El eje fundamental sería la creación de un nuevo marco legislativo y regulatorio que aporte estabilidad. El potencial impacto de una reforma estructural del sector supondría también un ahorro de costes de 13.300 millones de euros y la creación de 23.700 empleos.

La reforma del modelo de gestión del agua en España supondría un aumento de las inversiones por valor
de 15.700 millones de euros hasta 2021, lo que se traduciría en un impacto agregado en el PIB de 12.600
millones de euros y en la creación de 23.700 nuevos empleos. Un informe elaborado por PwC para
ACCIONA, titulado "La gestión del agua en España, análisis de la situación actual del sector y retos
futuros" apunta que una reforma del modelo de gestión del agua en España contribuiría a alcanzar dichos
objetivos macroeconómicos. Además, la nueva regulación permitiría eliminar ineficiencias derivadas del
"derroche" de agua, por valor de 2.500 millones de euros; y el ahorro adicional de 13.300 millones de
euros de costes de suministro por la mejora de la eficiencia en la red y la reducción de las pérdidas de
agua. Asimismo, se reducirían las emisiones de CO2 en casi dos millones de toneladas hasta 2021.
El documento señala que la escasez de agua, un déficit de inversiones en relación con la media
comunitaria, deficiencias de marco regulatorio actual y la falta de unidad del mercado se encuentran entre
los problemas del sector que aconsejarían acometer cambios. Apuntan que un nuevo marco regulatorio
estable para el sector del agua "atraería inversión de operadores especializados, dinamizando la
economía y generando empleo". Además, "fomentaría la internacionalización de las empresas españolas
en un sector en el que ya cuentan con sólidas credenciales y se garantizaría el cumplimiento de la
legislación comunitaria en materia de agua (especialmente relevante la asociada con el saneamiento y
depuración que requiere de fuertes inversiones), evitado así posibles sanciones".
En España las inversiones en materia de agua suponen un 0,11% sobre el producto Interior Bruto (PIB),
lo que la sitúa en el puesto duodécimo de la Unión Europea y por debajo de la media, que es del 0,27%.
Además, el elevado número de administraciones públicas con competencias en la materia y la ausencia
de un marco regulatorio lo suficientemente estable y predecible contribuyen a la ineficiencia del modelo y
hacen conveniente según este informe, "la creación de un nuevo marco legislativo y regulatorio que
aporte estabilidad y predictibilidad al sector y contribuya tanto a atraer inversiones como a facilitar que el
consumo de agua sea económicamente eficiente y medioambientalmente sostenible a largo plazo".
Entre las medidas que podrían llevarse a cabo se encuentran la implantación de una metodología
nacional de obligado cumplimiento para el cálculo de las tarifas del agua urbana; la vinculación de
incentivos económicos a la aplicación de la metodología para los municipios; la definición detallada de las
competencias municipales en agua para evitar duplicidades y propiciar la consecución de economías de
escala.
Asimismo, el informe propugna el incremento de las competencias de las comisiones de precios u
organismos similares autonómicos para supervisar la correcta aplicación de la metodología estatal; la
introducción de la separación jurídica, contable y funcional de aquellas sociedades o administraciones
relacionadas con la gestión de infraestructuras de agua; y, la necesidad de que una institución o ente
asuma una serie de competencias con el objetivo de garantizar un marco regulatorio estable y predecible.
Proyectos público-privados
El estudio elaborado por PwC apunta que "la creciente escasez de agua está forzando un cambio en la
concepción que se tenía de este recurso y de los modelos para gestionarlo". En la actualidad, "el nuevo
paradigma concibe el agua como un recurso básico para la vida humana, que ha de ser gestionado como
un bien económico escaso de creciente valor". Se considera el agua como un bien público de primera
necesidad al que deben tener acceso los consumidores "en unas condiciones asequibles, justas y
equitativas"; y como bien económico escaso "se ha de garantizar el reemplazo y mantenimiento de los
activos en el largo plazo". Asimismo, se considera el agua como un elemento clave en el medio ambiente.
El cambio de paradigma está propiciando la adaptación de los marcos regulatorios, que se actualizan
para dar respuesta a los nuevos retos del sector. Igualmente, ha traído consigo la aparición de nuevos
modelos de colaboración pública-privada en la gestión del agua. Las razones que explican el desarrollo
de este tipo de colaboraciones son varias. En primer lugar, que hacen más fácil la financiación de
proyectos, -que en el caso del agua requieren de fuertes inversiones-y reduce el nivel de endeudamiento
de las Administraciones Públicas. En segundo lugar, que dado el perfil técnico y especialista de los
agentes privados dedicados a la gestión del agua, "su participación contribuye a mejorar la eficiencia en la
operación".
Finalmente, estos modelos, bajo la regulación y supervisión adecuada, "son capaces de garantizar que el
recurso sea accesible a los consumidores y que, además, su explotación siga los criterios de
sostenibilidad económica y eficiencia operativa", dice el informe. Generalmente, se potencia esta
colaboración en la gestión integral del ciclo del agua, de manera que un mismo operador especializado
gestione la totalidad de actividades en la cadena de valor del sector; captación, potabilización,
distribución, alcantarillado y saneamiento.