El Congreso ha aprobado este martes la Ley de Responsabilidad Ambiental con los votos del PP y CIU, la abstención del PNV, y el rechazo del resto de los grupos que han criticado que "miles de empresas" quedarán exoneradas de contratar un seguro verde para afrontar los posibles daños ambientales que pudieran causar.

La oposición ha citado el informe del Consejo de Estado para asegurar que de 320.000 actividades, solo 5.470 tendrán la obligación de tener una garantía financiera.

Esta exención supondrá, según estimaciones del Gobierno, un ahorro de más de 1.410 millones de euros para pequeñas y medianas empresas, porque a juicio del Ejecutivo carece de sentido exigir un seguro previo a actividades que difícilmente van a causar daños ambientales, como una panadería o un estudio de música.

Cambios que introduce la ley
El texto votado con competencia legislativa plena en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es una modificación de la anterior ley de 2007 y será remitido ahora al Senado.

El nuevo texto modifica algunos artículos en los que incorpora medidas como las contempladas en una directiva europea aprobada en 2013, la 2013/30/UE que tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos para prevenir accidente graves en las operaciones relacionadas con el petróleo y gas mar adentro y a limitar las consecuencias de tales accidentes.

También establece que se aplicará la ley en el caso de que se produzcan daños a las especies, hábitats, aguas, etc. durante obras públicas de interés general.

La oposición critica la nueva medida
Durante el debate, el diputado de UPyD, Toni Cantó, ha considerado que la ley lo que hace es "traspasar el cuidado del gallinero al zorro", mientras que Olaia Fernández (BNG) ha argumentado que abre el camino de la protección "a la baja".

También el diputado del PSOE, José Luis Ábalos Meco ha criticado esta medida y ha señalado que el meollo de la cuestión está en el hecho de que cuando ocurre una tragedia no paga el responsable, como ocurrió con el Prestige, sino que pagan todos los ciudadanos.

En sentido parecido se ha pronunciado Laia Ortiz (Izquierda Plural), para quien la "miopía" del Gobierno no tiene límites al creer que el medio ambiente lastra la economía

En su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, el PP ha aceptado solo dos enmiendas del PNV y una de CIU, todas ellas de mejora técnica y carácter competencial.

El portavoz de este último grupo, Martí Barberá, ha juzgado que algunas formaciones estaban haciendo campaña electoral y que la norma no reduce la responsabilidad de los operadores, ni busca que el medio ambiente quede perjudicado, sino simplemente agilizar y simplificar trámites para ayudar a las empresas.

Exención en un supuesto de daño en aguas marinas
El PP ha incluido dos enmiendas de su autoría: una dirigida a "aclarar" el régimen de las medidas ambientales de las desaladoras, como ha explicado la diputada y ponente Celia Alberto, y la otra para añadir una disposición sobre actuaciones contempladas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas.

Esta última inclusión ha sido criticada por la oposición, que ha reprochado al Gobierno su práctica de colar por la puerta de atrás asuntos que tiene que ver con la planificación hidrológica.

De acuerdo con la futura norma, que ampliará el daño ambiental a las aguas marinas, quedarán exentos del seguro verde aquellos operadores cuyas actividades sean susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad menor a 300.000 euros.