En un enfrentamiento institucional insólito, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Gobierno de Aragón se pasaron ayer la pelota sin que nadie asumiera ninguna responsabilidad por la permanencia de un vertido tóxico en el Cinca, con riesgo para la salud humana, cinco meses después de que lo detectara el Seprona de la Guardia Civil en la localidad oscense de Zaidín.

A pesar de que el juzgado de Fraga que instruye el caso ordenó la limpieza del río, los restos procedentes de la empresa Cazsa -encargada por la Administración autonómica de destruir los cadáveres de animales recogidos en explotaciones ganaderas- aún no han sido retirados.

Además, un informe del Instituto Nacional de Toxicología, remitido recientemente al juez advierte de su «elevado potencial tóxico y contaminante».

El TSJA se vio obligado ayer a salir al paso de unas afirmaciones aparecidas en la prensa aragonesa en la que tanto la CHE como el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón daban a entender que el Juzgado no había autorizado la limpieza. En un comunicado público, replicó que «en ningún momento ha prohibido o no permitido la retirada de los vertidos, y que las actuaciones del juzgado, tendentes al cese de los efectos de delito, han proseguido desde el comienzo de las actuaciones judiciales».

Además, niega que se haya dictado el secreto de sumario, en el que se escudaba la Confederación para no valorar el informe toxicológico.

Varias resoluciones judiciales

El juzgado dictó el pasado 7 de agosto un auto para la entrada y registro en la empresa Cazsa y el precinto de las tuberías emisoras del vertido, escrito en el que ya se ordenaba adoptar «cuantas medidas puedan impedir la continuación de ilícito e incluso el vaciado y sellado de las mismas». En los dos días siguientes, el juzgado solicitó al Gobierno de Aragón y la CHE informes sobre los riesgos que suponía el vertido para la salud humana.

La CHE remitió el día 23 de ese mes un informe según el cual «constituye una afección a los recursos medioambientales y un riesgo para la salud de los que se acerquen a la zona» y por ello consideraba necesaria la evacuación de los fangos por un gestor autorizado y el saneamiento de la zona contaminada, siguiendo las pautas que le fije el órgano competente en materia de residuos del Gobierno de Aragón. El 7 de septiembre, el juzgado, en respuesta a un escrito de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo autónomo, ordenó a Cazsa «la inmediata retirada de los vertidos, en un plazo improrrogable de 15 días, procediendo a vallar la zona, a la evacuación de los fangos y al saneamiento de toda la zona contaminada, siguiendo para ello las pautas de limpieza que previamente le indique la Confederación Hidrográfica del Ebro». El auto requería además a la CHE para que informe a la empresa de las pautas pertinentes de limpieza a emprender.

Según indicaron ayer fuentes de la Confederación del Ebro, el organismo de cuenca se dirigió a Cazsa «solicitando la presentación del proyecto de limpieza realizado por una empresa especializada».

Por su parte, la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno aragonés indicó al juzgado que no ejercía competencias para determinar «la existencia de daños causados a los recursos naturales y/o medioambientales derivados del vertido y depósito de tales sustancias en el lugar de los hechos».

El 27 de noviembre, «ante la demora en las medidas acordadas por el juzgado de Fraga», el juez dictó una providencia interesándose sobre cómo han afectado a los suelos los vertidos. El juzgado «sigue a la espera» de la remisión de los mencionados informes.

El 20 de diciembre, otra providencia solicitó a la CHE «dictamen o informe sobre el estado del procedimiento, expediente o cuestión relativa a la retirada de los vertidos acordada el 7 de septiembre de 2006 y/o las medidas adoptadas en relación a lo requerido en la mencionada providencia».

«Ante la gravedad de los informes remitidos por el Instituto Nacional de Toxicología», el juzgado reiteró a la CHE y a Dirección de Calidad Ambiental y la Dirección General del Medio Natural lo acordado con fecha 7 de septiembre de 2006. El 8 de enero, «el juzgado sigue a la espera de una respuesta por parte de ambas Direcciones Generales a la providencia cursada el día 21 de diciembre de 2006», concluye el comunicado.

La CHE aclaró ayer que «sólo dijo que se estaba a lo que el juez ordenara en todo caso y de momento, y así ha sido, en la nota que se ha conocido se deja claro que es Cazsa a quien se solicitó la limpieza en su momento».