La adaptación de la comunidad andaluza a la normativa europea en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas supondrá una inversión cercana a los 2.680 millones de euros en los próximos nueve años, lo que exigirá un gasto medio por habitante de 40 euros anuales hasta 2015, según revela el informe Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Los redactores del informe destacan que el 31 por ciento de la inversión corresponde a la dotación de infraestructuras para poder cumplir la ley, mientras que el resto serían actuaciones de adecuación de las infraestructuras existentes y otras de interés prioritario de la Junta de Andalucía . Muchas de esos equipamientos están ya en fase de construcción y su coste estimado es de unos 210 millones.
El otro capítulo destacado en el informe es el de la ampliación de la capacidad de las instalaciones depuradoras como consecuencia del crecimiento urbanístico, inversión estimada en 333 millones. Se trata de actuaciones encaminadas a la reutilización de afluentes para el riego de campos de golf, el cultivo de especies no consumibles en fresco como el olivar o el viñedo, la reutilización del agua para reponer los acuíferos y su uso para regar parques y jardines o el baldeo callejero.
En estos momentos, el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en la redacción de un nuevo Plan de Saneamiento y Calidad de las Aguas, que recogerá las necesidades en la materia de las diferentes comunidades autónomas. Es en este contexto en el que la Consejería de Medio Ambiente ha hecho público el informe en el que, además de la inversión necesaria, se recogen una serie de actuaciones: tratamiento de las aguas residuales urbanas en espacios naturales protegidos, la recuperación de cuencas o diferentes intervenciones encaminadas a fomentar la I+D+I.
El estudio recoge también una serie de problemas que exigen reorientar la estrategia actual: la mayor dificultad a la hora de dotar a los andaluces con las adecuadas instalaciones como consecuencia de dispersión de la población en el medio rural, el déficit de instalaciones en las poblaciones menos habitadas y la existencia de vertidos incontrolados en el medio natural por parte de población que vive aislada.
En su estudio, la Junta de Andalucía señala además a la necesidad de establecer prohibiciones, limitaciones y recomendaciones a aquellos múltiples municipios que permiten los vertidos altamente contaminantes procedentes de la actividad industrial. La Administración autonómica reconoce que en caso de que la adaptación de la comunidad a la normativa europea derive en unos costes excesivos, deberán buscarse alternativas de equilibrio que hagan sostenible el sistema económica, social, ambiental y territorialmente , a la vez que apunta a la insostenibilidad del régimen económico y financiero como principal problema para alcanzar los objetivos y plazos establecidos.
En la actualidad, las competencias en gestión integral del agua están diseminadas entre las diferentes administraciones. Mientras que los municipios gestionan el suministro, alcantarillado y el tratamiento, las autonomías ejercen las competencias de auxilio técnico (estudios, proyectos, obras y gestión de las subvenciones). La administración central colabora con las corporaciones locales mediante inversiones consideradas de interés general del Estado .
La población andaluza se concentra en unos 1.800 núcleos consolidados y en otra serie de poblaciones dispersas y aisladas, en las que, según los cálculos, habitan 149.000 ciudadanos. Los ámbitos de inversión en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales que prevé la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, son seis: el Guadalquivir, la zona mediterránea, la atlántica, La Chanza (junto a Portugal), el Guadiana y el Segura.
El 31 por ciento del coste de las necesidades iría destinado a la dotación de infraestructuras que permitan cumplir la normativa vigente.