El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad la convalidación del real decreto-ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en las cuencas del Segura, Júcar y Guadalquivir, y se prorrogan las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía también en las cuencas del Tajo, Guadiana y Ebro. Además, el real decreto ley incluye medidas para la gestión de los acuíferos sobreexplotados del Alto Guadiana.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, indicó en la Cámara Baja que las consecuencias de la sequía no se abordan por el Gobierno sólo con este decreto ley, sino que ya hay un plan de choque para la modernización de regadíos, un Programa AGUA, obras de emergencias y el Plan Hidrológico Nacional. Además, el Ejecutivo trabaja en la reforma en profundidad de la Ley de Aguas, que incluirá los Bancos Públicos del Agua y la adaptación a las exigencias de las directivas europeas.

El diputado del PP, Alberto Garre, indicó que su grupo apoya el decreto, pero pidió la tramitación como proyecto de ley, lo que la Cámara no refrendó. Monserrat Colldeforns, del PSOE, justificó su oposición a la tramitación como proyecto alegando que el cambio de rumbo en la política del agua se está produciendo ya y que la reforma de la Ley de Aguas llegará pronto a la Cámara después de un intenso debate.