El hambre agudiza el ingenio y la sed, más aún. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó ayer una mayor dotación de agua para riego tras consensuar con el sector agrario y la Junta de Andalucía una novedosa -y complicada- fórmula para combinar los recursos de los distintos sistemas de almacenamiento de esta cuenca. El resultado, café para todos, pues los regantes, en general, obtienen más y los arroceros, desencadenantes de la guerra de estas últimas semanas, podrán sembrar la mitad de sus tierras en las marismas.

¿Cuál es la ecuación? Serán 850 hectómetros cúbicos de agua los que irrigarán los campos esta campaña, un 70 por ciento más respecto a los 500 que, en febrero pasado, fueron autorizados por la Comisión de Desembalse, órgano del regulador de la cuenca encargado de abrir más o menos las compuertas de los pantanos para que el caudal fluya hacia la agricultura.

De esta cuantía, 725 procederán de los llamados embalses de regulación general del río, que son quince y constituyen el aporte vital para el regadío, si bien la ley exige reservas suficientes para garantizar los abastecimientos urbanos -los mayores, los de Sevilla capital y área metropolitana y Córdoba- en épocas de escasez y la propia vida medioambiental de los pantanos -léase, que no mueran peces-. Los otros 125 hectómetros cúbicos, he aquí la novedad, se detraerán de embalses ajenos a ese tronco principal del Guadalquivir, y cuyos recursos se otorgan a comunidades de regantes concretas, puesto que fueron las que, al fin y al cabo, financiaron su construcción, frente a los que componen la regulación general, considerados, en cambio, de interés general.

Este coger de fuera tiene un nombre: reasignación. Es la primera vez que se concibe en la cuenca, según reconoció ayer a este diario Francisco Tapia, presidente de la CHG. La idea no es propia, sino que hay que atribuírsela a la Federación de Arroceros de Sevilla y a la organización agraria Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía, que, en la búsqueda de alternativas para que el arrozal no fuera un desierto este año, habida cuenta de que con 500 hectómetros cúbicos, los aprobados en febrero pasado, no tenía derecho ni a una sola gota, la plantearon al regulador. Y tal iniciativa fue la que desencadenó la guerra del agua, con una fortísima división entre el sector del arroz, con la UPA en medio, y los regantes de Feragua y la patronal Asaja de Sevilla, que tiene en las marismas su feudo.

Tapia explicó que esos 125 hectómetros se detraerán del pantano de Bembézar (Córdoba), el del río Viar (Sevilla) y otros de una menor entidad. Todos superan actualmente, y con holgura, el 90 por ciento de su capacidad -por así decirlo, es un lleno técnico-, frente a una regulación general que, a 28 de mayo pasado, se encontraba al 36,4 por ciento, con 1.718,34 hectómetros cúbicos -41,5 por ciento el año pasado por las mismas fechas-.

El presidente del regulador de la cuenca insistió en la legalidad de la combinación de recursos entre sistemas frente a quienes, semanas pasadas, ayer no, dudaban sobre la misma. La avala, argumentó, el Decreto de Sequía -y en esta cuenca aún lo estamos-, pues permite esa flexibilidad. Eso sí, y a pesar de reconocer que se crea un precedente, Tapia advierte que la fórmula 'no se puede generalizar para todas las campañas', sino que se desarrolla, tal y como prevé la norma -en vigor hasta noviembre próximo-, con carácter excepcional y ante una situación, la actual, de desigualdad en los pantanos de usos agrícolas: mucho en algunos, los ubicados en el tramo occidental del Guadalquivir, y poco en el resto (parte oriental).

Pero la Ley de Aguas también dice que los usuarios (regantes) perjudicados habrán de ser compensados por daños, presentes o futuros, si se les resta agua. Es decir, los agricultores que, por ejemplo, riegan del Bembézar, tendrían el derecho a indemnización. En la decisión tomada ayer por la Comisión de Desembalse, ¿cabe tal posibilidad?

Por ahora, no. Aquí radica otra de las claves de la fórmula concebida, lo que la complica. Los 125 hectómetros cúbicos de los pantanos ajenos se quedan, y en esos mismos pantanos, como reservas de la regulación general para el año próximo y no se desembalsan esta campaña. Pero siguen siendo 850 hectómetros cúbicos, porque todo se hará con cargo a la regulación general. Si en 2008 la reserva fuera utilizada, entonces sí cabría alegar esas indemnizaciones, pero ahora no ha lugar, según Juan Saura, el director técnico de la CHG. Es la cuadratura del círculo.

Pero aún hay más. Tal compensación, añade Saura, puede ser económica o con agua -en ambos casos, el que tendría que pagar sería el regante de la regulación general-. Queda abierta de par en par la puerta a futuras reasignaciones.

Tan preciso es el resultado de estas matemáticas que hasta la propia Feragua, que antes rechazaba la reasignación y clamaba por las indemnizaciones, ayer aplaudió. Y el visto bueno de Agricultura y Medio Ambiente -a través de la Agencia Andaluza del Agua- también lo tiene.

De los 850 hectómetros, 200 van para el arrozal, que podrá sembrar la mitad de las 36.000 hectáreas de las marismas. ¿Tanta agua para este sector? No hay más remedio: los desembalses directos al río, del que los arroceros toman el agua, tienen que compensar la salinidad del río que entra por el estuario del Guadalquivir. Mientras, alrededor de 40.000 hectáreas de olivar de Jaén -feudo de la UPA- obtienen agua regulada a la que, en principio, no tienen derecho, pero por primera vez compensarán al resto.