El sindicato UGT valoró hoy la actitud dialogante del Gobierno socialista en materia de medio ambiente y defendió la reforma de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), que incluía la derogación del trasvase del Ebro, así como la aplicación de la Ley de prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) y la participación y derechos de los trabajadores en materia ambiental.
Para UGT la reforma de la Ley del PHN se inspira en planteamientos de racionalidad económica y mejora de la calidad de vida y medio ambiente, en línea con las directrices y principios que emanan de la Directiva Marco de Aguas. En este sentido, califica de "inviable" el trasvase del Ebro, ya derogado, por "la sobreestimación de los recursos disponibles para efectuar este trasvase y por la infravaloración de los costes del mismo".
No obstante, el sindicato estima que el nuevo Gobierno debe profundizar en la gestión de la demanda y en una eficiente y justa asignación del recurso agua a los distintos usos. También propone incrementar el aprovechamiento de las aguas subterráneas; promover la desalación basada en la utilización de energías renovables, para evitar emisiones de gases de efecto invernadero; y consolidar un nivel tecnológico que genere empleo tanto en investigación y desarrollo (I+D) como en la industria.
UGT solicita, asimismo, más fondos para elaborar mapas de riesgos, para prevenir inundaciones y recuperar cauces fluviales; reformar en profundidad las Confederaciones Hidrográficas, dotándolas de recursos técnicos y económicos suficientes, y "lograr construir el necesario consenso interterritorial que no obtuvo el anterior PHN".
PROTOCOLO DE KIOTO.
En relación al Protocolo de Kioto, el sindicato considera que este acuerdo internacional es "una oportunidad para incrementar la capacidad de competir por el conocimiento y la tecnología, la calidad del empleo y condiciones de trabajo y el respeto al medio ambiente".
Entre los puntos pendientes, UGT resalta que es preciso acelerar la puesta a punto de la Estrategia Española de Cambio Climático y la Estrategia Nacional del Ahorro y Eficiencia Energéticas, dotando ambas medidas con recursos económicos suficientes.
Además, pide que se desarrolle un Plan de Acción 2004-07 para reducir las emisiones difusas, que representan el 60 de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO2); que se mantenga el proceso de diálogo social, relativo al Plan Nacional de Asignación, para la correcta aplicación de la directiva de Comercio de Emisiones; y que se impulse la aplicación y el cumplimiento del Plan Nacional de Energías Renovables.
Asimismo, sería necesario, según UGT, cumplimentar estas medidas con el desarrollo de un Plan Nacional de I+D+i energético; el impulso a la gestión de la demanda energética; la promoción de un Plan de uso racional y sostenible del transporte; y, en el marco de la Estrategia Forestal, dar prioridad a los sumideros españoles para crear empleo.
Finalmente, la Unión General de Trabajadores demanda que se dé un apoyo legal a la participación sindical desde el ámbito de las empresas en esta materia. "La figura del delegado de Medio Ambiente es un elemento esencial para transformar las empresas en centros de trabajo sostenibles y la negociación colectiva complementa y desarrolla este nuevo aspecto de la responsabilidad sindical", indica.