La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) precisó hoy que es la empresa Boliden la que debe hacer frente a los gastos que asumió la propia confederación y la Junta tras el vertido de lodos en Aznalcóllar (Sevilla) por la ruptura de la balsa, independientemente de que gane o no el pleito que la empresa sueco-canadiense ha abierto contra las empresas constructoras.
El Comisario de Aguas de la CHG, Javier Serrano, comentó en declaraciones a Europa Press que la máxima con la que se rige tanto la cuenca como la Junta de Andalucía es que "quien contamina paga" y desvinculó el resultado del contencioso de Boliden contra las empresas de los costes que llevó a cabo la Administración.
No obstante, avanzó que, en el caso de que Boliden ganara el pleito y las constructoras le indemnizaran, la Confederación exigiría que se le abonaran los costes que realizó. "Boliden tendría que hacer frente a las obligaciones que tiene con la Administración antes de poder cobrar nada", aseveró.
Serrano recordó que la CHG abrió un expediente sancionador contra Boliden por el que el Gobierno sancionó a la empresa con 45 millones de euros. El expediente sancionador se inició el 25 de abril de 1998, por acuerdo de incoación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tras la rotura ese mismo día de la balsa minera de decantación de residuos de la mina propiedad de Boliden-Apirsa.
Aunque el pliego de cargos del expediente fue notificado el 19 de junio de dicho año, el día 22 se comunicó a Boliden-Apirsa la suspensión del procedimiento sancionador en curso, debido a las diligencias previas en trámite del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y teniendo en cuenta la posibilidad de que se derivasen responsabilidades penales por un delito contra el medio ambiente.
En noviembre de 2000, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla procedió al archivo de las actuaciones penales y se acordó el levantamiento de la suspensión de la tramitación del expediente sancionador. Dicho expediente concluyó con la sanción aprobada por el Consejo de Ministros en 2002.
Las actuaciones llevadas a cabo para recuperar la zona pasaron desde la retirada de lodos, expropiaciones forzosas, control e impermeabilización de la Marisma de Doñana, asistencia técnica, estudio de descontaminación, actuaciones de restauración ambiental y de riberas del río Guadiamar y control de aguas subterráneas.
En este sentido, Serrano avaló la calidad de las aguas en la actualidad, "la mejor de todas las cuencas del entorno de Doñana y con valores por encima incluso de los anteriores al vertido".
La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.