Izquierda Plural quiere que el Gobierno lleve a cabo el trazado de un nuevo deslinde en la costas para que se consideren las zonas de riesgo por los efectos del cambio climático, como puede ser la subida del nivel del mar.

El grupo parlamentario ha defendido este nuevo deslinde aprovechando que el proyecto de reforma de la actual Ley de Costas se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

A través de una enmienda de adición al proyecto, Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA y CHA), propone un plazo de dos años y que el proceso de deslinde se lleve a cabo de forma participativa en el Consejo Asesor de Medio Ambiente del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En su motivación, explica que existe consenso científico acerca del impacto que el cambio climático va a tener sobre los usos de las zonas costeras.

Así indica que efectos como el aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o los cambios en la intensidad y dirección del oleaje y las mareas causan daños también a los bienes y a las personas y alteran la actividad socioeconómica de la zona costera.

España, refiere Izquierda Plural, es uno de los países más afectados de la Unión Europea por el cambio climático, y el aumento de la temperatura registrado en el país durante el siglo XX ha sido de 1,5 grados en relación con la temperatura anterior a la revolución industrial, y muy superior a las medias globales (0,7 ºC) y europeas (0,9 ºC).

Este factor y los más de 8.000 kilómetros de costa españolas, deben convertir el cambio climático en un "tema esencial" en el proyecto de reforma de la Ley de Costas, defiende este grupo parlamentario.

A su juicio, la vulnerabilidad de España al aumento del nivel medio del mar es "indudable" y por ello es esencial la prevención.

Asegura que los impactos en las obras marinas como los cambios en el rebase e inundaciones de estructuras en talud o verticales (que integran muchos de los paseos marítimos) son especialmente apreciables entre Málaga y Algeciras, zona donde la variación de rebases puede alcanzar el 250%.

Llama la atención sobre la disminución de la estabilidad de los diques, que en la cornisa cantábrica puede darse en un 20% y llegar al 50% en las costas gallegas.

Por todo ello, considera que hay que incorporar los impactos del cambio climático a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras y los estudios o planeamientos del litoral, para proteger las zonas húmedas del litoral.

Este grupo defiende también, y entre otras enmiendas, la supresión del articulado que amplia por 75 años las concesiones a los miles de chiringuitos, edificios y viviendas construidas en las playas, porque, señala, "en la practica es privatizar la costa".