El Gobierno gallego aprobará antes del verano de 2013 el Plan de Sequía, cuyo objetivo es minimizar los efectos negativos ambientales, económicos y sociales que puedan surgir durante episodios de sequía prolongada.

El documento nace al amparo del Plan Hidrológico Galicia-Costa, que entró en vigor a principios de octubre pasado tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, y establece mecanismos para el seguimiento y evaluación de períodos de escasas o nulas precipitaciones que permitan adoptar decisiones y adoptar medidas.

El Plan de Sequía aparece publicado hoy en el Diario Oficial de Galicia y durante 45 días se someterá a información pública.

El titular de Medio Ambiente en funciones de la Xunta, Agustín Hernández, afirmó en rueda de prensa que la tramitación del Plan de Sequía "debe alejarse de la presión de los momentos de emergencias" y añadió que se trata de documentos "que no deben quedar marcados por la ausencia de una determinada circunstancia".

Hernández destacó que se trata de un plan "para detectar situaciones extraordinarias" y que permitirá responder de forma "más ágil" ante situaciones de sequía, "acentuadas en los últimos años por efecto del cambio climático", precisó.

Recordó que los cuatro años más secos de los últimos cincuenta se han dado en el actual siglo XXI y, en este sentido, aludió a que en la primavera del año pasado fue necesario activar el Plan de Protección Civil ante situaciones de sequía, que será sustituido por el documento presentado hoy.

Entre otros datos, el conselleiro dijo que el 27 % de la población de Galicia "se autoabastece", por lo que es una "población especialmente vulnerable ante situaciones de sequía".

Además, explicó que los sectores que tienen una mayor dependencia de los recursos hidráulicos son el industrial y el agroalimentario, los cuales representan cerca del 50 % de la demanda total de agua dulce de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa.

El director de Aguas de Galicia, Francisco Menéndez, que acompañó al conselleiro en la rueda de prensa, explicó que en Galicia no existen grandes acuíferos que actúen como reservas naturales de agua.

Por ello, continuó, el caudal en los ríos y el flujo de aguas superficiales son muy sensibles a las variaciones de lluvia e incluso los niveles de los pozos disminuyen considerablemente en episodios de sequía.

El Plan de Sequía establece cuatro niveles (normalidad, prealerta, alerta y emergencia) en función de la gravedad de la situación, que se definen a través de 12 indicadores, tanto meteorológicos como de estado de ríos, aguas subterráneas o embalses, todos ellos evaluados de forma permanente por Augas de Galicia.

Respecto al nivel de normalidad, el director de Aguas de Galicia señaló que implica que los indicadores de sequía están en el entorno de los valores medios registrados en las series históricas; mientras el estado de prealerta se activa cuando los indicadores descienden de forma significativa por debajo de los valores medios históricos, lo que implicaría extremar el control.

En cuanto al estado de alerta se activaría cuando fuese necesario poner en marcha medidas de conservación de los recursos hídricos y de gestión de la demanda que permitan su mantenimiento con aplicación de las medidas de ahorro pertinentes y, por último, el estado de emergencia se activaría cuando fuese necesario aplicar medidas de excepción.

En la situación de emergencia el documento establece la aplicación de unas tarifas de abastecimiento que penalicen consumos excesivos.

Al respecto, el responsable de Aguas de Galicia precisó que una vez aprobado el Plan de Sequía se promovería la conveniencia de establecer una ordenanza municipal que penalice el consumo irresponsable.

En este sentido, el conselleiro dijo que el Plan de Sequía no modifica el marco competencial respecto al saneamiento y abastecimiento de agua, y agregó que "el precio del recurso es una competencia exclusivamente municipal".

Igualmente indicó que el documento tampoco modifica la prioridad de usos de recogida en la Ley de Aguas y en el propio Plan Hidrológico Galicia-Costa, que da prioridad al consumo de la población antes que al industrial.

Hernández explicó que en lo que atañe a la red municipal, la introducción de una "discriminación" en el precio respecto al considerado "consumo mínimo imprescindible" podría producir un descenso en el consumo de agua y el consiguiente ahorro.