La Junta presenta el Plan de Sequía de la Cuenca Atlántica
Gestión en periodos secos
La Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, acaba de presentar su Plan de Sequía para la Cuenca Atlántica, que engloba los ríos Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza. El organismo ha iniciado el proceso de participación pública imprescindible para la aprobación de este documento, el primero que elabora la Agencia Andaluza, que en las próximas semanas iniciará el mismo trámite con la Cuenca Mediterránea. La tercera de las cuencas andaluzas, la del Guadalquivir, gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente, ya presentó su Plan de Sequía el pasado enero.
La ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobada en 2001, obligó a todas las cuencas a redactar planes de sequía que recogieran las medidas a adoptar en los casos de escasez de reservas hidráulicas. Sin embargo, no ha sido hasta seis años después, y en un nuevo periodo de sequía, cuando los gestores de las cuencas se han puesto manos a la obra para redactar estos documentos. En el caso de la Cuenca Atlántica -que atiende a 1.300.000 andaluces y riega a 75.000 hectáreas agrícolas- se prevén en casos de sequías medidas como la reducción de consumos, penalización de los excesos, orientación de riegos o sustitución de caudales, incluyendo como elemento excepcional las restricciones en el consumo urbano.
En cualquier caso, las provincias de Huelva y Cádiz son las más excedentarias en cuanto a recursos hírdricos de toda la comunidad y cuenta con un fuerte sistema de regulación en embalses, lo que hace, junto al régimen de lluvias de la zona, que la escasez de agua sea en esta zona una excepción.
Al igual que el resto de planes de sequías, el de la Cuenca Atlántica da prioridad al consumo urbano sobre el agrícola. El documento propone que en situación de prealerta (cuando no hay recursos para tres años) comiencen las campañas de concienciación ciudadana y propone acuerdos con las comunidades de regantes para reducir los consumos. En caso de alerta (el agua disponible sólo garantiza dos años de consumo y riego) se aplicarían restricciones en las campañas de riegos y en las poblaciones se frenarían los usos no prioritarios. Por último, en caso de emergencia habrá restricciones en los usos no prioritarios del agua y en las actividades productivas.
La Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, acaba de presentar su Plan de Sequía para la Cuenca Atlántica, que engloba los ríos Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chanza. El organismo ha iniciado el proceso de participación pública imprescindible para la aprobación de este documento, el primero que elabora la Agencia Andaluza, que en las próximas semanas iniciará el mismo trámite con la Cuenca Mediterránea. La tercera de las cuencas andaluzas, la del Guadalquivir, gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente, ya presentó su Plan de Sequía el pasado enero.
La ley del Plan Hidrológico Nacional, aprobada en 2001, obligó a todas las cuencas a redactar planes de sequía que recogieran las medidas a adoptar en los casos de escasez de reservas hidráulicas. Sin embargo, no ha sido hasta seis años después, y en un nuevo periodo de sequía, cuando los gestores de las cuencas se han puesto manos a la obra para redactar estos documentos. En el caso de la Cuenca Atlántica -que atiende a 1.300.000 andaluces y riega a 75.000 hectáreas agrícolas- se prevén en casos de sequías medidas como la reducción de consumos, penalización de los excesos, orientación de riegos o sustitución de caudales, incluyendo como elemento excepcional las restricciones en el consumo urbano.
En cualquier caso, las provincias de Huelva y Cádiz son las más excedentarias en cuanto a recursos hírdricos de toda la comunidad y cuenta con un fuerte sistema de regulación en embalses, lo que hace, junto al régimen de lluvias de la zona, que la escasez de agua sea en esta zona una excepción.
Al igual que el resto de planes de sequías, el de la Cuenca Atlántica da prioridad al consumo urbano sobre el agrícola. El documento propone que en situación de prealerta (cuando no hay recursos para tres años) comiencen las campañas de concienciación ciudadana y propone acuerdos con las comunidades de regantes para reducir los consumos. En caso de alerta (el agua disponible sólo garantiza dos años de consumo y riego) se aplicarían restricciones en las campañas de riegos y en las poblaciones se frenarían los usos no prioritarios. Por último, en caso de emergencia habrá restricciones en los usos no prioritarios del agua y en las actividades productivas.