debe en gran medida a las limitaciones presupuestarias del sector público, así como al interés que ha despertado en el sector privado.
En lo poco que llevamos de año se ha ratificado dicho impulso al anunciar United Water (filial del grupo francés Suez) la renovación por 10 años del contrato para gestionar los servicios de agua potable de la ciudad de Jersey, Estado de Nueva Jersey (operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, acueductos, sistema de distribución, atención al cliente y servicios de lectura y cobro) por 90 millones de euros. La adjudicación de dicho contrato ha contado con la aprobación de al menos tres agencias regulatorias con sede en dicho Estado. Las tendencias que se aprecian en EE UU en este sector vienen motivadas principalmente por los siguientes factores: aumento de la demanda de agua, fruto del crecimiento de la población y el incremento del consumo; obsolescencia de las instalaciones, debido a la falta de inversión y las mencionadas limitaciones presupuestarias, y mejora de la normativa relativa al servicio y estándares del agua, que está obligando a modernizar las instalaciones existentes. Dichos factores han contribuido a la aparición, entre otras, de las siguientes tendencias: gran corriente inversora, especialmente en el segmento del tratamiento y recuperación de aguas; construcción de plantas desaladoras (donde las empresas españolas, con una dilatada experiencia en la desalación por ósmosis inversa, han sido protagonistas); creciente impulso privatizador, a nivel estatal y local, y nuevas exenciones relativas a la financiación y amortización de los activos mediante las cuales las corporaciones locales que contraten con el sector privado a 20 años, durante ese periodo no estarán obligadas a aplicar ningún ingreso a la amortización de deuda que hayan emitido anteriormente en forma de bonos exentos de tributación (tax exempt bonds). Las cifras hablan por sí solas: de acuerdo con la Environmental Protection Agency (Agencia Federal de Medio Ambiente norteamericana), el sector necesitará una inversión de 227.000 millones de dólares en los próximos 20 años. Existen varios modelos de colaboración público-privada en el sector del agua que pueden encuadrarse en dos categorías de carácter general. En la primera de ellas, el sector público aparece como propietario, financiador y operador de las instalaciones, mientras que el sector privado se encarga de las labores de ingeniería y construcción. En la segunda categoría, el sector público aparece como propietario y el sector privado realiza las labores de ingeniería, construcción y operación. No obstante, estos esquemas son flexibles y admiten variaciones. Por ejemplo, no es extraño que en EE UU sea el sector privado quien proponga a la Administración pública un proyecto específico con objeto de atender una carencia y necesidad de dicha comunidad. Cuando el sector público desea construir nuevas instalaciones, sin limitarse a la licitación de activos o al mantenimiento y operación de las ya existentes, el abanico de modelos de colaboración público-privada se amplía considerablemente, siendo la fórmula más avanzada la conocida como public-private partnerships (PPP). En este modelo, una entidad privada celebra un contrato a largo plazo con una entidad pública para asegurar la correcta financiación, construcción y/o operación de una infraestructura o servicio público.
Si bien existe una gran flexibilidad para definir los esquemas de colaboración, en función de las necesidades de cada proyecto, los principales tipos de contratos que se pueden identificar en este esquema son los siguientes.
l Bid/Operate/Transfer Contracts: el sector público externaliza la construcción y el inicio de la operación del servicio a las entidades privadas, que posteriormente transfieren las instalaciones al sector público. Este tipo de contratos generalmente representa riesgos elevados para el sector privado. l Design/Build/Finance/Operate Contracts: la entidad privada no sólo financia y ejecuta las obras de construcción de las instalaciones, sino que participa en el diseño de las mismas. Estos contratos suelen presentar dos variaciones. Bajo la primera, el sector público retiene en todo momento la titularidad de las instalaciones, y bajo la segunda existe un derecho de reversión de las mismas al concluir la vigencia del contrato, que el sector público puede ejercer o no. l Design/Build/Finance/Operate/Own Contracts: el sector privado tiene en todo momento la titularidad de las instalaciones, que construirá y financiará, además de participar en su diseño. l Build Operate Own Contracts (modelo más próximo al régimen de privatización): la colaboración comprende la construcción y operación de las instalaciones por parte del sector privado, que retendrá en todo momento la titularidad de las instalaciones, si bien no participará en el diseño, que vendrá determinado por el sector público.
Los modelos de colaboración público-privada son complejos de instrumentar debido a la multitud de intereses contrapuestos que coexisten. Alguno de los problemas comunes de las PPP, y que deben tener un adecuado tratamiento contractual, son los derechos de acceso al agua sin tratar por parte del concesionario, la definición de los estándares de calidad y cantidad de agua tratada que asume el operador o el tipo de retribución que recibe el concesionario (generalmente, take and pay o take or pay).
En base a las necesidades del sector es previsible un desembarco aún mayor de inversión española en EE UU, en particular en California, Tejas y Florida, al sumar dichos Estados un 25% del consumo de agua de EE UU.
