El presidente de la CHG expone los esfuerzos desarrollados para restablecer criterios técnicos en la gestión del agua en Andalucía
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Manuel Romero, ha defendido hoy la vigencia de las confederaciones hidrográficas para garantizar a nivel de Estado una política de aguas “igualitaria, integral e integradora”.

Romero, que ha intervenido esta mañana en el X Simposio de Hidrogeología en el homenaje que la Asociación Española de Hidrogeólogos ha tributado en Granada a las confederaciones hidrográficas españolas, ha asegurado que los organismos de cuenca son instituciones históricas basadas en el concepto fundamental de unidad de cuenca, un concepto, ha dicho, que surge como respuesta a la compleja relación existente entre agua y territorio.

En su intervención, el presidente de la CHG se ha detenido especialmente en detallar los principios básicos que conforman la identidad de las confederaciones hidrográficas (la cuenca hidrográfica como unidad de gestión de las aguas, la autonomía de estos organismos y la participación de los usuarios).

En este sentido, ha explicado que la unidad de cuenca en la gestión del agua ha sido consagrada en nuestro país desde hace más de un siglo por la práctica administrativa y por la legislación “con independencia del color político gobernante en cada época”.

Romero ha defendido también la existencia y permanencia de las confederaciones hidrográficas asegurando que resultaría “paradójico” dejar de aplicar en nuestro país “un modelo de gestión hidráulica, de patente española y de universal aceptación” y que ha sido asumido por la Unión Europea.

En clara referencia a la gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir, el presidente del Organismo de cuenca ha explicado detalladamente el proceso de transferencia de competencias que se produjo en 2009 desde el Estado a la Junta de Andalucía y su posterior reversión al Gobierno central.

Respecto al primer periodo, Romero ha asegurado que se produjo entonces un “intento de politización” de la gestión del agua, al margen de criterios técnicos y ambientales, un momento en el que “la política hidráulica de una misma cuenca fue fragmentada y provincializada en pro de intereses electoralistas”.

Ha añadido que el proceso de traspaso y posterior reversión de competencias ha supuesto un “importante desgaste” para la gestión del agua en el Guadalquivir, lo que ha provocado la saturación de expedientes y la paralización de inversiones e infraestructuras, además de afecciones directas al personal funcionario, al tiempo que supuso el establecimiento de ambigüedades, inseguridad jurídica y complejas situaciones administrativas que “han perjudicado enormemente a la gestión de un recurso tan importante y delicado, como es el agua, en nuestro territorio”.

Romero puso como ejemplo la política de desembalses desarrollada por la CHG, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, durante los meses de marzo y abril de este año, periodo en el que se quintuplicaron los valores medios de precipitaciones en la cuenca.

En este sentido, ha asegurado que, a pesar de que se vivieron situaciones delicadas y de tensión con las fuertes precipitaciones y los embalses completamente llenos, “fuimos capaces de mantener una mirada global, una visión panorámica de toda la cuenca, lo que nos permitió coordinar las infraestructuras y los desembalses para reducir en todo lo posible daños a las poblaciones ribereñas”.

En definitiva, ha puesto de manifiesto, se intervino en base a unas decisiones “estrictamente técnicas”, unas decisiones que en otras ocasiones se vieron relegadas por órganos políticos que reciben presiones provinciales y que “no consiguen ver más allá de sus fronteras administrativas”.

Manuel Romero ha considerado que, una vez superado definitivamente ese periodo tras las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, el Organismo de cuenca está realizando un importante esfuerzo por retomar y mejorar la dinámica de funcionamiento con el fin de volver a instaurar una política de aguas “unitaria y basada en la solidaridad territorial”.