La organización WWF ha denunciado hoy la puesta en riego "ilegalmente" de una nueva finca en el entorno del Parque de Doñana y ha urgido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que procesa a su cierre.

A través de un comunicado, WWF ha indicado que sus técnicos han constatado esta práctica en los alrededores de Matalagrana (Almonte, Huelva), en una zona donde "desde hace años el acuífero marca descensos importantes, según los datos que la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha presentado recientemente".

La zona conocida como Matalagrana (finca pública y otras privadas aledañas) es un paraje situado en las inmediaciones de El Rocío, junto al arroyo de La Rocina y La Cañada, se encuentra en la llamada Zona I del Plan Hidrológico de Cuenca y del POTAD y es una zona de descarga del acuífero sobre las marismas, "de vital importancia ambiental", por lo que "está prohibido abrir y legalizar nuevas extracciones de agua para regadío", ha indicado WWF.

La organización ha indicado que lleva siguiendo desde el pasado verano la transformación de esta finca, de aproximadamente 16 hectáreas, constatando en sus últimas inspecciones la puesta en riego de la totalidad de la explotación.

WWF ha apuntado que según el Plan de Ordenación Territorial del Ambito de Doñana (POTAD) está finca está considerada como un terreno para cultivos extensivos de secano y, como han confirmado responsables de Comisaría del Guadalquivir, la finca tiene autorización para regar apenas 3 hectáreas y no 16, como se está haciendo.

Por ello, desde la organización se ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que actúe "de manera urgente para el cierre de las hectáreas de terreno regadas sin permiso y vigile que no superen el caudal asignado".

Felipe Fuentelsaz, responsable de WWF en Doñana ha lamentado que la Administración "no sea capaz de poner freno al crecimiento agrícola descontrolado".

"El problema continúa y tenemos que actuar ya, pues el robo del agua es un claro ejemplo de competencia desleal, porque daña económicamente al resto de agricultores legales y desprestigia la imagen de la agricultura de la zona, poniendo en riesgo sus ventas en los mercados europeos", ha concluido.