El aprovechamiento hidráulico

Sat, 06/01/2007

Diario del Alto Aragón

En el aspecto positivo destacan el esfuerzo realizado en cuanto a la ejecución de diversas obras de modernización y consolidación de regadíos, mientras que en sentido contrario lamentan la disminución inversora en las infraestructuras hidráulicas y en la transformación de nuevas zonas de regadío. Este colectivo se ha mostrado especialmente crítico con los diversos textos estatutarios presentados por algunas comunidades autónomas, entre ellas Aragón, al incorporar competencias específicas sobre los ríos que discurren por su territorio. Una consideración que no está falta de coherencia y que, con seguridad tendrá consecuencias perversas, dificultando todavía más una política hidráulica que en los últimos tiempos ha crispado las relaciones entre unas regiones y otras. El precedente del Estatuto de Cataluña ha obligado, en cierta medida, al resto de Comunidades y especialmente a las de la misma cuenca a disponer de similares cláusulas, a fin de no considerarse agraviadas y discriminadas en una materia tan trascendente como es la hidráulica. Una situación que, todo parece indicar, se agravará en el futuro si se confirman los temores e indicios de un cambio climático con el consiguiente descenso de las reservas hídricas y la pluviometría.

Se trata, por tanto de un cambio estructural el que se está experimentando y que supone todo una revolución en la gestión y en la prioridad de los usos del agua, un bien que en pocos años ha pasado de ser en bien abundante y libre a escaso y preciado. Una situación nueva que obliga a una programación y planificación de la política hidráulica sobre unas nuevas bases que afectan al consumo de un bien, cuyas demandas se desplazan cada vez más al uso doméstico y al sector servicios, en detrimento de los otros dos. Esta nueva etapa requiere como condición previa el llevar a cabo una regulación y control de este recurso, de tal manera que sea accesible a todos los ciudadanos. Todo un cambio de filosofía y de pautas que la administración central y las autonómicas debieran empezar a regular convenientemente, en lugar de ocupar el tiempo en manifestaciones y debates estériles.