Las obras realizadas el pasado año por la Diputación Provincial de Málaga en el manantial de la Zúa (Júzcar) eran totalmente ilegales y fueron denunciadas ante el Seprona y ante la Consejería de Medio Ambiente.
Sin embargo, la Consejería pretende legalizarlo sin buscarle solución. Además, durante el plazo de exposición pública del expediente de legalización, esta misma Consejería ha puesto bastantes limitaciones al acceso a la información, razón por la que ha sido denunciado al Defensor del Pueblo Andaluz.

Se trata de un asunto sobre el que la Delegación de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial viene intentando eludir sus responsabilidades, ignorando todas las quejas y denuncias que se han presentado hasta la fecha y que no han recibido respuesta. Dichas quejas se han hecho públicas por parte de varios profesores de diversas universidades españolas, que han llegado a pedir que la Consejería se disculpe públicamente ante ellos.

También se han quejado entidades de ámbito nacional como la Fundación Nueva Cultura del Agua o el Centro Ibérico de Restauración Fluvial y de ámbito andaluz como la Red Andaluza por una Nueva Cultura del Agua y la propia asociación Grupo de Trabajo del Valle del Genal (GTVG), desde la que se ha pedido la dimisión del Delegado Provincial.

Al iniciarse las obras, promovidas y realizadas por la Diputación de Málaga, ya se advirtió desde todas las entidades citadas anteriormente y por parte de los profesores universitarios, que las mismas podían afectar gravemente a la supervivencia de una nueva especie de insecto acuático del orden de los tricópteros, que acababa de ser descubierta en el manantial de la Zúa en Júzcar.

La nueva especie, perteneciente a la familia de los helicopsíquidos, se encuentra actualmente en descripción, y la alteración de su hábitat que ha supuesto las obras, ha hecho que haya desaparecido del lugar. Esto supone poner en riesgo de extinción una especie única en el mundo cuando aún ni siquiera han finalizado sus trabajos de descripción científica.

La Diputación de Málaga siguió adelante con las obras haciendo caso omiso a las quejas y advertencias que se le presentaron. Pero para sorpresa de todas las personas y entidades que habían presentado quejas, meses más tarde de finalizarse las obras se produce la autorización de las mismas por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Este organismo aporta un informe interno respecto al posible impacto sobre la nueva especie, firmado por el Jefe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Provincial de Málaga y que dichos investigadores califican de falta de rigor absoluto y como un insulto a su propio currículum y prestigio internacional. Pero además, cuando desde el GTVG se intenta presentar las debidas alegaciones a la autorización que otorga la Cuenca Mediterránea Andaluza, ésta administración retrasa excesivamente la entrega de la documentación, impidiendo que se puedan presentar dichas alegaciones en plazo.

Todo esto ha llevado al citado colectivo a presentar una queja ante el defensor del pueblo que ha sido admitida a trámite, solicitando desde esta institución información al respecto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.