Los auditores han descubierto que las autoridades locales se apropiaron de 272 millones de yuanes (27 millones de euros) de los fondos destinados en 2004 y 2005 al realojamiento de los desplazados por las obras y los desviaron a otros usos.
Los dirigentes emplearon el dinero en abrir negocios gestionados por los gobiernos, pagar deudas a otros departamentos locales, devolver créditos, cubrir salarios de sus empleados y construir más oficinas, e incluso viviendas para gente que no estaba afectada por los realojos, según publicó la agencia oficial Xinhua.
Además, los investigadores detectaron que fueron falsificados datos para obtener ilegalmente otros 17 millones de yuanes (1,7 millones de euros) por encima de las asignaciones que habían sido reservadas por el Gobierno central para los desplazados. Para ello, inflaron las cantidades con las que tenían que compensar a los empleados de las fábricas que fueron obligadas a cerrar, incluyeron a trabajadores de factorías que no se vieron afectadas por la presa o inventaron a otros inexistentes. Según la Oficina Nacional de Auditoría, los gobiernos locales sobreestimaron también el coste de las obras derivadas del proyecto. La partida reservada por Pekín para compensaciones en los dos años analizados asciende a 9.600 millones de yuanes (955 millones de euros).
Desde que comenzó la construcción de la presa en 1993, ha habido continuas denuncias sobre abusos de poder, desalojos forzados y apropiación indebida de las compensaciones, que en muchos casos no llegaron -o llegaron en menor cuantía de la debida- a quienes debían recibirlas. Más de un millón de personas han sido arrancadas de sus tierras para dejar paso a un embalse que, según los expertos, tendrá graves efectos medioambientales, y del que se ha puesto en duda su utilidad. Las organizaciones ecologistas aseguran que el número total de personas que habrán tenido que dejar sus hogares rondará, finalmente, los dos millones.
Miles de aldeas y ciudades enteras han sido destruidas, porque quedarán bajo las aguas, que en la última fase alcanzarán una cota de 175 metros. Cuando el proyecto esté finalizado el año que viene, el embalse se extenderá a lo largo de 600 kilómetros, y habrá sumergido para siempre valiosos restos arqueológicos. La presa del que es el mayor complejo hidroeléctrico del mundo tiene cerca de 200 metros de altura y 2,3 kilómetros de longitud, y contará con 32 turbinas de 700 megavatios. Está situada entre la provincia de Hubei y la municipalidad de Chongqing, en el centro del país.
Muchos de los afectados se quejan desde hace años de que los funcionarios locales se han quedado con el dinero que les correspondía, y de que han sido engañados, porque, cuando llegaron a los pueblos a los que fueron forzados a emigrar, se encontraron con que el lugar en el que tenían que vivir no era el que les habían hecho creer, o las tierras eran muy malas. Quienes se asociaban y viajaban a Pekín con pruebas de la corrupción local para protestar ante las autoridades centrales eran devueltos, maltratados y encarcelados.
Anteriormente, la prensa oficial había publicado que, a finales de 2004, las autoridades habían descubierto 327 casos de malversación, y echado en falta 55,8 millones de yuanes. Al menos dos funcionarios han sido condenados a muerte por malversación y soborno. Pero el resultado de la investigación anunciada ayer ha puesto de relieve que la corrupción ha continuado los últimos años a pesar de las denuncias. Pekín estima que el coste de la obra sobre el río más largo de China y el tercero del mundo ascenderá a 17.600 millones de euros. Expertos occidentales consideran que será el doble.