Morán (jose.a.moran@bakernet.com) es socio y Olivares (jose.m.olivares@bakernet.com), asociado del área de Project Finance de Baker & McKenzie LLP Chicago
Las necesidades del sector hacen previsible un desembarco aún mayor de inversión española en EE UU
En lo poco que llevamos de año se ha ratificado dicho impulso al anunciar United Water (filial del grupo francés Suez) la renovación por 10 años del contrato para gestionar los servicios de agua potable de la ciudad de Jersey, Estado de Nueva Jersey (operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, acueductos, sistema de distribución, atención al cliente y servicios de lectura y cobro) por 90 millones de euros. La adjudicación de dicho contrato ha contado con la aprobación de al menos tres agencias regulatorias con sede en dicho Estado. Las tendencias que se aprecian en EE UU en este sector vienen motivadas principalmente por los siguientes factores: aumento de la demanda de agua, fruto del crecimiento de la población y el incremento del consumo; obsolescencia de las instalaciones, debido a la falta de inversión y las mencionadas limitaciones presupuestarias, y mejora de la normativa relativa al servicio y estándares del agua, que está obligando a modernizar las instalaciones existentes. Dichos factores han contribuido a la aparición, entre otras, de las siguientes tendencias: gran corriente inversora, especialmente en el segmento del tratamiento y recuperación de aguas; construcción de plantas desaladoras (donde las empresas españolas, con una dilatada experiencia en la desalación por ósmosis inversa, han sido protagonistas); creciente impulso privatizador, a nivel estatal y local, y nuevas exenciones relativas a la financiación y amortización de los activos mediante las cuales las corporaciones locales que contraten con el sector privado a 20 años, durante ese periodo no estarán obligadas a aplicar ningún ingreso a la amortización de deuda que hayan emitido anteriormente en forma de bonos exentos de tributación (tax exempt bonds). Las cifras hablan por sí solas: de acuerdo con la Environmental Protection Agency (Agencia Federal de Medio Ambiente norteamericana), el sector necesitará una inversión de 227.000 millones de dólares en los próximos 20 años. Existen varios modelos de colaboración público-privada en el sector del agua que pueden encuadrarse en dos categorías de carácter general. En la primera de ellas, el sector público aparece como propietario, financiador y operador de las instalaciones, mientras que el sector privado se encarga de las labores de ingeniería y construcción. En la segunda categoría, el sector público aparece como propietario y el sector privado realiza las labores de ingeniería, construcción y operación. No obstante, estos esquemas son flexibles y admiten variaciones. Por ejemplo, no es extraño que en EE UU sea el sector privado quien proponga a la Administración pública un proyecto específico con objeto de atender una carencia y necesidad de dicha comunidad. Cuando el sector público desea construir nuevas instalaciones, sin limitarse a la licitación de activos o al mantenimiento y operación de las ya existentes, el abanico de modelos de colaboración público-privada se amplía considerablemente, siendo la fórmula más avanzada la conocida como public-private partnerships (PPP). En este modelo, una entidad privada celebra un contrato a largo plazo con una entidad pública para asegurar la correcta financiación, construcción y/o operación de una infraestructura o servicio público.
Si bien existe una gran flexibilidad para definir los esquemas de colaboración, en función de las necesidades de cada proyecto, los principales tipos de contratos que se pueden identificar en este esquema son los siguientes.
l Bid/Operate/Transfer Contracts: el sector público externaliza la construcción y el inicio de la operación del servicio a las entidades privadas, que posteriormente transfieren las instalaciones al sector público. Este tipo de contratos generalmente representa riesgos elevados para el sector privado. l Design/Build/Finance/Operate Contracts: la entidad privada no sólo financia y ejecuta las obras de construcción de las instalaciones, sino que participa en el diseño de las mismas. Estos contratos suelen presentar dos variaciones. Bajo la primera, el sector público retiene en todo momento la titularidad de las instalaciones, y bajo la segunda existe un derecho de reversión de las mismas al concluir la vigencia del contrato, que el sector público puede ejercer o no. l Design/Build/Finance/Operate/Own Contracts: el sector privado tiene en todo momento la titularidad de las instalaciones, que construirá y financiará, además de participar en su diseño. l Build Operate Own Contracts (modelo más próximo al régimen de privatización): la colaboración comprende la construcción y operación de las instalaciones por parte del sector privado, que retendrá en todo momento la titularidad de las instalaciones, si bien no participará en el diseño, que vendrá determinado por el sector público.
Los modelos de colaboración público-privada son complejos de instrumentar debido a la multitud de intereses contrapuestos que coexisten. Alguno de los problemas comunes de las PPP, y que deben tener un adecuado tratamiento contractual, son los derechos de acceso al agua sin tratar por parte del concesionario, la definición de los estándares de calidad y cantidad de agua tratada que asume el operador o el tipo de retribución que recibe el concesionario (generalmente, take and pay o take or pay).
En base a las necesidades del sector es previsible un desembarco aún mayor de inversión española en EE UU, en particular en California, Tejas y Florida, al sumar dichos Estados un 25% del consumo de agua de EE UU.
Morán (jose.a.moran@bakernet.com) es socio y Olivares (jose.m.olivares@bakernet.com), asociado del área de Project Finance de Baker & McKenzie LLP Chicago
Las necesidades del sector hacen previsible un desembarco aún mayor de inversión española en EE UU