The CHG rejects UPA threats on record expiration Marmolejo Dam
Fri, 16/11/2012
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha rechazado de plano las amenazas vertidas por el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA Andalucía) sobre el expediente de caducidad de la presa de Marmolejo y le recuerda que el mismo está afectado por la sentencia del Tribunal Constitucional por el que se declaran nulas las competencias exclusivas de la Junta de Andalucía sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir. En este sentido, La CHG ha querido salir al paso de las acusaciones vertidas desde UPA, que ha asegurado que el Organismo de cuenca tendría dicho expediente de caducidad guardado “en un cajón”.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recuerda que este es otro de los expedientes incompletos que ha recibido desde la Junta de Andalucía, pero que aun así el Organismo de cuenca lleva meses trabajando sobre la posible influencia de la presa de Marmolejo en relación con las inundaciones en la Vega de Andújar.
La CHG quiere recordar a UPA que el problema de las inundaciones en la Vega del Guadalquivir es un problema histórico en una zona con elevados índices de inundabilidad y muy próxima a la confluencia de dos ríos muy caudalosos cuando se producen fuertes precipitaciones, como son el Jándula y el Guadalquivir. Por este motivo, la CHG ha encargado al CEDEX, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que analice el funcionamiento hidráulico natural de la confluencia de los ríos Jándula y Guadalquivir por si este punto estuviese incrementando el riesgo de inundaciones en la zona.
No obstante y a la espera de que se conozcan los resultados definitivos de los estudios sobre la zona que ya están en marcha, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva meses trabajando para determinar una solución técnica que, a medio largo plazo, palíe el problema de las inundaciones en la Vega de Andújar.
Cabe recordar que la concesionaria del aprovechamiento hidroeléctrico del denominado Salto de Marmolejo (Endesa) alegó contra el expediente de caducidad de concesión que inició la Junta de Andalucía en octubre de 2010, cuando tenía las competencias de gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir. La concesionaria solicitó incluso informes técnicos al CEDEX al discrepar profundamente, desde un punto de vista técnico, de las conclusiones recogidas en el informe emitido en noviembre de 2010 por la extinta Agencia Andaluza del Agua (Junta de Andalucía).
La CHG, además, como no podía ser de otra manera, esperará las conclusiones de todos los estudios que se encuentran en marcha sobre la inundabilidad de la Vega de Andújar y que demuestran que en ningún momento la Administración estatal ha obviado esta cuestión ni ha encerrado en un cajón ni un solo expediente, sino que, por el contrario, trata de desentrañar los expedientes incompletos que devolvió la Junta de Andalucía tras la reversión de las competencias.
Por otro lado, cabe destacar que la Vega de Andújar se encuentra incluida dentro de la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI) que desarrolla la CHG, de acuerdo con la Directiva Europea de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación. El objetivo marcado por la CHG es trasladar a los responsables autonómicos y locales, competentes en materia de ordenación del territorio, la información que dimane de dicho estudio a fin de mejorar la planificación urbanística y territorial de la zona.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir recuerda que este es otro de los expedientes incompletos que ha recibido desde la Junta de Andalucía, pero que aun así el Organismo de cuenca lleva meses trabajando sobre la posible influencia de la presa de Marmolejo en relación con las inundaciones en la Vega de Andújar.
La CHG quiere recordar a UPA que el problema de las inundaciones en la Vega del Guadalquivir es un problema histórico en una zona con elevados índices de inundabilidad y muy próxima a la confluencia de dos ríos muy caudalosos cuando se producen fuertes precipitaciones, como son el Jándula y el Guadalquivir. Por este motivo, la CHG ha encargado al CEDEX, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que analice el funcionamiento hidráulico natural de la confluencia de los ríos Jándula y Guadalquivir por si este punto estuviese incrementando el riesgo de inundaciones en la zona.
No obstante y a la espera de que se conozcan los resultados definitivos de los estudios sobre la zona que ya están en marcha, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lleva meses trabajando para determinar una solución técnica que, a medio largo plazo, palíe el problema de las inundaciones en la Vega de Andújar.
Cabe recordar que la concesionaria del aprovechamiento hidroeléctrico del denominado Salto de Marmolejo (Endesa) alegó contra el expediente de caducidad de concesión que inició la Junta de Andalucía en octubre de 2010, cuando tenía las competencias de gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir. La concesionaria solicitó incluso informes técnicos al CEDEX al discrepar profundamente, desde un punto de vista técnico, de las conclusiones recogidas en el informe emitido en noviembre de 2010 por la extinta Agencia Andaluza del Agua (Junta de Andalucía).
La CHG, además, como no podía ser de otra manera, esperará las conclusiones de todos los estudios que se encuentran en marcha sobre la inundabilidad de la Vega de Andújar y que demuestran que en ningún momento la Administración estatal ha obviado esta cuestión ni ha encerrado en un cajón ni un solo expediente, sino que, por el contrario, trata de desentrañar los expedientes incompletos que devolvió la Junta de Andalucía tras la reversión de las competencias.
Por otro lado, cabe destacar que la Vega de Andújar se encuentra incluida dentro de la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación (EPRI) que desarrolla la CHG, de acuerdo con la Directiva Europea de Evaluación y Gestión del Riesgo de Inundación. El objetivo marcado por la CHG es trasladar a los responsables autonómicos y locales, competentes en materia de ordenación del territorio, la información que dimane de dicho estudio a fin de mejorar la planificación urbanística y territorial de la zona.