La organización ecologista WWF/Adena propuso hoy que, en los futuros bancos públicos del agua, el Ministerio de Medio Ambiente fije un precio mínimo para este recurso para garantizar los costes de calidad del agua, y que se destine un porcentaje de la compra-venta de agua a fines medioambientales.
Los futuros bancos públicos del agua, que permitirán la compra y venta de derechos mediante oferta pública, deben estar controlados, a juicio de WWF/Adena, por las Confederaciones Hidrográficas y se deberían establecer límites sobre quién puede comprar agua y durante cuánto tiempo es la concesión.
El responsable del Programa de Aguas de WWF/Adena, Guido Schmidt, advirtió hoy en rueda de prensa de los riesgos de este mercado de agua: generar mercados negros, no contemplar al medio ambiente en las compra-ventas, generar agua virtual, concentrar de usos en la parte alta de la cuenca hidrográfica, crear monopolios y construir trasvases para intercambiar aguas vendidas.
Para evitar los efectos perversos de los bancos públicos del agua, WWF/Adena propone que la Administración sea garante de que las cesiones no perjudican al medio ambiente, que se adapten los volúmenes de agua vendidos a los que realmente hay disponibles, que se apliquen medidas disuasorias para evitar los mercados negros, que se regule la venta interanual de derechos (en caso de que un año no se compren, se puedan adquirir al siguiente) y que se empiece de forma gradual.
Así, los ecologistas apuestan por crear programas pilotos de bancos públicos de agua en las cuencas del Guadalquivir y del Ebro, y luego extenderlos a los demás. Schmidt indicó que estos bancos "no deberían empezar a implantarse en las cuencas del Júcar, Segura ni Guadiana", por la existencia de pozos ilegales en el Arco Mediterráneo.
Además, antes de empezar a diseñar los bancos públicos de agua, las Confederaciones Hidrográficas tienen una tarea pendiente: conocer el registro actualizado de propietarios de derechos del agua, y hacer frente a los pozos ilegales, que sólo en el Arco Mediterráneo oscilan entre 500.000 y 1,2 millones de pozos sin licencia.
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
En materia medioambiental, la organización pide que se asigne una parte del agua a fines medioambientales, que la Administración adquiera parte de los caudales, que el mercado sea cofinanciador de medidas agroambientales, que se pueda arrendar a terceros derechos para el medio ambiente y que las organizaciones ecologistas puedan comprar derechos para usarlos en beneficio del medio ambiente. Schmidt puso como ejemplo que en Canadá el 10 por ciento del caudal comprado se destina a fines medioambientales.
WWF/Adena considera que estos bancos públicos del agua pueden reportar beneficios, si se llevan a cabo adecuadamente, como que la reasignación evite la búsqueda de nuevos recursos y la apertura de pozos ilegales, que se fomente la disminución de la demanda en regadío porque los agricultores tengan ingresos por sus derechos, que se desincentive el despilfarro y se promueva el ahorro para vender, y que sensibilice a la población del valor del agua al ponerle un precio