Los largos trámites burocráticos y el compromiso a legalizar los que sean posibles retrasan la clausura de los pozos abiertos sin permiso y con riesgo medioambiental La voz de alarma la suelen dar los propios vecinos o se deriva de inspecciones de la Guardia Civil y de los guardas fluviales dela Confederación Hidrográfica del Guadalquivir MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ/JAÉN LAS CLAVES F Pozos llenos: Las lluvias caídas durante el pasado año hidrológico, no abundantes pero sí continuas, no hicieron que los embalses se recuperasen, aunque lograron que los acuíferos se llenaran. La tierra seca empapó el agua y la transmitió al subsuelo. Tras el uso de los riegos, los acuíferos, menos afectado por la sequía que ha vaciado los pantanos vuelven a necesitar de nuevo la lluvia.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sella cada día una decena de denuncias referidas a la apertura o el uso de pozos sin permiso. La voz de alarma la suelen dar los propios vecinos, linderos de terrenos que usan aguas subterráneas para regar un olivar que, de no ser por este apoyo y debido a la escasez de lluvias, vería mermada su cosecha. También los controles de la Guardia Civil, a través del Seprona, y las continuas revisiones de los guardas fluviales de la Confederación derivan en denuncias.

Sin embargo, a lo largo del pasado año, la Confederación apenas ha cerrado una veintena de pozos ilegales. Se debe principalmente a los largos trámites burocráticos que debe pasar la denuncia antes de decretarse el cierre definitivo y al compromiso manifestado a principios de año por parte de la Administración pública de legalizar el mayor número de pozos posible siempre que no causen perjuicios para el medio ambiente y se usen de forma moderada.

Y es que el agua subterránea es fundamental para mantener el ecosistema jienense y para abastecer a los ciudadanos. Parte de la que sale de los grifos de los hogares de gran mayoría de los 97 municipios de la provincia, procede de estos acuíferos subterráneos. La capital, por ejemplo, además del agua del pantano del Quiebrajano, actualmente en estado crítico debido a la escasez de precipitaciones, se abastece de los pozos de La Merced y del Mingo II. En este último se realizaron recientemente intervenciones para mejorar las canalizaciones y aprovechar al máximo el agua.

Aun así, la Confederación Hidrográfica pretende seguir abriendo la veda en el uso y apertura de pozos. José Martín, ingeniero jefe de la CHG en Jaén, insiste en que sólo se cierran los que causan importantes perjuicios al medio ambiente. Explica que, antes, se realiza un exhaustivo estudio sobre los beneficios que el uso del agua subterránea tiene para el cultivo que se vale de ellos en el riego, así como los daños que pueda causar en el entorno. Si se concluye que es más provechoso dar permiso para que se siga utilizando, se legaliza el pozo. Eso sí, se establecen unos límites de uso de agua según la acumulada en el subsuelo.

Un control dificultoso

Pese a las denuncias, lo cierto es que la Confederación calcula que hay centenares de pozos en la provincia de los que no se tiene conocimiento. José Martín indica que tener un control de todos ellos es harto dificultoso y que, una vez que se conoce su existencia, la máxima de la CHG es intentar combinar la conservación del medio ambiente con el abastecimiento de este agua extraordinaria, usada para los riegos en la mayoría de los casos, o para el propio abastecimiento de casas e, incluso, barrios enteros.

El ingeniero jefe asegura que la proliferación de pozos acaba poco a poco con las reservas de agua que se almacenan en el subsuelo de la provincia. Pero también es consciente de que la falta de lluvia convierte a estos sondeos en la manera de mantener la agricultura. De ahí que insista en que los agricultores deben solicitar el permiso pertinente para abrir los pozos y, una vez que lo obtengan tras el estudio pertinente, hacer uso del agua que han encontrado, siempre de forma moderada.

Cambio de normativa

Hasta ahora, el procedimiento para abrir un pozo era solicitarlo a la Dirección de Minas de la Consejería de Innovación y, mientras se tramitaba la licencia, se podían realizar los sondeos para buscar el agua. Así, cuando llegaba el permiso el pozo ya estaba hecho y podía funcionar sin recibir una sanción, siempre y cuando no superase una extracción de 7.000 metros cúbicos por año, cantidad que no sobrepasan la mayoría de los pozos que se abren en Jaén.

En la petición de la concesión, el solicitante debía justificar la extracción, por ejemplo en tareas agrícolas o, incluso, para el abastecimiento humano. No en vano, en Jaén son muchas las fincas y viviendas aisladas que deben valerse de pequeños pozos para poder abastecerse de agua.

Sin embargo, una nueva orden publicada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa anula este permiso de investigación. Ahora se obliga a esperar a que se obtenga el permiso para poder comenzar a hacer las perforaciones en la tierra con el fin de extraer agua. Si en un primer sondeo no se encuentra, se deberá solicitar otro permiso y volver a intentarlo, lo que supondrá un importante desembolso económico para el agricultor.

Según anuncia la Junta de Andalucía en su nueva Orden, esta restricción en la investigación para la captación de aguas subterráneas intenta solventar el problema de la proliferación de pozos y de la extracción de agua sin control. Los pozos que ya estén abiertos podrán seguir funcionado hasta el año 2035.

A partir de ese momento los encargados del aprovechamiento del pozo deberán volver a renovar su concesión, pero tendrán preferencia sobre nuevas solicitudes para obtenerla. La normativa también obligará a los pozos a que instalen contadores en su salida de agua para que se pueda controlar con mayor eficacia los caudales que se utilizan en cada uno e impedir que se rebasen.